Los derechos político-electorales de las comunidades indígenas no pueden reducirse al ámbito local, de la comunidad y de los sistemas normativos internos, también, dijo, deben garantizarse en el sistema de partidos políticos
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
La magistrada Janine Madeline Otálora Malasis aseguró que el proceso electoral que inicia en septiembre próximo marca el momento oportuno para fortalecer la participación política de más de 25 millones de personas adscritas como indígenas para que su voz y voto reduzca sus condiciones de pobreza, discriminación y exclusión.
Durante una conferencia virtual, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) expuso que los derechos político-electorales de las comunidades indígenas no pueden reducirse al ámbito local, de la comunidad y de los sistemas normativos internos, también, dijo, deben garantizarse en el sistema de partidos políticos.
En el encuentro, realizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, del TEPJF, y la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, Otálora Malasis dijo que los derechos de las personas indígenas deben entenderse como un asunto nacional y así garantizar que tengan las mismas oportunidades de influir en el destino colectivo del país.
A propósito del «Día Internacional de los Pueblos Indígenas», que se conmemoró el 9 de agosto, la magistrada expuso que las personas que son parte de los pueblos originarios deben participar en los órganos de representación y de gobierno. «Para lograr que las políticas públicas sean efectivas en su lucha contra la pobreza y la marginación deben poder participar en su diseño e implementación todos los colectivos a los que están dirigidos, como los pueblos y comunidades indígenas», mencionó.
Otálora Malasis, quien fue titular de la Defensoría Pública creada en 2016, detalló que el sistema electoral mexicano no preve reglas específicas para proteger los derechos de las comunidades indígenas. Con este vacío legal, la Sala Superior del TEPJF creó la Defensoría y ha emitido resoluciones que reconocen los derechos políticos de los pueblos.
Entre las medidas afirmativas tomadas por el Tribunal Electoral en favor de la representación política, en 2018 confirmó los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos postularan a diputaciones federales, respetando el principio de paridad de género, a personas indígenas en por lo menos 13 distritos con 60 por ciento de población Indígena.
Además de establecer esta regla para la integración de la Cámara de Diputados, en 2017 la Sala Superior resolvió que los representantes de los pueblos indígenas deben tener voz en las sesiones de los ayuntamientos del Estado de México, aunque no se logró la mayoría a favor de declarar que también deben tener derecho a votar las decisiones del cabildo.
Por otro lado, en la conferencia dónde también participó la consejera electoral de Chihuahua Claudia Arlett Espino, y la presidenta de la Defensoría Pública, Marina López Santiago, la magistrada explicó que durante la pandemia por COVID-19 se ha promovido la justicia electoral digital, pero adelantó que falta construir un derecho procesal indígena por medio de jurisprudencia y tesis que permitan ensanchar la protección de estas comunidades.
