Resulta perturbador seguir viendo como las cifras de violencia contra las mujeres incrementan. De acuerdo con Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido, al menos una vez, violencia física o sexual. Cada día mueren más de 137 mujeres en manos de algún familiar y, como sostiene ONU Mujeres, de las 87 mil mujeres que fueron asesinadas en el mundo durante 2017, alrededor de 50 mil murieron en manos de sus familiares, parejas y exparejas. Cifras mundiales también colocan al 38% de los feminicidios, como consecuencia de violencia doméstica y conyugal.
La violencia a la que niñas y mujeres estamos expuestas tiene diversidad de modalidades y manifestaciones (psicológica, física, sexual, laboral, patrimonial, económica, entre otras), siendo el feminicidio la expresión más brutal de ésta. México es punta de lanza en la tipificación de este crimen. Desde el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del Campo Algodonero, esto no está a discusión, lo que si debe cuestionarse es qué tanto hacemos por atender y revertir esta pandemia de violencia contra las mujeres.
Este país ha firmado Acuerdos y Tratados Internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, que establecen compromisos (al mismo nivel que compromete la Constitución) en todos los tres poderes, los tres niveles y a través de todos los ámbitos de gobierno para incidir en que la situación de las mujeres cambie.
Aun así, el Estado mexicano tiene mucho margen de oportunidad para actuar y consolidar una estrategia integral que pueda reflejar resultados concretos y a la brevedad. Esto pasa por construir tácticas que transversalicen la perspectiva de género más allá del Ejecutivo, y permitan una mejor comprensión del problema social, que coadyuve a la construcción de soluciones prácticas, desde los hogares hasta las instituciones.
Asimismo, la impartición de justicia debe especializarse en asuntos de género y atender con prontitud y tomando a consideración la diferencia de contextos y brechas de desigualdad que enmarcan la situación particular de las mujeres. Por su parte, los organismos autónomos, como la CNDH, el INE, el INAI y hasta el INEGI pueden y deben involucrarse activamente aportando la información crucial y datos sólidos que poseen, para articular y evaluar el compromiso global de reducir la violencia contra las mujeres. Incluso, desde la ASF nos planteamos como contribuir a ello, con la información obtenida del proceso de fiscalización.
Para desnormalizar la violencia contra las mujeres, hay que denunciar, prevenir, establecer medidas culturales, sociales, de política pública y sanciones contundentes. México ocupa el lugar 76 de 189 en el Índice de Desigualdad de Género, de acuerdo con el PNUD, eso dicen los números, pero la realidad es aún más cruda. Necesitamos sumar esfuerzos y formar esta estrategia integral, de manera urgente, que no fracase en la operación, implementación, ni en la articulación entre entidades de gobierno, para entregar resultados que modifiquen visiblemente esta lacerante realidad.
