El legislador chiapaneco acompañó al presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, en la conferencia de prensa donde expresó su solidaridad a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos
Redacción
[dropcap]T[/dropcap]ras los hechos narrados esta tarde por la Procuraduría General de la República (PGR), el presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa Huerta, expresó su solidaridad a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, al pueblo de Guerrero y a la sociedad mexicana.
«Expresamos nuestro horror ante los relatos y descripción que hace el Procurador General de la República, sobre la forma como posiblemente fueron ejecutados los 43 normalistas», señaló.
Acompañado por los senadores Zoé Robledo y Armando Ríos Píter, Barbosa Huerta hizo un llamado a apoyar las investigaciones para no generar dudas, suspicacias ni puntos de inflexión que debiliten la actitud del Estado mexicano; «hay que respaldar a las instituciones que se están haciendo cargo de las indagatorias».
Indicó que de las averiguaciones que se realicen deben esclarecerse todos los hechos vinculados a este asunto «tan horroroso», así como fincar responsabilidades y sancionar a los culpables.
Al respecto, el Senador de Chiapas, Zoé Robledo, señaló que los acontecimientos de violencia y la indignación generalizada que vive nuestro país revelan que es preciso facultar a los ciudadanos para deponer al gobierno que no cumpla su deber.
Recordó que hace un par de semanas propuso facultar a los ciudadanos para que puedan votar en los procedimientos de revocación de mandato y para que esta herramienta se convierta en un instrumento de democracia política.
«Ningún pueblo debe ser obligado a mantener en el poder a gobernantes que no desea. Con la revocación de mandato, los gobernantes tendrán siempre presente que su elección no es una autorización por el tiempo que dure en el cargo, sino un compromiso con el pueblo que puede serle reclamado ante cualquier falta.»
El legislador chiapaneco consideró que esta propuesta cobra mayor relevancia en un momento en el que nuestro país atraviesa una de sus crisis más profundas en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, en la seguridad y la eficacia de procuración de justicia y en la debilidad institucional.
«Los hechos de Iguala desnudan esta crisis que lleva instalándose en el país los últimos 18 años; las circunstancias por las que atraviesa el país exigen la apertura de nuestro sistema político para que el pueblo tome decisiones trascendentales más allá de los días electorales; estamos convencidos de que la revocación de mandato puede ofrecer también una salida democrática y legal a situaciones de crisis políticas», concluyó.
