Activistas denuncian que, durante el sexenio pasado, el tráfico de personas operó con total impunidad en la frontera sur de México. Piden a las nuevas autoridades atacar las raíces del problema, «caiga quien caiga»
Aquínoticias Staff
La frontera sur de México, colindante con Guatemala, se consolidó como un epicentro del tráfico de personas durante el sexenio anterior, operando bajo una alarmante impunidad que activistas denuncian como resultado de complicidades institucionales.
Luis García Villagrán, defensor de derechos humanos y observador del fenómeno migratorio, afirmó que durante el gobierno pasado no se reportaron detenciones significativas de traficantes de personas en la región, a pesar de las denuncias constantes. “Justicia tardía es injusticia. La ausencia de acción permitió que las redes delictivas prosperaran y se expandieran con el amparo de autoridades que miraron hacia otro lado”, denunció.
Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, señaló que la dinámica migratoria en la frontera sur ha evolucionado drásticamente, dejando atrás la figura del “coyote” tradicional para dar paso a estructuras criminales organizadas que controlan todo el flujo migratorio.
“Hoy, entre el 70 % y el 80 % de la migración en esta zona es traficada por grupos criminales. Los migrantes no pueden caminar en paz; son marcados como mercancía. Es una industria multimillonaria construida sobre el sufrimiento humano”, declaró Mujica.
Ambos activistas coinciden en que el arribo de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha traído consigo operativos que, aunque incipientes, representan un avance significativo. Sin embargo, insisten en la necesidad de desmantelar las redes desde su raíz.
“Estos esfuerzos deben ir más allá de los operativos de contención. Hay que llegar hasta los políticos y funcionarios que facilitaron esta operación. Recuperar el control de la región implica enfrentarse a la corrupción que la entregó al crimen organizado”, afirmó García Villagrán.
El activista Mujica reconoció el papel de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Marina y la Guardia Nacional en los esfuerzos recientes contra el tráfico de personas, pero advirtió que las acciones deben ser integrales. “La seguridad no puede estar divorciada de la justicia social. Las estrategias deben restaurar no solo la seguridad, sino también la dignidad de los migrantes y los chiapanecos”, enfatizó.
En una región marcada por el temor y la inseguridad, los recientes avances aún son insuficientes para generar confianza plena entre los habitantes y las personas en movilidad. “El miedo sigue latente. Es hora de que las estrategias realmente transformen la región. No podemos permitir que esta frontera siga siendo un corredor de impunidad”, concluyó García Villagrán.
Con información de Diario del Sur
