374 mujeres, hombres, organizaciones civiles y colectivas feministas, firmaron un pronunciamiento en el que exigen al titular del ejecutivo federal retirar el nombramiento al historiador como embajador de México en Panamá
Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Ciudad de México.- Cerca de cuatrocientas mujeres, organizaciones y colectivas feministas firmaron un posicionamiento para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, retire el nombramiento de Pedro Agustín Salmerón como embajador de México en Panamá, por las múltiples acusaciones públicas en su contra por acoso y abuso sexual.
Entre las 15 designaciones que hizo este 17 de enero López Obrador para representar a México en el extranjero nombró como embajador de México en Panamá al historiador Pedro Agustín Salmerón, quien ha sido señalado en redes sociales por acosar y abusar sexualmente de sus alumnas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Esta designación no sólo revivió la acusaciones previas que surgieron durante el movimiento #MeToo en 2017 contra el historiador, sino que sumó otras nuevas en las que se expuso a Agustín Salmerón como un agresor sexual que hasta ahora permanece impune.
Pese a ello, el presidente de México ha mantenido esta designación e incluso, al ser cuestionado este día durante la conferencia de prensa mañanera, respaldó a Agustín Salmerón y aseguró que no retiraría la postulación «porque no existen denuncias formales ni pruebas en contra del académico».
«Tienen ellas (las mujeres) que presentar las denuncias y acudir al Ministerio Público y con toda la proyección señalar lo que sufrieron, padecieron y la autoridad competente tienen que resolver, pero no juicios sumarios», dijo el mandatario, como ocurrió en 2021 con la candidatura para gobernador de Guerrero del morenista Félix Salgado Macedonio, cuando el presidente alegó que las acusaciones «podrían estar motivadas por otros intereses políticos».
Entonces y tras sus declaraciones y la negativa del presidente mexicano para bajar de la candidatura a Salgado Macedonio, artistas, académicas, actrices, y comunicadoras, impulsaron la campaña virtual «Presidente rompa el pacto», que provocó que mujeres de la política también se unieran y publicaran fotos con cartulinas con la frase «Presidente, rompa el pacto», acompañada de las etiquetas #UnVioladorNoSeráGobernador y #NingunAgresorEnElPoder, como referencia al pacto patriarcal que encubre a los agresores, y los «premia» con cargos públicos.
Pese a la intensidad de la campaña, la respuesta presidencial siguió en la misma tónica «se respeta a las mujeres que se han indignado, pero en épocas de elección los rivales, los que quieren el mismo cargo, se dice en política que se es amigo hasta que no se compite por el mismo cargo».
En el caso de Salmerón, López Obrador no hizo la diferencia y aseguró: «Pedro Salmerón ha estado teniendo diferencias en la academia con colegas, mujeres y hombres; diferencias políticas, él estuvo en el ITAM y ahí tenía una postura y de ahí salió. Luego lo invitamos para entra el INEHRM y dio una opinión sobre la Liga (Comunista) 23 de septiembre y se le lanzaron muy fuerte y prefirió renunciar. Trabajaba en Guadalajara en Museo, pero ahora está siendo cuestionado por eso», señaló.
Frente a esta postura, 374 mujeres, hombres, organizaciones civiles y colectivas feministas, firmaron un pronunciamiento en el que exigen al titular del ejecutivo federal retirar su nombramiento, ya que –dijeron– no es congruente con su compromiso público de erradicar la violencia contra las mujeres, además de que revictimiza a quienes han expuesto de manera pública sus testimonios.
También pidieron la Secretaría de Relaciones Exteriores no guardar silencio ante el hecho de que esta designación contradice su enunciada «política exterior feminista», y llamaron al Senado a que, en caso de que el mandatario no retire su nombramiento, evite la ratificación de Salmerón en el cargo consular.
Las firmantes expresaron en el pronunciamiento su indignación e inconformidad por este nombramiento, y recordaron que las violencias de las que se les acusa ocurrieron en contextos de asimetría de poder y subordinación que lo favorecieron y protegieron.
Las feministas aseguraron que Salmerón ha intentado intimidar y silenciar a quienes lo señalaron, y recordaron que «la denuncia pública es un mecanismo para evidenciar la violencia sistemática en contra de las mujeres y, en consecuencia, creemos y acompañamos los testimonios de las denunciantes y les ofrecemos nuestro respaldo».
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó vía transparencia que de 2007 a 2019 se han atendido en el OÌrgano Interno de Control un total de 30 denuncias por acoso y/o abuso sexual contra trabajadores de alguna embajada; 23 de ellas fueron archivadas «por falta de elementos» y sólo cuatro están en investigación.
Acoso en Universidades
El tema del acoso en universidades no es nuevo, pero sí se visibilizó con más fuerza en 2019, cuando las mujeres impulsaron el movimiento en redes sociales #MeToo para denunciar su primer acoso, al que posteriormente se unieron estudiantes y profesoras universitarias, incluso en el periodístico.
Poco a poco, las estudiantes han logrado hacer escuchar su voz, y avances para hacerle frente al acoso y hostigamiento sexual, que de acuerdo con la antropóloga feminista Marcela Lagarde, es resultado de una construcción social en la que se les enseña a los hombres que los cuerpos de las mujeres son «objetos de consumo o de su propiedad» a los que pueden hacer insinuaciones, tocamientos, miradas, entre otras agresiones sexuales, a pesar de que ellas no lo deseen o permitan.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 25.3 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en la escuela (sea física, sexual o emocional); de éstas, en 60 por ciento de los casos la agresión provino de un compañero, en 14.4 por ciento de un maestro y 5 por ciento de una maestra.
El acoso y abuso sexual contra universitarias por parte de profesores había permanecido en silencio debido a los prejuicios que enfrentan quienes lo padecen y a la falta de credibilidad en sus testimonios. Una forma de visibilizar el tema fueron las redes sociales, sin embargo, por ejemplo, desde 2016, de la mano de ONUMujeres, la UNAM implementó el «Protocolo para atención de casos de violencia de género» pero hasta 2020 los datos revelaban que de los 335 procedimientos iniciados por una denuncia de violencia de género en el último año (junio de 2018 a junio de 2019) sólo 178 concluyeron con una sanción, es decir, 53 por ciento.
Pero no todas las universidades tienen Protocolos para atender los casos, ni tampoco el interés. En el caso del Instituto Politécnico Nacional, fueron las alumnas quienes obligaron a su director a rendir cuentas sobre el tema ante los casos que salieron a la luz pública de acoso. Las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género tuvieron una reunión de trabajo con el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, quien afirmó tener conocimiento de 13 denuncias por hechos de violencia contra las estudiantes.
Si bien desde 2012, bajo la rectoría de la ingeniera bioquímica Yoloxóchitl Bustamante Díez, el IPN creó la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género con el objeto de desarrollar una cultura que promueva y fomente la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, según el acuerdo creación, los espacios libres de violencia son aún un reto en la institución para sus mujeres estudiantes.
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia docente es definida como aquella que «se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad».
En cuanto a la persecución de los delitos de índole sexual, para los delitos cometidos en 2019 se estimó
que 99.7 por ciento no eran denunciados y en 2020 esta cifra fue de 99.3 por ciento. En cuanto a la sanción, se estima que las investigaciones criminales por acoso sexual, 0.4 por ciento termina en sentencia condenatoria a favor de la mujer, reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos con base en datos de organizaciones de la sociedad civil y colectivos, ante la falta de información de fuentes oficiales.
