La mayoría de los perpetradores son elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), es decir, de la propia autoridad encargada de impartir justicia en la entidad
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dio a conocer que de enero del 2019 a marzo del 2020 documentaron más de 40 casos de tortura en el estado de Chiapas.
Rubén Moreno Méndez, abogado del Frayba, informó que del total de casos, 26 ocurrieron en el marco del sistema penal acusatorio, el cual no ha erradicado esta práctica sistemática de violación a los derechos humanos, siendo la mayoría de los perpetradores elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), es decir, de la propia autoridad encargada de impartir justicia en la entidad.
En octubre de 2019, Moreno Méndez recordó que la Fiscalía informó que en el año 2018 abrieron carpetas de investigación por el delito de tortura, de las cuales 26 se encontraban en trámite y de ellas solamente una se vinculó a proceso.
«En ninguna hay sentencia a perpetradores, lo cual evidencia la lentitud e ineficacia en el combate a la impunidad», informó en conferencia de prensa.
El abogado manifestó que los datos proporcionado por la FGE fueron dados por petición del Frayba mediante oficio para acceder al derecho a la información pública, donde dieron a conocer que de 23 solicitudes de dictámenes médicos en el marco del Protocolo de Estambul, únicamente se habían practicado tres.
Por su parte, agregó que el 23 de enero de 2020 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que de 39 solicitudes solamente se aplicó un protocolo.
El abogado mencionó que el ejercicio fiscal 2019, la Fiscalía Antitortura de la FGE obtuvo un presupuesto de ocho millones 143 mil 304 pesos y 58 centavos para su operación y funcionamiento, sin que hasta el día de hoy se demuestren avances significativos.
«Esta falta de formación, capacitación y concientización de los funcionarios y servidores públicos del actual sistema judicial, mantiene los patrones de falta de justicia a víctimas de Tortura a quienes se estigmatiza y criminaliza. En la carga de la prueba se continúa con la práctica inquisitiva en donde a los presuntos culpables y a las víctimas no se les garantiza la protección y el respeto de los derechos humanos», comentó durante conferencia de prensa virtual.
A lo anterior, precisó que la procuración de justicia es una actividad esencial, pero que en Chiapas se retrasa e impide el incumpliendo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
