La extrema pobreza en la que vivía su familia frenó cualquier posibilidad de hacer que regresara su cuerpo a casa
Alexis Ortiz / La Lista
Rubia Villatoro tiene apartado un lugar para su hermano en el panteón municipal de Santa Ana Huista en Guatemala. Por 26 años ha esperado que desde México le envíen los restos de Francisco, quien murió ahogado en el Río Bravo en septiembre de 1996, y parece que por fin lo conseguirá.
Francisco era un joven de 22 años que intentaba cruzar la frontera de México con Estados Unidos junto con un amigo de su infancia. Escogieron cruzar por un tramo del Río Bravo, que en el nombre lleva su carta de presentación. Los jóvenes fueron embestidos por la corriente y sus cuerpos fueron encontrados por las autoridades mexicanas en Matamoros, Tamaulipas. Reportaron el hallazgo al gobierno de Guatemala, pero ningún funcionario de los dos países se ocupó de tramitar la repatriación de los restos para entregarlos a sus familias.
Rubia se enteró de la muerte de su hermano Francisco porque el papá del amigo de la infancia que lo acompañaba tenía un conocido dentro de la oficina de migración de Guatemala, quien le alertó sobre el fallecimiento de ambos jóvenes.
La extrema pobreza en la que vivía su familia frenó cualquier posibilidad de hacer que regresara su cuerpo a casa. Rubia buscó a colectivos de familiares de víctimas que sufrieron violaciones a derechos humanos al interior de Guatemala, pero nadie supo decirle dónde podía pedir ayuda.
Viajar al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cuatro horas de distancia en la capital de Guatemala, tampoco era una opción para Rosa, quien apenas conseguía dinero para comer junto con su hermana y otro hermano. Los tres subsistían con un pequeño cafetal que su mamá y su papá les dejaron antes de ser asesinados en 1982 por el Ejército guatemalteco, luego de ser acusados de pertenecer a un grupo guerrillero.
Los hermanos Villatoro se resignaron con saber que Francisco había sido enterrado en un panteón de Matamoros. El deseo se mantuvo vivo y en 2018, Rubia conoció a personal de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), una asociación civil mexicana que asesora legalmente a familiares de migrantes que han sido víctimas de algún delito en México.
El equipo legal de la FJEDD contactó al personal del consulado de México en Guatemala y con la información que tenían disponible sobre cómo y cuándo habían ocurrido los hechos solicitó la repatriación de los restos de Francisco. El proceso ha sido tan lento como anhelado. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses tomó muestras de ADN de los restos y de Rubia para comprarlos y poder confirmar si había un parentesco para despejar errores y anunciaron que los restos del veinteañero vuelvan a su país de origen en noviembre, 26 años después de que lo arrastró el Río Bravo.
Rosa y el personal de la FJEDD insistieron con las autoridades de ambos países para tomar acción a través del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, un protocolo diseñado por nuestro gobierno para que desde sus países natales los familiares de migrantes inicien trámites y denuncien, en las embajadas y consulados mexicanos, los abusos que sufren sus seres queridos en su tránsito por México.
El Mecanismo de Apoyo Exterior ayudó a la localización e identificación de los restos de Francisco. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) asumió los gastos de la repatriación y la familia del joven ya tiene el espacio para depositar sus restos.
“Bendito sea Dios ya le tenemos su nicho a él donde va a venir. Como le decía a mi hermana, su deseo de él era tener una casa, desgraciadamente nosotros se la hicimos pero ya en el cementerio”, dice Rosa en una entrevista concedida a La-Lista.
El mecanismo para atender delitos contra migrantes, estancado desde hace 7 años
El acceso a la justicia para las personas migrantes es nulo en México. La repatriación de los restos de Francisco ha tardado casi tres décadas y su caso es una excepción a la regla.
Rosmery Yax, abogada y coordinadora de la oficina de la FJEDD en Guatemala, comparte que esta asociación civil ha interpuesto 123 denuncias por casos de desaparición de migrantes a través del Mecanismo de Apoyo Exterior, pero hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha localizado a las víctimas ni ha detenido a ninguna persona responsable.
Yax también reclama que aunque el Mecanismo de Apoyo Exterior fue creado en 2015, este ha operado sin reglas todo este tiempo, ya que el gobierno mexicano no ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos de este sistema, donde se especifican las responsabilidades que cada institución tiene para garantizar justicia a los migrantes.
“Yo creo que esto se debe a una falta de coordinación entre las autoridades implicadas, la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional Búsqueda (CNB), pero también hay falta de voluntad”, critica la abogada.
Para Yax la falta de los Lineamientos no es menor, pues esto ha provocado que los funcionarios de las embajadas y los consulados de México desconozcan su responsabilidad de recibir denuncias por delitos cometidos contra migrantes o se tarden en pedir que se abra una investigación. La abogada dice que en Guatemala actualmente para reportar a una persona desaparecida hay que sacar una cita que se puede demorar una semana.
“Que el Mecanismo de Apoyo no tenga lineamientos entorpece el acceso a la justicia. Supongamos que en los procesos inmediatos, donde la gente está siendo víctima de un secuestro, el tener que hacer una cita impide que se inicie de forma inmediata una investigación y que se active la búsqueda”, lamenta la abogada de la FJEDD.
Hace cuatro meses, el 21 de julio de 2022, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que ya había unos lineamientos aprobados para el Mecanismo de Apoyo Exterior, pero hasta ahora no han sido publicados en el DOF ni los familiares de víctimas —al menos los representados por la FJEDD— han conocido este documento final que ya recibió el visto bueno.
Mientras este protocolo de atención sigue operando sin reglas, el número de migrantes que llega a México, y por lo tanto que está expuesto a ser víctima de un delito, va en aumento. Las estadísticas de deportaciones y solicitudes de refugio sirven para analizar esta situación.
Entre enero y agosto de este 2022 el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a 249 mil 295 personas extranjeras, mientras en el mismo periodo de tiempo del 2021 habían sido 174 mil 166. Entre enero y septiembre de este año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha recibido 86 mil 621 solicitudes de protección de parte de migrantes, la segunda cifra más alta desde el 2013 y que solo es superada por las 89 mil 411 peticiones recibidas en el mismo periodo de 2021.
La Unidad de Política Migratoria de la Segob tiene una estadística de delitos cometidos contra migrantes, pero la cifra tiene un sesgo porque solo se refiere a quienes fueron detenidos por las autoridades y en ese momento reportaron haber sufrido un delito. Entre enero y agosto del 2022 fueron 938 personas las que reportaron haber estado en esa situación, según los datos del gobierno mexicano.
La violencia contra personas migrantes en México ha quedado evidenciada en varias masacres a manos del crimen organizado. En 2010 en San Fernando, Tamaulipas, 72 extranjeros fueron asesinados. En 2012 en Cadereyta, Nuevo León, 49 torsos de personas fueron encontrados. En 2021 el Ejército encontró 19 cuerpos calcinados en un vehículo en Camargo, tamaulipas.
En todos estos crímenes personas de Guatemala fueron víctimas y la abogada Rosmery Yax critica la actuación de ese país. “Los patrones de criminalidad de violaciones a derechos se repitieron y por parte de las autoridades guatemaltecas no hubo un seguimiento, ni siquiera un pronunciamiento por estas terribles masacres”, señala la litigante.
Este artículo fue publicado originalmente en La Lista
