La sanción será de 7 a 13 años de prisión para quienes ataquen con ácido o sustancias corrosivas
Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó una serie de reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los ataques con ácido o sustancias corrosivas con hasta 13 años de prisión. Sin embargo, para María Elena Ríos Ortiz, saxofonista y sobreviviente de tentativa de feminicidio en 2019, este es apenas un primer paso para brindar justicia a las mujeres que han sido afectadas por este tipo de violencia.
Por unanimidad el Senado aprobó el dictamen con el que se sanciona con siete a 13 años de prisión a quien cause a otra persona lesiones con “cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar, provocando en una mujer una daño o enfermedad incurable; la inutilización completa o la pérdida de una extremidad u órgano; cuando quede perjudicada cualquier función orgánica o se genere alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel”.
La pena se incrementará a dos terceras partes cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.
Además, en el dictamen se destaca que el personal de salud deberá notificar al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban para atención médica.
Con dichas reformas al Código Penal Federal, señala el documento aprobado, se podrán comenzar a elaborar estadísticas sobre este tipo de agresiones y sus distintas modalidades, ya que actualmente se carece de registros que dimensionen la problemática. La iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su análisis.
Es un paso, pero no es suficiente: María Elena Ríos
En entrevista con Cimacnoticias, María Elena Ríos, saxofonista, estudiante, defensora y sobreviviente de tentativa de feminicidio con ácido en 2019 en su natal Oaxaca, aseguró que las reformas aprobadas son un paso para reconocer dicha violencia, pero aún falta trabajo legislativo por hacer.
“Sí es un logro porque ya se está mencionando, ya se está poniendo bajo la mesa, pero no es el único logro que esperamos las mujeres, y no solamente las que hemos sido víctimas del ataque con ácido porque esta práctica es tan común que te puede tocar a ti y le puede tocar a quien me esté leyendo. Entonces falta mucho por hacer, concientizar tanto socialmente como gubernamental o institucionalmente; falta que los las y les legisladores se sienten y convoquen a las mujeres que hemos sobrevivido a este tipo de violencia para que entiendan de qué se trata”, expresó Ríos Ortiz.
En ese sentido, María Elena refirió que las sobrevivientes deben enfrentar procesos médicos, psicológicos, psiquiátricos y legales desgastantes y que conllevan muchos recursos emocionales y económicos.
“Es muy cansado y es muy desgastante física económica y emocionalmente porque te enfrentas a un monstruo y ese monstruo es un sistema machista, racista y clasista que gobierna este país”.
Por ello, instó a las y los legisladores a promover reformas que permitan brindar a las sobrevivientes una atención integral que obligue a las instituciones públicas de salud a cubrir los gastos de su atención médica, que se califique el delito como tentativa de feminicidio, que se atiendan los efectos emocionales tras la agresión y que además se brinde un proceso de reinserción social, “porque lo primero es que sí sobrevives a este suceso te encierras y salir nuevamente, que te vean y te lean de una manera diferente es muy fuerte para nosotros”, señaló la saxofonista.
Finalmente, añadió la importancia de investigar el actuar de las Fiscalías estatales ante este tipo de casos, pues muchas veces no es considerado delito grave.
“Que ellos (legisladores) convoquen, no solamente a las víctimas, sino que haya una retroalimentación con cirujanos, dermatólogos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros y todas las personas que se han involucrado en los procesos de salvación de nosotras. Eso es lo que falta. Falta mucho evidentemente, porque cuando te atacan con ácido el objetivo especial y único es culminar con tu vida de todas las maneras posibles, porque el hecho de que sobrevivas no quiere decir que tú estás sana”.
Justicia tardía
El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada con ácido en la oficina donde trabajaba. Esta agresión la ha llevado a ser intervenida quirúrgicamente –con el temor de no despertar– y también a ser víctima de difamaciones y amenazas por parte de personas cercanas a su ex pareja, el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, actualmente preso por ser considerado el presunto autor intelectual del atentado contra la joven de entonces 26 años.
En su ir y venir de Oaxaca a la Ciudad de México –donde estudia, recibe asesoramiento legal, psicológico y médico– ha viajado con el temor que supone saber en libertad a Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex diputado del PRI y otro de sus agresores.
A lo largo de estos tres años, María Elena se ha convertido en víctima, sobreviviente, defensora, psicóloga y perito, asegura. Pues ha sido ella quien ha enviado pruebas sobre el paradero de su presunto agresor, también ha dado la cara en lugar de autoridades que temen verse involucradas en su caso. Mientras tanto, la familia de su victimario la da por “olvidada para la sociedad”.
Y es que actualmente María Elena acusa que el gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa y todas las autoridades que siguen su caso han ejercido violencia de género, violencia institucional y violencia económica en su contra, incluso afirma que han emprendido una campaña de desprestigio en la que aseguran que a ella se le han entregado cantidades exorbitantes para su atención médica; sin embargo, esto es falso.
“Dicen que a mí ya me dieron tantos millones y a mí me gustaría saber dónde están para que pueda continuar con mis tratamientos”.
Además asegura que el gobierno estatal no ha realizado el reembolso de sus tratamientos correspondientes a los meses de agosto y septiembre, gastos con los que ella tuvo que correr por su cuenta.
Sumado a lo anterior acusa que las autoridades de Oaxaca no han querido reconocer a su madre como víctima indirecta del ataque con ácido, pues el día de la agresión ella también resultó afectada.
“Se necesita una reparación en este caso, no solamente yo soy la quemada, mi madre tiene quemaduras”, sentenció. Pese al panorama que enfrenta, la joven saxofonista está lejos de desistir, pues considera que su lucha es la de muchas.