El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres no cuenta con presupuesto para operar, pero tampoco existe la voluntad para que funcione
Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias
Ciudad de México.- El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), presentado hace 15 años como el gran sistema nacional con información de todas las instituciones encargadas de atender, sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, no es suministrado periódicamente por las dependencias y, por lo tanto, no ha servido para lo que se creó: alimentar una política de Estado que prevenga y erradique la violencia contra las mujeres, de acuerdo con diversos análisis consultados por Cimacnoticias.
Aún subutilizado, el Banavim pasó este 10 de marzo a estar a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), quien deberá operarlo sin recursos adicionales, ya que mientras que en 2021 –cuando estaba en la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación– se le asignó un presupuesto (partida 33903) de 3 millones 532 mil 198 pesos, este año fiscal no contó con ninguna bolsa específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
No obstante, este Banco no ha sido utilizado como se pensó en 2007, cuando se mandató su creación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde el 2010 (año en que empezó a operar oficialmente) y hasta 2019, la información del Banavim no ha sido retomada para crear la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual además no ha contado con información estadística sobre los casos de violencia que registran las entidades federativas, de acuerdo con una evaluación de 2021 que hizo la Auditoría Superior de la Federación.
Una de las razones por las que el Banavim no ha sido utilizado es que durante la mayor parte de su existencia mantuvo un subregistro. Desde 2008 hasta 2018, en el Banavim se tenían acumulados solo 300 mil casos de víctimas, «lo que era reflejo de la baja participación de las distintas instancias de gobierno en la transferencia de información», declaró la propia titular de la Conavim, Fabiola Alanis Sámano, en diciembre pasado, durante su participación en el Cuarto Encuentro Nacional de Enlaces del Banavim.
Entre 2018 y diciembre de 2021, «luego de que muchos estados comenzaran a enviar su información sobre violencia de género» dijo Alanis, los expedientes crecieron a 1 millón. Para marzo de 2022, el Banavim acumula un millón 23 mil 932 expedientes, lo que sigue representando un subregistro de todas las violencias que ocurren a diario. Tan solo en 2021 hubo un total de 4 mil 186 carpetas de investigación iniciadas únicamente por el delito de violencia familiar, 969 presuntos delitos de feminicidio, 2 mil 747 víctimas de homicidio doloso y 62 mil 362 víctimas de lesiones dolosas.
Estos expedientes, además, solo pueden ser consultados por las y los funcionarios que tienen una clave de acceso. La versión pública de este Banco sólo ofrece información estadística sobre número de agresores hombres, número de agresoras mujeres, órdenes de protección y servicios no otorgados. Si bien existe información estadística desagregada por entidad, tipo de violencia ejercida y ámbito, no hay un cruce entre esta información para determinar, por ejemplo, qué y tipo de orden de protección o servicio se brindó a una víctima de violencia sexual.
Un banco de datos confiable, el gran desafío para México
La creación de un banco de datos sobre la violencia contra las mujeres es una obligación del Estado mexicano desde que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Belém Do Pará señalaron en la década de los 90 que México no tenía registros que permitieran dimensionar ni caracterizar la violencia contra las mujeres.
Al construir la LGMVLV, en 2007, la antropóloga feminista Marcela Lagarde observó que México necesitaba un diagnóstico nacional sobre todos los tipos de violencia contra las mujeres, lo cual implicaba la obligación del gobierno federal, en este caso de la Secretaría de Gobernación, de realizar investigaciones periódicas, profesionales y científicas con perspectiva de género sobre todos los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres definidos en la Ley para conocer la violencia que viven las mujeres de todos los grupos etarios, socioeconómicos y étnicos, en todo el país.
Lagarde expuso que los diagnósticos periódicos tienen por objeto superar la especulación, la ignorancia, la manipulación y la distorsión prevalecientes en la información de las instituciones y conocer de manera científica no restrictiva ni estereotipada, la situación de violencia de género contra las mujeres en México.
«El acceso a información confiable es indispensable para quienes deben delinear las acciones y la intervención gubernamental, así como para quienes investigan, difunden y observan la violencia y las políticas para enfrentarla desde la sociedad civil, las instituciones universitarias y de investigación y los medios de información», dijo la también creadora del concepto de feminicidio en México.
Como también quedó escrito en la LGAMVLV, Lagarde señaló que este diagnóstico debía realizarse de manera periódica (seis meses por ley) con fines comparativos, de evaluación y seguimiento del aumento o la disminución de índices, grados y tasas de violencia y la puesta en práctica de políticas de gobierno específicas para prevenir, atender, perseguir y sancionar la violencia de género contra las mujeres y los cambios en las condiciones de vida y desarrollo.
El Banavim, que se presentó como el gran sistema nacional de información que procesan y suministran todas las instituciones encargadas de atender, sancionar, revenir y erradicar la violencia contra las mujeres a fin de instrumentar las políticas públicas que se requieran, no ha funcionado para ello, explicó en entrevista María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Esta ausencia de datos confiable sigue siendo «el gran desafío y es la gran falla del Estado mexicano porque nunca tenemos claridad del contexto en el que ocurren las violencias contras las mujeres», lamentó la defensora, ya que –dijo– el Banavim sigue sin aportar información suficiente.
Tres serían los aspectos claves a reformular para que este banco funcione, de acuerdo con Luz Estrada: preponderar tipos de violencia, garantizar un suministro adecuado por parte de las instancias encargadas y transparentar la información.
En el primer caso, la coordinadora del OCNF recordó que durante la planeación de este Banco las organizaciones propusieron que, en lugar de desglosar datos por modalidad y ámbito de la violencia, sería más estratégico desglosar información suficiente que permita entender el contexto de cuatro problemáticas que ya han sido identificadas como prioritarias: feminicidio, violencia sexual, desaparición de mujeres y violencia familiar.
En el caso del suministro, que corre a cargo de las dependencias que integran el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se ha encontrado que existen subregistros porque varias entidades aún no tienen su propio banco de datos y porque no hay personal capacitado para manejar el sistema de Banavim, explicó la experta.
Las propias Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) han recomendado en sus diferentes informes que se nutra semestralmente, como se ordena en la LGAMVLV, el Banavim, como fue el caso de Morelos y Puebla, por decir algunos.
Luz Estrada recordó que este banco también estaba pensado para que la ciudadanía y las víctimas pudieran acceder a él para también contar con una fuente de información confiable sobre la violencia contra las mujeres, por lo que preocupa el hecho de que no se sepa quién lo administra, qué entidades no están subiendo información y cuál es la versión más extensa de todos estos datos.
El objetivo de pasar el Banavim a Conavim, según la propia dependencia, es que tenga herramientas de información que le permitan diseñar políticas públicas y delinear directrices que lleven a prevenir y atender la violencia de género, así como con facultades para proponer la incorporación de aquellas instancias cuyas atribuciones sean prevenir, atender o sancionar la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes.
Con esta encomienda, la Conavim concentrará en adelante la operación de la Banavim, que se suma a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, los Centros de Justicia para las Mujeres y el Programa de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, sus Hijas e Hijos. Cimacnoticias buscó a esta dependencia para que expusiera cómo se trabajará en adelante con este Banco, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
