Washington reconoce avances recientes de México, pero plantea una revisión estricta del tratado comercial, con exigencias en materia laboral, energética, ambiental y de seguridad económica rumbo a 2026
AquíNoticias Staff
La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya no es un asunto técnico ni de rutina. Se ha convertido en un proceso político de alto voltaje. Así lo dejó claro Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), al detallar una extensa lista de condiciones que México y Canadá deberán cumplir para que el acuerdo sea renovado por otros 16 años a partir de julio de 2026.
Durante su comparecencia ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el 16 de diciembre, y ante el Comité de Finanzas del Senado, el 17 de diciembre, Greer subrayó que la revisión conjunta del tratado —programada para iniciar formalmente el 1 de julio de 2026— dependerá de “la ambición de nuestros socios del T-MEC” y de que los resultados cumplan con “las expectativas del presidente (Donald) Trump”.
Pese al tono exigente, el funcionario estadounidense reconoció a México como un ejemplo de cooperación reciente. “Tanto México como Canadá han expresado su interés en tomar medidas en materia de seguridad económica”, señaló, al destacar la aprobación en el Senado mexicano de una propuesta para aumentar aranceles a más de 1,400 productos provenientes de países sin tratado comercial, como mecanismo de protección frente al exceso de capacidad no comercial.
Para Estados Unidos, ese tipo de decisiones muestran un giro relevante: pasar del intercambio de reclamos a “conversaciones estructurales” que, en palabras de Greer, deben convertirse en un elemento esencial del proceso de revisión.
Sin embargo, la lista de pendientes para México es amplia y políticamente sensible. Incluye desde políticas energéticas consideradas discriminatorias, deficiencias en la aplicación de la legislación laboral y ambiental, hasta preocupaciones sobre reglas de origen, espectro radioeléctrico, comercio agrícola estacional y trato a proveedores estadounidenses de servicios digitales y de pago electrónico.
En paralelo, Washington exige avances concretos a Canadá en acceso a mercados —particularmente en el sector lácteo—, regulación digital, compras públicas y barreras provinciales a productos estadounidenses, lo que confirma que la presión no es unilateral, sino regional.
Más allá de los reclamos individuales, Greer planteó una agenda trilateral de fondo: fortalecer normas de origen, alinear políticas de seguridad económica, crear un mercado regional de minerales críticos y endurecer la prohibición de importaciones vinculadas al trabajo forzoso. En estos temas, advirtió, la cooperación bilateral ya no es suficiente.
El trasfondo político es claro. En febrero, el presidente Trump impuso aranceles a México y Canadá como respuesta al tráfico de fentanilo y a preocupaciones de seguridad fronteriza. Meses después, tras una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, se abrió un ejercicio bilateral para atender “docenas de deficiencias específicas”, cuyos resultados —según Greer— comenzarán a anunciarse pronto.
“Ese trabajo continúa y abarca no solo el comercio, sino también la seguridad fronteriza y nacional. México ha sido un socio activo en estas discusiones”, afirmó el representante comercial, al enumerar una larga serie de medidas ya adoptadas por el gobierno mexicano en materia de propiedad intelectual, aduanas, pesca ilegal, trabajo forzoso, control de exportaciones y regulación comercial.
El mensaje es doble. Estados Unidos reconoce avances reales, pero deja claro que la renovación del T-MEC no será automática ni incondicional. La revisión de 2026 se perfila como un examen político, económico y estratégico, donde el margen de maniobra de México estará marcado tanto por sus reformas internas como por el clima electoral y geopolítico en Washington.
Vía El Economista
