Extincin de fideicomisos ante la crisis / Claudia Corichi

Hemos hablado ya, en este espacio, de aspectos relacionados con algunos posibles escenarios derivados de las crisis simultáneas (de salud y económica) que enfrenta el mundo. Es momento de hablar una de las medidas más importantes que ha tomado el gobierno de México para hacer frente a las mismas. La extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica decretada por el presidente de la República el pasado 2 de abril.
Esta acción, que se había planteado en la Ley Federal de Austeridad Republicana (noviembre de 2019), ahora se aplica con la intención de liberar recursos públicos para emplearse durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como para pagar deuda pública, fortalecer programas sociales y reactivar la economía. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estima que el gobierno federal podría contar con aproximadamente 181,500 millones de pesos, y como marca el decreto, serían enterados a la TESOFE a más tardar el 15 de este mes. El recurso llegaría a tiempo para la esperada fase 3 de la epidemia en el país.
Existen dos tipos de fideicomisos. Por un lado, los que dan origen a entidades paraestatales y están obligados a reportar sus ingresos y gastos por lo que han podido fiscalizados (19 fideicomisos con recursos por de 42,071 millones de pesos en la Cuenta Pública 2018). Por el otro, aquellos fideicomisos, mandatos y contratos análogos que no se consideran entidades paraestatales pues no tienen estructura orgánica derivada y carecen de mecanismos de control (335 fideicomisos con disponibilidades por 878,717 millones de pesos en la Cuenta Pública 2018). Además, la situación se hace más compleja dado que varios de ellos incluyen participación y manejo de recursos por parte de terceros.
Organizaciones de la Sociedad Civil, como FUNDAR, han denunciado desde hace un par de años el ejercicio discrecional y opaco del dinero destinado a este tipo de fideicomisos y, ahora, remarcan la importancia de establecer un proceso de extinción con transparencia y rendición de cuentas para evitar especulaciones sobre el trato exprés para echar mano a tanto dinero.
Sin duda, esta medida busca hacerse de recursos rápidamente para hacer frente a la pandemia y sus efectos, tanto en salud como en economía, redirigiendo éstos, que en su generalidad se han ejercido de forma cuestionable, a fin de transitar la crisis. No es para menos, en más de 500 auditorías la ASF ha observado irregularidades como: 1)mínima rendición de cuentas, 2)errores para disponer y aplicar los recursos, y 3)incumplimiento de los procesos de adjudicación de contratos de obras y adquisición de bienes y servicios. Tres focos rojos en materia de combate a la corrupción.
La transparencia es una de las herramientas anticorrupción indispensable en este complicado proceso en el que pudieran presentarse varias excepciones. Que no se escape entre los dedos.