En la integración del respectivo comité se otorga exclusiva participación a cuatro organismos empresariales (Coparmex, CCE, Canaco-Servitur y Canacintra) que en su conjunto no representan ni el 2% de las unidades económicas del estado; el Club de Industriales de Chiapas exige al Congreso modificar a la brevedad la legislación, a fin de democratizar la economía y evitar caer en acciones de inconstitucionalidad
Daniel Torre / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a recién reformada Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas es parcial y sólo permite la participación en el comité de los integrantes de cuatro organismo empresariales, denuncia el Club de Industriales de Chiapas.
Hartos de los altos índices de pobreza y en busca de la democratización empresarial, los industriales hicieron llegar tanto al diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, como al diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva, una iniciativa con la cual buscan resarcir las irregularidades de dicha ley, «porque una ley pública no puede estar confeccionada para beneficiar a particulares.»
El proyecto fue presentado el 8 de mayo y pretende garantizar equidad y estabilidad al sector empresarial del estado. El asunto es de vital importancia, sostienen, porque esta ley se encarga de validar los procedimientos de adjudicación de los contratos que deriven de las licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, es decir, por medio de ésta se decide quiénes brindarán los bienes y servicios al estado o a los municipios. Y así como está, deja fuera de los beneficios y de las licitaciones públicas a los empresarios que no estén afiliados a los organismos integrantes del comité.
Cabe recordar, que durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, de acuerdo con el investigador del Club de Industriales de Chiapas, Enrique Alberto Vázquez Constantino, se hicieron modificaciones a la legislación y desde entonces se integraron a organismos empresariales al comité.
Explicó que los dos organismos que se prestaron fueron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Delegación Tuxtla, y el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de Chiapas, mismos que fueron integrados al Comité de Adquisiciones sin que hubiera un proceso abierto.
La sorpresa
Enrique Vázquez señala que a mediados del año pasado se enteraron que había una disputa por parte de la Coparmex y el CCE al abstenerse a firmar un pacto y que reformarían la ley porque existía una queja constante debido a las malas prácticas en las políticas del estado.
Posteriormente, cuando el tema volvió a surgir, se encontraron con el diputado Eduardo Ramírez Aguilar a quien le expusieron la situación y les pidió que enviaran sus propuestas porque precisamente se estaba revisando la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios: «Sin saber que estaban orquestando una nueva ley, enviamos en diciembre unas sugerencias para modificar la legislación vigente en ese entonces».
Sin embargo, dijo, se llevaron una sorpresa, ya que para el 21 de diciembre de 2016 se promulgó una ley que ni siquiera era similar a la anterior: «la habían derogado y creado otra».
La principal problemática, revela el investigador de asuntos económicos y empresariales, no es que la nueva ley «esté plagada de errores» sino que sólo permite la participación en el comité de cuatro organismos empresariales.
Las fallas
El Artículo 6º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial el día 21 de diciembre de 2016, señala que los sujetos obligados constituirán un órgano colegiado que se denominará Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, el cual estará integrado por un representante de cuatro organismos: Consejo Coordinador Empresarial del Estado; Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación Tuxtla; Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos del Estado; y Cámara Nacional de la Industria de la Transformación del Estado.
«En la ley no sólo no le quitaron el poder a los otros dos, sino que agregaron a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) que a su vez son integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Es absurda la duplicidad.»
Lo anterior, consideran, es incorrecto e incluso inconstitucional puesto que si no son empresas aliadas de esos cuatro organismos entonces no serán beneficiadas. Además, sostuvo que aunque en diversas ocasiones se les acusó de estar inconformes, lo que buscan es que haya oportunidades para todos.
«No queremos estar en el comité, el asunto no se arregla agregándonos, lo que buscamos es la democratización del sistema empresarial; que existan oportunidades para todos los empresarios chiapanecos y no esté parcializado para ciertas personas».
Recordemos que en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas del 29 de enero del 2003, anterior a la de Sabines, en el artículo 7 decía que el órgano colegiado que se denominará Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles estará integrado, entre otros, por las organizaciones con fines similares que lo soliciten previa autorización de la presidencia del comité.
Situación actual
El secretario técnico y vocero del Club de Industriales señaló, además, que esos cuatro organismos empresariales no representan siquiera el 2 por ciento de las unidades económicas que hay en el estado; es decir, el 98 por ciento de los empresarios chiapanecos no están agremiados a ningún organismo empresarial. Como dato, añadió que la Canacintra posee alrededor de 25 empresarios agremiados: «¿Creen que 25 empresarios van a decidir por el bien de los chiapanecos?».
Recalcó que si como investigadores sociales y económicos tuvieran cifras confiables que demostraran que se ha registrado un crecimiento económico bajo la influencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial, entonces «sería tonto de nuestra parte estar reclamando», sin embargo, añadió, la realidad demuestra que nos encontramos en la peor situación financiera en muchos años.
El 18 de enero, en un programa de radio, el Centro de Investigaciones del Club de Industriales de Chiapas daba a conocer que en Tuxtla Gutiérrez siete de cada diez habitantes son pobres; mientras que en la mayoría de los municipios esta cifra aumenta a nueve de cada diez. Asimismo, declararon que para erradicar esta situación se necesita una sensibilización y la democratización de la economía para que todos tengan las mismas oportunidades de crecimiento.
Comentarios obligados
Enrique Vázquez señaló que al exponer el caso con el diputado Carlos Penagos Vargas, éste se comprometió a corregirla en el mes de abril en una sesión extraordinaria, a lo que agregó: «Pasó abril y nada, pero este mes le entregamos un documento donde se expone la situación y se aconsejan soluciones».
Explicó también que el director de Procesos Legislativos consideró que no hay inconstitucionalidad en la ley, por el contrario, se mostró preocupado por la reacción que pudieran tener los organismos empresariales beneficiados «¿qué van a decir de que los saquen?».
Ante esto, en una entrevista radiofónica, el presidente del Club de Industriales, Rafael Castillejos, declaró que sí se trata de un acto inconstitucional porque antepone el acto de particulares ante otros particulares, lo que significa que es un acto de discriminación pues dichos organismos no representan a todos.
