Se establecen acciones entre las instituciones jurisdiccionales para sumar esfuerzos y dar cumplimiento a la Ley Tres de Tres, para que ninguna persona violenta tenga la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular: consejera presidenta provisional, María Magdalena Vila Domínguez
Aquínoticias Staff
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Poder Judicial del Estado (PJE) firmaron un convenio de colaboración y apoyo para garantizar el cumplimiento de la Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género, el cual fue atestiguado por el gobernador Rutilio Escandón.
La consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, señaló que se establecen acciones entre las instituciones jurisdiccionales para sumar esfuerzos y dar cumplimiento a la Ley Tres de Tres, para que ninguna persona violenta tenga la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular.
“Gracias a esta reforma Constitucional, se destacan dos ideas: sororidad y el trabajo conjunto de las instituciones, esto con el fin de garantizar el intercambio de información oportuna para la materialización del mandato legal de la Carta Magna para evitar que ocupen cargos los que están prófugos de la justicia, por sentencia y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa”, afirmó.
En tanto, el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez, refrendó la coordinación con el IEPC en cuanto a los lineamientos aprobados para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, considerados en la Ley 3 de 3 que señala que las mujeres pueden ejercer sus derechos políticos y electorales en contexto libre de violencia.
De esta forma, se comprometió a proporcionar la información que sea solicitada por el IEPC, respecto a las personas que pretendan obtener su registro a una candidatura en términos de lo que hoy dispone la Ley Electoral, y de las que se encuentran en los supuestos referidos en la Ley Electoral, en los casos de delitos de violencia familiar, sexuales y personas deudoras alimentarias.
Asistieron: la presidenta del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Gilberto de Guzmán Bátiz García; la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez.
