El financiamiento público a institutos políticos buscaba un «piso parejo» para la contienda electoral; administrar «vacas gordas» llevó a los dirigentes de los distintos colores a abandonar la convicción de lucha por la lógica de confort: burocracia partidista, corrupción, opacidad y prácticas andidemocráticas
Julieth Rodríguez / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l financiamiento para los partidos políticos huele a «podredumbre» y ha corrompido a quienes debieran representar la alternancia y el pluralismo de opiniones que emanan de la ciudadanía, opinan especialistas. Lo que debiera haber incentivado una competencia en las mismas condiciones por el voto del pueblo, se ha vuelto una «mina de oro» que se incrementa y de la que se sirven con «cuchara grande». Por ello, en la entidad diversos sectores de la población se han pronunciado a favor del recorte de estos fondos; entre ellos, el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas.
Estos amplios sectores de la población ya se han pronunciado al respecto y esas voces comienzan a tener eco en el ámbito político; de ser escuchadas, los partidos políticos volverían a ser lo que originalmente eran, puente de unión que representara los diferentes intereses de la sociedad ante el Gobierno.
Pedro Kumamoto, diputado federal independiente, se ha sumado a Jaime Heliodoro «El Bronco» Rodríguez Calderón y legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) como principales promoventes de estas expresiones que piden reducir el financiamiento público de los partidos, que han visto en las elecciones su fuente de recursos para perpetuar prácticas antidemocráticas y deshonestas.
El legislador propuso una iniciativa para la modificación de los artículos 41 de la Constitución y 51 de la Ley General de Partidos a fin de reestructurar el otorgamiento de recursos públicos; con ello se modificaría la fórmula mediante la que se calculan los montos para cada instituto político, repartición que ya no sería en razón al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral —ya sea nacional o estatal—, sino en el número de personas que ejercieron su voto a favor de los mismos.
El pasado jueves 12 de enero, el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad la iniciativa así que fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su estudio. Es ahí justamente donde se han gestado las múltiples reformas que se han traducido en un obsceno financiamiento para los partidos, cuando lo que originalmente se buscaba era regular sus recursos a fin que tuvieran «piso parejo» en temporada electoral.
De acuerdo con Animal Político, en 2015 el financiamiento público de los partidos fue de 5 mil 199 millones, 695 mil 918 pesos; para 2016, fue de 3 mil 953 millones, 658 mil 321. Este año, el presupuesto de los partidos asciende a 4 mil 059 millones 213 mil 905 pesos. De pasar la iniciativa de Kumamoto, se reduciría el financiamiento hasta 59 por ciento.
En opinión del director general de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, en lugar de que el subsidio público diera certeza y estabilidad a los partidos, despertó su ambición y la de aquellos que vieron en las campañas una fuente de negocio. «Los subsidios generosos resultaron insuficientes para colmar el apetito de estos grupos».
En la administración de tantos miles de millones, «después de décadas de haber sobrevivido con poco dinero pero con mucha convicción, sacrifico y trabajo voluntario. Ahí empezaba el ciclo destructor de la mística de la lucha opositora». El experto cita al economista Jorge Alcocer con una frase de 2015 que sigue siendo bastante acertada: «El dinero en exceso pudrió a los partidos».
Lo que sube, ¿sube más?
La reforma de 2014 en materia electoral fue «pensada» para abaratar el costo de la democracia pero en los hechos aumentó el monto; mantuvo la fórmula de financiamiento para partidos nacionales pero aumentó el dinero de los partidos en el ámbito estatal, al homologar el porcentaje del salario mínimo.
Mientras que el INE anunció que para financiamiento público total, por ley corresponde a los nueve partidos políticos nacionales 4 mil 138 millones 727 mil 87 pesos; en el caso de Chiapas, por el IEPC se les otorgaría una cifra de 175 millones 361 mil 072 pesos, si se aplica la fórmula al contexto actual (65 por ciento del salario mínimo, 52.026 pesos, por el número de personas contabilizadas en el padrón de Chiapas, 3 millones 370 mil 643 individuos). Así, se invertirían 4 mil 314 millones 088 mil 159 pesos del erario para partidos que cuenten tanto con registro federal y estatal, en época sin elecciones.
En el ejercicio 2016, de acuerdo con la página del IEPC, se gastó un total de 156 millones 473 mil 299 pesos en prerrogativas para los partidos. El monto se repartió de la siguiente manera: PAN, 13 millones 645 mil 792; PRI, 30 millones 848 mil 232 pesos; PRD, 13 millones 709 mil 868; PVEM, 47 millones 285 mil 158 pesos; Chiapas Unido, 16 millones 695 mil 582 pesos; Morena, 17 millones 491 mil 765 pesos; y Mover a Chiapas, 16 millones 796 mil 899. A las partidas del PAN, PRI, PRD, PVEM Y Morena, se le suman los 3 mil 953 millones 658 mil 321 pesos que les concedió el INE. Es decir, en 2016 se entregaron 4 mil 110 millones 131 mil 620 pesos a los institutos políticos.
Cuando hay comicios, los montos en la entidad incrementan. Si hay elecciones presidenciales o de gobernador y además se renueva el Congreso, se suma el 50 por ciento del total estatal para gastos de campaña. Si sólo hay elecciones legislativas, el 30 por ciento. Por ejemplo, si este año tocaran elecciones para elegir presidente de la República o gobernador más miembros de la legislatura local, a los 175 millones 361 mil 072 pesos se les sumaría la mitad, 87 millones 680 mil 536 pesos; y si se tratara de elegir miembros del Poder Legislativo en el estado, se le adicionarían más de 52 millones aproximadamente.
Financiamiento privado
Además de estos montos que reciben de las instituciones públicas, los partidos políticos reciben financiamiento privado de cantidades imprecisas y es éste justamente, su fuente predominante de recursos. De acuerdo con un estudio de Integralia y el Centro de Estudios «Espinosa Yglesias», la mayor parte de los fondos privados que fluyen a las campañas no se reportan y pueden significar de entre el 70 al 80 por ciento de los gastos totales; consisten, a veces, en otorgamientos en especie.
A partir de una reforma, los institutos políticos gozan de tiempo gratuito para emitir sus spots en medios electrónicos como radio y televisión; sin embargo, aunque son gratis para los partidos, alguien debe pagar por ello porque generan valor comercial, es decir, se traducen en aportaciones en especie para ellos.
Según una estimación realizada por Integralia y cuya información fue replicada en Nexos, si los institutos con registro federal pagaran el tiempo para spots que ahora reciben de forma gratuita, tendrían que desembolsar alrededor de 15 mil 814 millones de pesos, sólo si se toma en cuenta la transmisión en las 116 emisoras concesionadas con las que el DF y Estado de México contaban hasta 2015.
«Estamos en el peor de dos mundos: mucho dinero público y cada vez más dinero privado de fuentes desconocidas que cobra su tajada a los candidatos una vez que ocupan la silla del poder. Se sembró así el germen del poder corruptor del dinero en la vida de los partidos. Empezaría así su descomposición», expresó al respecto Luis Carlos Ugalde en su artículo para Nexos.
¿Por qué fracasó el sistema?
El experto consideró como causa del fracaso del sistema de financiamiento público no sólo (y en primer lugar) la desmedida ambición de los institutos políticos, cuya avidez por el dinero no merma. El aumento de las prerrogativas que en 1996 (a raíz de una reforma) fue súbito y enorme, ha hecho que la bolsa crezca de forma continua debido a los cambios sucesivos a la ley; a su vez, eso ha generado las condiciones propicias para que gobernadores desvíen dinero para financiar campañas a fin de garantizar la continuidad de su partido, así como su propia seguridad económica en un futuro.
La segunda causa del fracaso de esta forma de financiamiento se debe a que el modelo les permite recibir montos por mucho superiores a lo que pueden gastar. «La fórmula para calcular la bolsa a distribuir, los topes de campaña, los topes de financiamiento privado y los costos reales de una campaña carecen de una relación armónica», explicó Ugalde.
Puso de ejemplo el caso de la Coalición Compromiso por México (PRI y PVEM) en 2012. Entonces, esa alianza recibió mil 388 millones de pesos de financiamiento ordinario y 694 millones para gastos de campaña. Ese mismo año, sus gastos de campaña no podían exceder de mil 154 millones de pesos para las 629 campañas federales. Hubo un remanente de 878 millones de pesos.
Por último, el experto también propone cinco medidas para reducir los costos millonarios que los partidos representan para el erario: 1) reducir los montos de financiamiento público ordinario de los partidos; 2) alinear los componentes del sistema: fórmulas de financiamiento público y privado y topes de gasto; 3) reducir estructuralmente los costos de las campañas electorales; 4) volver inciertos los beneficios de las donaciones privadas ilegales; 5) reorientar el modelo de fiscalización de campañas.
Eso sanearía la salud del sistema financiero público de la «democracia electoral», aclara; además los institutos políticos se verían obligados a eficientar sus gastos y se verían comprometidos a incentivar la participación ciudadana, dejar de lado el clientelismo, porque se les obligará a aumentar el número de votos en su favor mediante la mejora de su quehacer, sus prácticas y sus propuestas, tal como dicta la iniciativa de Kumamoto.
Reducir las prerrogativas a partidos en un estado con una economía tan comprometida como el de Chiapas y en el que urgen auténticas medidas de austeridad más que llana demagogia, significaría un ahorro sustantivo que bien podría invertirse en ámbitos que así lo requieren, como el sistema de Salud. De ahí que las voces que piden este recorte sean ya tan audibles que no basta que las autoridades se hagan de oídos sordos; en Chiapas piden recorte a las prerrogativas y para que así, parafraseando a la actriz y ahora diputada federal del PRI, Carmelita Salinas: El que quiera partido, que lo mantenga.
