Por Rosy Urbina*
“¿Por qué esa mirada? ¿Por qué guarda distancia?”, pregunté sorprendida por el semblante de una pequeña de no más de 10 años que conocí en el albergue temporal para familias en movilidad “La Perla del Soconusco», en 2022, cuando fui alcaldesa de Tapachula.
La respuesta a esas preguntas golpeó fuerte en mi corazón y ha retumbado en mi mente hasta estos días. “Fue violada mientras transitaba desde su país de origen al nuestro”, me dijeron.
“¿Y ella? ¿Cuál es su historia?”, pregunté por otra menor que me tomó de las manos y feliz me dio a conocer unas manualidades que había hecho. La respuesta fue igual de abrumadora: “Ella fue testigo de cómo privaron de la vida a su mamá”.
La manera en la que estas pequeñas procesaban esos traumas era diferente; sin embargo, ambas se encontraban afortunadamente en un espacio seguro y con la atención adecuada para su situación. Los albergues y centros de apoyo a población en situación de movilidad deben ser un respiro, sitios en los que las personas migrantes encuentren servicios y apoyo en casos de violencia o violación de sus Derechos Humanos.
Sin embargo, la situación es alarmante y responde en parte a la falta de capacidades para atender la situación: los flujos migratorios aumentan y las solicitudes de asilo disminuyen.
Entre enero y junio de este año el flujo migratorio irregular se triplicó, pasamos de 242 mil 928 a 712 mil 222 personas en situación de migración irregular; en cambio las solicitudes de asilo se redujeron a la mitad, después del récord de 113 mil 117 en 2023, según datos de la Secretaría de Gobernación. Esto quiere decir que la crisis humanitaria que actualmente se vive en la frontera sur requiere tres veces más de todos nosotros.
Historias como las de estas dos pequeñas no pueden ocurrir ante nuestra indolencia e inacción. Por eso, debemos apuntalar la red de centros y albergues que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) mantienen con apoyo de gobiernos locales y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ONU Migración y Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Cada quien desde nuestras trincheras, unos legislando y gestionando, otros exigiendo y velando por la integridad de nuestros hermanos migrantes.
Un faro en esta tempestad es la política humanitaria de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, enfocada en la creación de empleos para connacionales y nuestros hermanos migrantes, así como el fortalecimiento de la red de servicios para personas en movilidad. Un ejemplo de esto es el Centro Multiservicios en Tapachula que abrirá sus puertas en 2025 para atender a mil 500 personas diarias. Este esfuerzo se logró con la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el apoyo del ACNUR, y su operación estará a cargo de la COMAR. Estemos atentos a su inicio de operaciones.
*Diputada federal por Morena
