De acuerdo con Berta Zúñiga Cáceres, el FMO pagó más de un millón de dólares a la empresa DESA dos días antes del asesinato de su madre
Diana Hernández Gómez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- El 20 de junio de este año, un tribunal hondureño condenó a 22 años y medio de prisión a Roberto David Castillo Mejía, ex oficial militar y ex directivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), por el homicidio de la activista Berta Isabel Cáceres Flores. A este paso en la búsqueda por justicia se suma una denuncia que las y los familiares y compañeros de lucha de la defensora levantaron en contra del Banco de Desarrollo Holandés (FMO).
De acuerdo con Berta Zúñiga Cáceres, hija de la también cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el FMO pagó más de un millón de dólares a la empresa DESA dos días antes del asesinato de su madre.
En entrevista con la Agencia EFE, Berta Zúñiga afirmó que, ese mismo día, Roberto Castillo Mejía se comunicó con Douglas Geovanny Bustillo –también ejecutivo de DESA– para decirle que ya tenía el dinero necesario para cometer el crimen.
Zúñiga Cáceres duda que el banco haya tenido conocimiento de que su dinero sería usado para cometer un homicidio. No obstante, tanto ella como sus compañeras y compañeros del COPINH creen que el dinero transferido por el FMO a la empresa energética sirvió para desatar la violencia que terminó con la muerte de Berta Cáceres.
Debido a esto, familia e integrantes del COPINH levantaron una denuncia contra la institución financiera el pasado 28 de junio. Con esto, no solo buscan justicia para su compañera: también esperan sentar un precedente al visibilizar el papel de las instituciones financieras internacionales en los diversos actos de violencia contra las comunidades indígenas.
Dicha violencia se traduce en el despojo de tierras, pero también en el financiamiento –directo o indirecto– de agresiones como la que arrebató la vida de la indígena lenca y activista.
Fotografía: Wikimedia Commons
¿Cómo se relaciona el FMO con el homicidio de Berta Cáceres?
El Banco de Desarrollo Holandés fue uno de los inversores en el proyecto Agua Zarca. Este proyecto, aprobado entre 2012 y 2013, consistía en edificar una represa hidroeléctrica en el Río Gualcarque. La construcción estaba a cargo, precisamente, de la empresa DESA.
La represa afectaría el acceso a agua, alimentos y medicamentos para la comunidad lenca que habitaba las cercanías del río, por lo que la colectividad empezó a organizarse para frenar su construcción y llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según las declaraciones de Berta Zúñiga Cáceres, el FMO tenía conocimiento de los problemas alrededor del proyecto Agua Zarca. Entre ellos se encontraba el hecho de que DESA no consultó a las comunidades locales sobre el desarrollo del proyecto.
Además, en 2013, militares hondureños abrieron fuego contra una protesta pacífica por parte del COPINH. Durante la represión, Tomás García –dirigente y compañero de lucha de Berta Cáceres– murió.
Berta Zúñiga Cáceres, quien también es coordinadora de COPINH, señaló que el Banco de Desarrollo Holandés continuó su alianza comercial con la empresa DESA. De hecho, el proyecto de Agua Zarca siguió en pie hasta después del asesinato de Berta Cáceres en 2016.
No fue sino hasta 2018 cuando DESA anunció la cancelación de la represa para «reducir los conflictos en la zona». Para ese momento, el FMO ya había retirado su apoyo de manera definitiva sin pedir un reembolso de los 7 millones de dólares que había pagado hasta entonces.
Continúa la lucha por la justicia
Berta Isabel Cáceres Flores fue asesinada la noche del 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, en el departamento hondureño de Intibucá. Desde años antes, la activista, ambientalista y también feminista había recibido diversas amenazas por su oposición al proyecto Agua Zarca.
Algunas de las amenazas fueron hechas por Douglas Geovanny Bustillo, ex coronel de la fuerza aérea que trabajaba como jefe de seguridad de DESA; otras –según denunció la misma Cáceres– eran por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno que apoyaban a la empresa.
Hasta el momento, hay ocho personas condenadas por la muerte de la defensora Berta Cáceres. Entre ellos se encuentran Douglas Bustillo, el ex militar Henry Javier Hernández Rodríguez y Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente ambiental de DESA.
