La entidad ha padecido los efectos de esta política que se ha mantenido con la venia de la autoridad; muestra de ello, la aprobación de un endeudamiento al gobierno del estado para la edificación de un cuartel militar en Chicomuselo
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han efectuado sendos llamados para que se frene la Ley de Seguridad que favorece la militarización, tema delicado con elecciones en puerta. Históricamente, Chiapas ha padecido los efectos de esta política que se ha mantenido con la venia de la autoridad; muestra de ello es la aprobación de un endeudamiento del gobierno del estado para la edificación de un cuartel militar en Chicomuselo.
En noviembre pasado, se dio a conocer que la LXVI Legislatura local autorizó, con cuatro votos en contra y una abstención, que se aumentara la deuda de Chiapas al contraerse un nuevo empréstito por más de 3 millones de pesos que se sumarían a los 125 millones de pesos de deuda ya adquiridos, para la edificación de un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la denominada «tierra de los siete jaguares».
De acuerdo con información de El Universal, votaron en contra las diputadas Zoila Rivas, morenista; y Rosalinda Orozco Villatoro, panista. Se abstuvo de manifestar su postura, la también morenista, Magdalena Esteban.
La primera de ellas, según se lee en el medio nacional, remarcó la incongruencia de aprobar lo que parecía «un cheque al portador por hasta 128 millones de pesos», un gasto excesivo en el marco de la actual «crisis económica» estatal.
Por su parte, Orozco Villatoro instó a hacer un eficiente gasto de los recursos como, por ejemplo, al destinar la deuda para mejorar las condiciones de las corporaciones policiacas del estado, que, como ya ha sido abordado por Portavoz, afrontan precarización de sueldos y carencias de armamento, uniformes y de servicios médicos.
Asimismo, la legisladora recordó que el artículo 117 constitucional establece que los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas y productivas.
No obstante, desde el Legislativo, otros justificaron el gasto. Argumentaron que las calificadoras crediticias habían determinado que Chiapas se posicionaba en «verde» en el semáforo para la adquisición de deudas; y que la construcción del cuartel se efectuaba como parte del acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y estatal «en torno a los temas de la frontera, tales como trata de personas, migración y delincuencia», a fin de reforzar el esquema de seguridad.
En Chicomuselo y en toda la región colindante con Guatemala, las autoridades se han encontrado con fuertes resistencias de los pueblos ante proyectos económicos (destacan los relacionados con la minería y zonas económicas especiales), cuyo trasfondo es el despojo y la sobreexplotación de la tierra. Ahí fue asesinado hace ocho años Mariano Abarca Roblero, activista de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; su crimen sigue impune.
Militarización en Chiapas
En octubre pasado, en el marco del «Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la Tierra y el territorio», diversas organizaciones sociales firmaron la exigencia a las autoridades para poner un alto a la militarización y el patrullaje del Ejército Mexicano en el territorio de las comunidades de ese municipio. Y también responsabilizaron al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, de cualquier agresión o ataque en su contra.
Entre los firmantes destacaron el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruiz», que forma parte de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas; «Las Abejas» de Acteal; la Organización Proletaria «Emiliano Zapata»; el Proyecto «Mi abuelo fue bracero» de Frontera Comalapa; Luz y Fuerza; los centros de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» y de la Mujer de Chiapas; el Servicio Internacional para la Paz; observadores internacionales, representantes de más de 15 parroquias en el estado y de las vicarías General, Pastoral Social y Pastoral de la Madre Tierra de la Diócesis de San Cristóbal.
De acuerdo con una investigación del activista, miembro de «Otros Mundos», Gustavo Castro Soto, quien fue testigo del asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, la militarización en Chiapas comenzó hace 20 años y ocurrió por etapas como «reacción a varios acontecimientos, ya sea como respuesta a acciones del EZLN o de las distintas organizaciones sociales; con una estrategia bien articulada y con distintas modalidades».
Las etapas
Su estudio, efectuado en agosto de 1997, determinó que la primera etapa del control militar inició el 1 de enero de 1994 en la zona Altos y Selva, fecha en que hizo su aparición pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). «Termina este periodo con el rompimiento del cerco militar por parte del EZLN el 19 de diciembre de 1994».
La segunda etapa comenzó el 10 de febrero de 1995 con la ocupación militar de las comunidades bajo el control territorial del EZLN. Concluye este periodo en agosto de 1995, con la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia convocada por los zapatistas. «En este periodo se da un desplazamiento de la población civil de las comunidades hacia las montañas», especifica el activista.
De manera coincidente, ahora en Chiapas se registra, a causa de grupos armados, el desplazamiento forzado de más de 4 mil personas procedentes de Chalchihuitán y Chenalhó, en la región Altos.
La tercera etapa de la militarización en Chiapas se dio en agosto de 1995, con la estrategia que enarboló la introducción de la Policía de Seguridad Pública a la región. La zona de conflicto se traslada de la Selva a la zona Norte y el movimiento se caracterizó porque, si bien exacerbó problemas internos en las comunidades y provocó choques entre las organizaciones, también hizo que las confrontaciones pasaran de ser entre el Ejército federal y el EZLN; a darse entre éste último y grupos paramilitares que resultaron fortalecidos.
«Este periodo abarca de agosto de 1995 a junio de 1996, fecha en que los militares atacan más fuertemente y se hace evidente que la policía apoya a los grupos paramilitares y el Ejército penetra con más fuerza y con nuevos argumentos», se lee en el documento de Otros Mundos.
Entre las justificaciones para la introducción tanto de castrenses como de policías a las regiones, sonó fuerte la misma que hoy sostienen las autoridades: la seguridad. Se habló de combatir el narcotráfico y la guerrilla, así como de apoyar a los desplazados con ayuda humanitaria y labor social.
La cuarta etapa comenzó en agosto de 1996 y concluyó en mayo de 1997. El detonante fue que el Ejército Popular Revolucionario hiciera su aparición en Chiapas, por lo que la militarización se extendió en las zonas donde se ubicó su presencia: la Frailesca, la Sierra y la Costa.
De acuerdo con Castro Soto, en el periodo de esos años «se comienza una acción coordinada entre el Ejército y la seguridad pública en los desalojos de campesinos en la zona de la Frailesca y la Sierra; son los caso de los desalojos de las fincas Liquidámbar, Prusia, Sayula y Chicharras», donde el exgobernador del estado, Julio César Ruiz Ferro, echó a andar programas de desarrollo regional.
La última y quinta etapa comenzó en mayo de 1997, en periodo de campañas preelectorales. Se particularizó por ataques periodísticos contra la Diócesis de San Cristóbal y su entonces obispo, Samuel Ruiz, férreo defensor de los derechos humanos y los indígenas.
Es también la época en la que se originan los primeros enfrentamientos en la comunidad Puebla, Chenalhó, y «se agrava la situación con los disturbios electorales». A dos décadas de esos sucesos, como bien vaticinó el activista, «este periodo no sabemos cuándo tendrá fin», el municipio sigue siendo zona de violencia y sobre todo, de conflictos de origen electoral.
Riesgos de la ley
Algunas organizaciones sociales han alertado acerca de que la ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados previo a los comicios electorales a efectuarse en julio del próximo año, representa un riesgo para la protesta social.
Según información recogida por el portal Sin Embargo, Enrique González Ruiz, miembro de la asociación civil denominada Defensoría de Derechos Humanos «General Gallardo», explicó: «Esta ley de seguridad interior es parte de una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y están pensando desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé el fraude».
De Mexicanos Unidos, Porfirio Martínez comentó que la legislación aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión, deja en indefensión a las manifestaciones.
De las misivas de la ONU y de CIDH, se resume que esta ley es violatoria de los derechos humanos; además, estos organismos internacionales coinciden con las asociaciones civiles respecto a que favorece la criminalización de la protesta social.
«Generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el status quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos», escribió el representante en México del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Por su parte, en un comunicado, la CIDH expresó que al analizar la información al respecto encontró que el proyecto de ley «significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública»; sin embargo, «la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos», preceptos contrarios a estándares internacionales en la materia de los que México es firmante.
Por último, las organizaciones instaron a la sociedad a pronunciarse en contra de estas medidas y expusieron que si en el Senado de la República aprueba la Ley de Seguridad Interior, apelarían a las instancias nacionales e internacionales para echarla abajo.
