Debido a una demanda ciudadana que denuncia un “exceso” del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, se suspendió provisionalmente el proceso electoral para elegir magistrados. ¿No serán los jueces quienes están excediéndose?
Aquínoticias Staff
Una reciente decisión judicial ha generado un freno inesperado en el proceso de reforma al Poder Judicial de México, marcando un punto de tensión entre los poderes del Estado. La juez federal Grissell Rodríguez Febles, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán, otorgó una suspensión provisional que obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a detener el proceso electoral judicial correspondiente al periodo 2024-2025. Esta decisión, que impacta la elección de jueces, magistrados y ministros, también afecta al Senado de la República, al ordenar la suspensión de la convocatoria para integrar las listas de candidatos a estos cargos.
El origen de este fallo se encuentra en una demanda de amparo promovida por Leoncio Paisano Arias, un ciudadano que argumenta que el proceso legislativo que dio lugar al decreto de reforma al Poder Judicial vulnera el equilibrio entre los poderes de la Unión. Según Paisano Arias, la reforma impulsada por el Poder Legislativo es irregular, ya que excede las competencias del Congreso, poniendo en riesgo los principios fundamentales de autonomía e independencia del Poder Judicial.
El contexto de esta decisión judicial se inserta en un panorama político complejo. La reforma, promovida por actores políticos afines a la Cuarta Transformación, ha sido vista por algunos como un intento de democratizar la elección de jueces a través del voto popular. Sin embargo, este cambio también ha suscitado fuertes críticas, pues implica cesar a los jueces actuales sin un procedimiento previo, y además elimina requisitos clave como la experiencia técnica, comprometiendo la imparcialidad y el profesionalismo en la impartición de justicia.
Para entender la magnitud de esta controversia, es fundamental considerar los principios que están en juego. La autonomía e independencia judicial son pilares esenciales para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al modificar la forma en que se eligen jueces y magistrados, se corre el riesgo de politizar un poder que, por naturaleza, debe mantenerse separado de las dinámicas partidistas. En palabras de la juez Rodríguez Febles, el decreto de reforma «desatiende, sin duda, las garantías de autonomía e independencia judicial».
Además, la suspensión afecta no solo al INE y al Senado, sino también a la Cámara de Diputados y a los congresos locales, quienes deberán frenar cualquier intento de adecuar las leyes federales y reformar las constituciones estatales para hacer compatibles estas modificaciones con el marco legal vigente. Esto pone en pausa un proceso que, de implementarse, tendría un impacto directo en el acceso a la justicia para millones de mexicanos, quienes dependen de un sistema judicial que actúe con independencia y sin presiones externas.
La reacción ante esta suspensión provisional ha sido inmediata. Si bien las autoridades federales tienen la opción de impugnar la resolución para que el caso sea revisado por un tribunal colegiado, la decisión de primera instancia ya ha encendido el debate público sobre los límites de la reforma judicial y los posibles peligros de debilitar la independencia de los jueces.
Este conflicto pone de manifiesto una de las tensiones más recurrentes en los sistemas democráticos: el delicado balance entre la necesidad de reformas para modernizar las instituciones y el riesgo de politizar aquellas estructuras que deben operar con neutralidad. La reforma al Poder Judicial propuesta por el Legislativo ha sido criticada por sectores académicos, jurídicos y de la sociedad civil, quienes advierten que una elección de jueces por voto popular podría socavar su imparcialidad. Además, la eliminación de requisitos técnicos y la falta de un proceso adecuado para cesar a los jueces actuales parecen constituir medidas regresivas, contrarias al avance democrático que se ha logrado en las últimas décadas.
La independencia judicial ha sido una de las conquistas más importantes en la consolidación del estado de derecho en México, un país que, con frecuencia, ha visto cómo la corrupción y la politización afectan a sus instituciones. La capacidad de los jueces de actuar sin injerencia política es una garantía indispensable para que los ciudadanos confíen en el sistema de justicia. De acuerdo con estadísticas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 74% de los mexicanos considera que los jueces deben ser seleccionados por méritos y experiencia, en lugar de mediante procesos que puedan estar influenciados por la opinión pública o intereses políticos.
Por otro lado, los defensores de la reforma señalan que democratizar la elección de jueces podría abrir espacios de participación ciudadana y acabar con el elitismo en el Poder Judicial, el cual ha sido percibido como una institución lejana a los problemas reales de la población. No obstante, las estadísticas sobre confianza en el sistema de justicia reflejan una percepción negativa: solo el 30% de los ciudadanos confía en que los tribunales actúan de manera imparcial, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El desenlace de este conflicto aún está por definirse. Si el fallo de la juez Rodríguez Febles es confirmado por instancias superiores, el proceso de reforma judicial podría quedar congelado indefinidamente, lo que abriría un espacio para el debate público y político sobre el futuro de la justicia en México. En caso de que se revoque la suspensión, el Senado y los congresos locales podrían retomar el proceso, lo que probablemente intensificaría las críticas y la polarización en torno a la reforma.
La resolución del caso será clave no solo para el futuro del Poder Judicial, sino también para la estabilidad política del país en el contexto de las elecciones de 2024.
Con información de La Jornada
