Las agrupaciones civiles han documentado agresiones en contra de personal y unidades de salud en tres municipios
Sandra de los Santos / Aquínoticias
Diferentes organizaciones civiles, que trabajan en la zona rural, campesina e indígena de Chiapas, emitieron un pronunciamiento en el que señalan que la estrategia a nivel federal de parte del gobierno para evitar y atender la pandemia de COVID-19 en las regiones indígenas es inoperable.
La mayor parte del territorio chiapaneco es rural y existe una compleja dinámica de movilidad laboral intermunicipal, además de la presencia de personas en situación de migración y desplazamiento forzado; donde hace falta buena cobertura de red de internet, acceso a medios de comunicación y telefonía celular; todos estos aspectos hacen inoperable dicha estrategia señalaron las agrupaciones, entre las que se encuentra Cántaro Azul, Fondo para el Desarrollo Sustentable, Fondo para la Paz, Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas, entre otras.
El resultado inmediato a causa del miedo por la falta de información asertiva, ha ocasionado una serie de actos violentos en contra de personal que trabaja por la salud desde distintos frentes, así como a inmuebles de gobierno e instalaciones médicas según han registrado estas agrupaciones que conocen la zona rural de Chiapas y su contexto.
Han documentado quema de oficinas gubernamentales y las agresiones físicas al personal de salud en Venustiano Carranza; Guadalupe Tepeyac, municipio de Las Margaritas; así como los incendios provocados a hospitales en Villa Las Rosas, en donde la población continúa sin servicio médico.
En el pronunciamiento señalaron que la desconfianza a las instituciones de gobierno ha escalado a otros actores, que están buscando apoyar en la contingencia, como las propias agrupaciones civiles muestra de ello es la retención de dos colaboradores de la organización Cántaro Azul en el municipio de Tenejapa, quienes tuvieron como única opción el pagar 2 mil pesos para su liberación. Asimismo, por presiones de habitantes de otra localidad, se desmantelaron las estaciones de lavado de manos implementadas en la cabecera del mismo municipio.
Las agrupaciones mostraron su preocupación por las «fake news» (noticias falsas), que circulan por medio de cadenas whatsapp o Facebook, en donde se advierte «no dejarse engañar pues el gobierno tiene que reportar 50 mil muertes al mes y exigen al gobierno de Chiapas cumplir con este requisito, por lo cual solicitan no dejar pasar a los equipos de salud pues el coronavirus se encuentra en las vacunas, el alcohol en gel y las fumigaciones sanitarias». Los mensajes distribuidos hacen énfasis en que no deben acudir a los hospitales porque «están matando a los pacientes»; en otro audio acusan a los gobiernos municipales de tener «un convenio para entregar 60 personas muertas por día», expandiendo el virus a través de la fumigación; por lo que llaman a no permitir la entrada de las brigadas del personal de salud o de los Ayuntamientos.
El registro de acontecimientos similares en estados de la república mexicana como Michoacán, Puebla, Nayarit, y Sonora, demuestra que la estrategia de difusión de información por parte del gobierno federal no ha funcionado en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, así como en zonas periurbanas. La campaña del gobierno federal está dirigida a población urbano-céntrico y clase media y tratarla de llevar a otras zonas no es funcional.
Ante esta situación, las organizaciones civiles que trabajan en temas como derecho al agua, la salud, justicia, género, entre otros, demandaron a las autoridades de gobierno que hagan un mayor esfuerzo por combatir la desinformación, generando información oficial relevante, accesible y culturalmente apropiada y sensible sobre la COVID-19, que considere los contextos particulares, los medios de comunicación locales y los idiomas indígenas que existen en Chiapas y México.
También exigieron a las autoridades de gobierno para que de manera urgente ofrezcan traductoras(es) en los idiomas indígenas en todos los hospitales de las cabeceras de regiones indígenas, para que éstos contextualicen a los pacientes y sus familiares, para informar sobre las medidas necesarias de intervención para pacientes graves; así como los protocolos necesarios en caso de fallecimiento a causa de COVID – 19, en donde se explique por qué no se pueden llevar a cabo los ritos funerarios de acuerdo a las costumbres de cada familia.
Consideraron que es urgente que se reconozca la importancia vital que tienen las formas de articulación y comunicación comunitarias desde sus médicas y médicos tradicionales, parteras y las autoridades morales de los pueblos, pues consideraron, que en este momento histórico su colaboración ante la desinformación, puede salvar a poblaciones enteras.
Las agrupaciones civiles exigieron al gobierno no politizar la contingencia, ni aprovechar la situación de desinformación, miedo e incertidumbre para sacar provecho políticoelectoral de ningún tipo.
Chiapas es uno de los estados de la república con mayor número de población indígena y en zonas rurales. La pandemia ya llegó a esta zona y la recuperación de la población es más difícil considerando el rezago histórico que existe en materia de salud.
