Nueva estrategia de seguridad
Al inicio de este gobierno la prioridad fue el restablecimiento del estado de derecho, terminar con las invasiones de predios, devolver las propiedades a los legítimos propietarios y, sobre todo, terminar con los bloqueos carreteros que eran un dolor de cabeza para todos los chiapanecos que se quejaban constantemente al quedar varados en tramos federales y estatales porque grupos de campesinos o políticos bloqueaban por cualquier motivo, violando flagrantemente la Constitución Política que garantiza el libre tránsito.
La estrategia en este sentido que fue encabezada por el fiscal general del estado, Jorge Luis LLaven Abarca, que sin duda dio resultados positivos pues logró que los alcaldes pusieran de su parte y, como primera autoridad, dieran la cara a los problemas sociales que se presentaban en los municipios, asumieran sus funciones para resolver temas político sociales y, en otros casos, las fuerzas de seguridad intervinieron desalojando a los manifestantes, lo cual definitivamente fue necesario para que entendieran que incurrían en acciones fuera de la legalidad.
Llaven Abarca se dio a la tarea de mantenerse en contacto de manera permanente con presidentes municipales de los 123 municipios con quienes instaló mesas de trabajo, y a quienes en más de una ocasión ha tenido que jalar las orejas, y luego dar palmadas de hombro. Su trabajo ha sido fino dando muestra de su capacidad y experiencia no solo en el ámbito policiaco sino político, por eso precisamente ahora pone en marcha un segundo plan y presenta el Plan Estratégico para Combatir la Incidencia Delictiva General en Chiapas, que de dar los resultados que se esperan sería un segundo acierto que lo seguiría posicionando como uno de los mejores funcionarios del gabinete estatal.
En la puesta en marcha de este plan indudablemente se busca reducir la incidencia delictiva desde otros ámbitos a través de una estrategia bien diseñada y que en primera instancia tendría impacto en 10 municipios que han sido considerados como los de mayor incidencia delictiva estatal y que deben dar resultados en corto plazo sin descuidar otras actividades; de tal forma que para ello se reunió con 10 presidentes municipales, entre ellos el de Tuxtla Gutiérrez donde desafortunadamente el índice delictivo es el más fuerte por ser la capital del estado, y empeora derivado de la falta de capacidad de mandos policiacos municipales, y se le suma la pandemia y falta de empleo, por lo que los organismos de seguridad tendrán que reforzar estrategias para ayudar a Carlos Morales a fin de evitar que el clima empeore.
Asimismo, están en la lista de los municipios donde las medidas se endurecerán, Villaflores que es gobernado por Mariano Rosales Zuart, un alcalde de resultados que seguramente no tendrá inconvenientes en meter en cintura a los grupos vinculados a la delincuencia y que, por cierto, en una entrevista celebró los mil millones de pesos que se invierten para la seguridad del estado durante este nuevo plan. Muy distante de lo que se puede decir de Joaquín Zebadúa Alva, alcalde de Berriozábal, donde los hechos delictivos están a la orden del día y sin ningún control de las autoridades que parece no existieran; al igual que en San Fernando, donde Juan Antonio Castillejos Castellanos no controla la incidencia delictiva; y menos en Chiapa de Corzo, donde Jorge Humberto Molina Gómez hasta sus funcionarios municipales se salen de control e incurren en actos de abuso de poder.
No se diga de Ocozocuautla donde Alfonso Estrada Pérez no ha podido controlar la ola delictiva; y peor Amado Madaín Trujillo Ancheyta, de Venustiano Carranza, que ni siquiera el «quédate en casa» pudo controlar; al igual que Adier Nolasco Marina de Villacorzo, considerado dentro de los peores alcaldes; ya no se diga la alcaldesa de San Cristóbal, Gerónima Toledo, que no da una en el tema de robos, asaltos y enfrentamientos en su municipio. Otro que medio se salva en el tema de seguridad es José Francisco Nava Clemente, de Cintalapa, que por lo menos pone en marcha los operativos para disuadir la delincuencia, y aunque no los tiene controlados totalmente, le echa ganitas.
Aunque de todas formas, estos alcaldes son los primeros en recibir un jalón de orejas para dar más resultados porque de acuerdo a las estadísticas oficiales, precisamente en sus municipios se concentra la mayor incidencia delictiva general, que es la que se pretende combatir en esta estrategia puesta en marcha de inmediato para dar respuesta a los ciudadanos que confían en este gobierno que busca dar el mayor esfuerzo en construir la paz que tanto se necesita.
Pero, no solo serán estos municipios a los que se les impulse que hagan más para garantizar la seguridad. Serán 30 en primera instancia, así que deben poner sus barbas a remojar y ponerse a trabajar cumpliendo con sus funciones como primer autoridad municipal, y deben tener claro que la seguridad es un tema prioritario ya que una de las demandas mas sentidas en la entidad por parte de los ciudadanos es precisamente la seguridad; derivado de ello, se busca que en Chiapas se siga trabajando para mantenerse en un estado con baja incidencia delictiva, pero no solo en delitos de alto impacto sino también en incidencia delictiva general. Esperaremos los buenos resultados porque sin duda hay seriedad y mano firme en la estrategia.
Con filo
La Secretaría de Salud debe garantizar que por lo menos que para el personal médico que está expuesto en la atención a pacientes positivos de Covid-19 se les realice las pruebas correspondientes cuando presenten síntomas y no solo mandarlos a su casa, porque eso es una violación a sus derechos humanos y a la salud. Este fin de semana tuve conocimiento de un médico que presenta toda la sintomatología a quien únicamente le dieron una receta y lo mandaron a su casa, no sin antes informarle que no hay pruebas; lo cual no es raro en el sector salud y precisamente es por eso que muchas personas están falleciendo sin tener un diagnóstico, de tal forma que en el acta de defunción dicen que murió de infarto, de enfermedades crónico-degenerativas pero no de Covid como realmente está pasando, no solo en Chiapas sino en el país donde hay 26 mil médicos y enfermeras contagiados. Si el sistema de salud oficial no tiene manera de tener las pruebas debería autorizar a hospitales particulares como pasa en otros países a realizarlas, claro que el ciudadano tendrá que pagar por ella, pero si se establecen tarifas justas, como en Francia donde el estudio no pasa de mil pesos, pues miles tendrían la oportunidad de practicarse la prueba sin que ésta sea un gasto para el gobierno; pero parece que al Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, está enfrascado en solo dar estadísticas todos los días, pero sin ideas para generar soluciones a corto plazo y más cuando él mismo ha dicho que la emergencia se extiende hasta diciembre, ya que no hay condiciones para hacerlo en estos momentos y menos en los sectores económicos que se mantienen suspendidos, donde el retorno de actividades será de forma paulatina y basados en el concepto de nueva normalidad; es decir, con nuevas medidas de sanidad, aunque muchas ya lo están haciendo a través de citas para evitar aglomeraciones y sin escuchar lo que dice salud que como «La chimoltrufia» quien un día dice una cosa y al otro cambia lo del día anterior.
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