«La humildad intelectual constituye la esencia del verdadero liberalismo». Hayek
Allá por junio de 2018 asistí como invitado en Tuxtla Gutiérrez, a una conferencia con Olga Sánchez Cordero, anunciada por AMLO como la próxima Secretaria de Gobernación en caso de ganar la Presidencia de la república. Participé en mi calidad de Coordinador del Plan de Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. En ese momento me pareció una mujer de inteligencia penetrante y de prosa clara y fría. Formulé una breve reflexión y una sola pregunta, agobiado por décadas de arbitrariedades, impunidad y justicia selectiva de las procuradurías en el nivel federal y en las comarcas locales. Inicié con un dictum de Luis Cabrera, «No se puede servir simultáneamente al poder y a la justicia». En este país, proseguí, las fiscalías han sido, son instrumentos de persecución, intimidación, desprestigio y hostigamiento de los adversarios políticos o ideológicos, incluidos medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión respecto de la necesidad de divorciar, en la práctica y con mecanismos constitucionales efectivos, al Ministerio Público del poder ejecutivo, y evitar con ello, las consabidas arbitrariedades del poder político? Me respondió enfática que AMLO no utilizaría el poder con criterios facciosos o de pandilla, y que «va a ceñir su actuación como Presidente de la República a lo que mandata la Constitución. «Nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley». No abundó en detalles jurídicos.
Este discurso se contradice con la realidad de hoy. El déficit de legalidad deforma el ejercicio del poder y corrompe las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Es lamentable, por decir lo menos, la actuación de la Fiscalía General de la República en casos recientes y muy sonados, en que se viola el debido proceso, la presunción de inocencia y la secrecía a que obligan las leyes. A muchos nos ha desconcertado Gertz Manero, un profesional que durante su larga trayectoria ha dado muestras probadas de rectitud, profesionalismo y ética jurídica, y que hoy, en el invierno de su vida, se preste a mascaradas impropias del limpio proceder que lo acompañó gran parte de su vida profesional. En su artículo de ayer, «Rescatar la Política», Juan José Rodríguez Prats invita a «Aplicar la ley sin presunciones ni exhibicionismos. Cuidar forma y fondo, eso es el derecho procesal. Respetar las instancias, conducirse con discreción e imparcialidad».
Soy un partidario, como muchos mexicanos, de consolidar un Estado Democrático de Derecho, como condición sine qua non para avanzar hacia condiciones elementales de justicia sustantiva, capaz de limitar abusos de la autoridad estatal y orientar los procesos de toma de decisiones de los ciudadanos. De hecho, el uso ideológico y abusivo del concepto Estado de derecho, lo ha vaciado de contenido «y transformado en una mera herramienta retórica» (Shklar). La debilidad del Estado de derecho es una de las herencias más costosas del viejo régimen, y reiteradamente se nos dijo que el Estado de derecho sería una premisa inexcusable en el ejercicio del poder público en la 4T. Vale la evocación, pues aun cuando se dieron avances significativos en década pasadas, aquella célebre frase de Plutarco Elías Calles, «llegó la hora de pasar del país de un solo hombre a un país de leyes e instituciones», está distante de la realidad. Hubo una propuesta de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, coordinada hace varios años por Porfirio Muñóz Ledo: que el Senado de la República, por mayoría calificada, elija al titular considerando a todos los candidatos que propongan el Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia y el propio Congreso de la Unión. Hoy es designado por las dos terceras partes del Senado, a partir de una terna propuesta por el Presidente de la República. Propuso lo mismo para los gobiernos estatales, lo que hoy suena imposible para muchas entidades del país. La cuestión es que, en la práctica la tan decantada autonomía no existe ni ha existido como tal.
Por su parte, no podemos negar la estrecha vinculación entre las instituciones encargadas de impartir y administrar la justicia con la certidumbre y confianza que demanda el desarrollo del país, urgido de inversiones privadas nacionales y extranjeras, que contribuyan a detonar un desarrollo distributivo que beneficie a millones de familias que hoy, por la brutal crisis económica, han engrosado las filas de la pobreza y de la pobreza extrema.
