La estrategia de seguridad en contra del crimen organizado afecta de forma diferenciada a mujeres, niñas, niños y adolescentes y grupos racializados, reclaman colectivas
Nadia Sanders / La Lista
Más de 100 colectivas feministas e integrantes del colectivo Seguridad sin Guerra hicieron un llamado a las senadoras y senadores de la República a rechazar las reformas que formalizan la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército mexicano.
Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, señaló a La-Lista que esta reforma es claramente inconstitucional, ya que la reforma aprobada en 2019 señala en el artículo 21 de la Constitución que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil.
La movilización de este martes se da en el contexto de la aprobación de forma exprés de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso y que fue aprobada en un solo día y sin análisis en comisiones por la Cámara de Diputados. Se prevé que el Senado de la República apruebe la minuta en estos días y que para el 16 de septiembre, Día de la Independencia quede promulgada.
Villalobos explicó que la violencia afecta de forma diferenciada a mujeres, niñas, niños y adolescentes y a grupos racializados, como son las personas migrantes de la región.
El 59% de la mujeres desaparecidas y no localizadas y localizadas son mujeres menores de 19 años de edad, un rango mucho mayor al de los hombres, que es del 21% en ese rango de edad.
“Significa que está relacionado con otro tipo de delitos, como trata de personas, con fines de explotación sexual”, señala Villalobos, también integrante del colectivo Seguridad sin Guerra.
“Se ha documentado con migrantes, cómo ha sido la Guardia Nacional un cerco militar”, agregó y los centros de detención migratoria son como cárceles donde “se violan los derechos humanos de las personas más vulnerables de la región y que, además, tienen un perfil de racialización”.
Las colectivas acudieron desde la mañana al Senado de la República para reunirse con legisladores de distintos grupos parlamentarios y sensibilizarlos sobre esta decisión.
“Las feministas transincluyentes, antirracistas, antipunitivistas y antimilitaristas, así como las víctimas y familiares de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, nos pronunciamos por la vida, la paz y la justicia. Exigimos una política de seguridad con enfoque de derechos humanos, con controles claros, mecanismos de rendición de cuentas y garantías a favor de la población civil”, señalan en un pronunciamiento firmado por más de 100 colectivas.
Entre las razones por las que se oponen a la militarización de la seguridad, destacan que la militarización afecta la seguridad pública y obstaculiza el acceso a la justicia.
“Frente a ello, las mujeres –madres, hijas, hermanas, parejas de víctimas– han reemplazado el papel del Estado en la búsqueda e investigación de distintas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”, ya que han sido renuentes a colaborar con las instituciones de investigación y procuración de justicia civiles “cuando sus elementos se han visto involucrados en graves violaciones a derechos humanos y ha quedado demostrado que el fuero militar perpetúa la impunidad“.
En la convocatoria difundida en redes sociales llaman a hacer justicia por Heidi, la menor que fue asesinada presuntamente por elementos del Ejército en Tamaulipas la semana pasada. El presidente reconoció la responsabilidad del ejército en el crimen y dijo que fue “una excepción”.
Las colectivas advierten además que la militarización genera opacidad, falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas efectiva y que ningún país en Latinoamérica ha alcanzado la paz por la vía de la
militarización.
El llamado a frenar esta política lo extendieron a senadoras y senadores, al presidente de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
