Una ola de exmandatarios estatales cargan con acusaciones y legisladores de oposición se manifestaron preocupados por la parálisis de las autoridades de procuración de justicia
Agencias
[dropcap]D[/dropcap]iputados y senadores acusaron al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y a la otrora Procuradora General de la República (PGR) Arely Gómez González de proteger a los exgobernadores del partido del Gobierno, el Revolucionario Institucional (PRI).
Un caso que ha servido de ejemplo es el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, consideró el Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rafael Hernández Estrada.
El 19 de septiembre la PGR atrajo una investigación de la Fiscalía local por enriquecimiento ilícito en contra del exfuncionario.
Duarte de Ochoa pidió licencia para separarse de su cargo el 12 de octubre con el argumento de que se dedicaría a atender las denuncias en su contra. Y siete días después, cuando un Juez giró una orden de aprensión, su localización fue imposible.
Hernández sostuvo que tanto Osorio Chong, como Gómez, se reunieron en privado con Duarte en medio de las acusaciones que le perseguían; el primero en una junta llevada a cabo horas antes de pedir licencia con el Secretario y la segunda el 24 de junio.
El 17 de octubre el Gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares denunció que Duarte había huido de la entidad a bordo de un helicóptero concedido por el Gobernador interino Flavino Ríos.
El Diputado Jorge López Martín, del PAN, apuntó que el encubrimiento fue claro: «Ahora vemos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no entrega los planos de vuelo de las aeronaves que utilizó Javier Duarte para su fuga pactada con el Gobierno».
Hace unos días, el padre Alejando Solalinde, líder de luchas de derechos humanos en el país, aseguró tener información sobre el prófugo. Dijo que el Gobernador con licencia estaba escondido «en el rancho de su suegro», ubicado cerca de la comunidad de Villaflores, Chiapas.
Después acusó al Presidente Enrique Peña Nieto, a la PGR y al Gobernador priista/verde Manuel Velasco de protegerlo.
Pese a que las autoridades de la PGR aseguraron que fueron y no encontraron a nadie, la posibilidad de que Duarte estuviera en el estado fronterizo se hizo más latente después de que un sujeto fuera detenido en el aeropuerto de Tapachula portando un pasaporte falso con la fotografía del Gobernador.
Frente a la justicia
El exgobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, quien también era prófugo de la justicia por cargos en su contra de realizar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, se entregó el 11 de noviembre.
La Diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano Candelaria Ochoa Ávalos se manifestó pesimista sobre el resultado de este proceso penal: «Yo no creo que lo vayan a procesar, creo que tienen todo organizado para que salga libre, sería muy difícil que se hiciera justicia, ojalá».
La razón de la desconfianza, dijo, se debe a los acuerdos que hay entre el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN, del cual Padrés era afiliado). Un pacto de impunidad para que no se persiga a los gobernadores corruptos, explicó.
La PGR inició en septiembre pasado las investigaciones y el 14 de octubre la Organización Internacional de Policía Criminal emitió una ficha roja para localizar y detener al exgobernador de Sonora.
Desterrado de las filas del PAN tras las acusaciones, Padrés se entregó voluntariamente a las autoridades. Pero las detenciones también abarcaron a su hijo, Guillermo Padrés Dagnino.
Tanto la esposa del exmandatario, Iveth Dagnino, como el PAN, han señalado que la detención del joven fue una medida de coacción para «doblar» al exmandatario.
«Lo que hizo el PRI fue tratar de igualar los cartones. Había muchas denuncias en contra de Gobernadores del PRI, y dijeron vamos a denunciar a los del PAN. Pero hay que decir honestamente que en Sonora el exgobernador considera que él no se prestó a ningún tipo de asociación delictuosa», dijo el Senador del PAN Jorge Luis Preciado Rodríguez.
De acuerdo con el diario Reforma, Padrés conformó una red de funcionarios y empresarios para lavar 8.8 millones de dólares a través de 25 compañías, particulares y dependencias de la entidad.
Exgobernadores del PRI
Desde septiembre de 2014 pesa sobre César Duarte Jáquez, priista exgobernador de Chihuahua, una denuncia ante la PGR por peculado, enriquecimiento ilícito, y uso indebido de atribuciones y facultades.
El actual Gobernador Javier Corral Jurado ha dicho que, además de llevar a la cárcel al exgobernador, es necesario recuperar los recursos de las arcas de la entidad que hayan sido desviados.
«Hay una corresponsabilidad indiscutible del Gobierno federal en la quiebra financiera y de caja de varias entidades federativas, por lo que resulta verdaderamente grotesco que la Secretaría de Hacienda salga y diga que no las rescatará», dijo Corral Jurado a SinEmbargo en días recientes.
La denuncia en contra de Duarte fue interpuesta por el abogado Jaime García Chávez debido a la compra de acciones del exmandatario y su esposa en la creación del Banco Progresa.
Otro exgobernador del PRI es Roberto Borge Angulo, exmandatario de Quintana Roo, quien arrastra una denuncia penal en la PGR presentada por su sucesor Carlos Joaquín González (ganador por la alianza PAN-PRD) que lo acusa de presuntamente vender 9 mil 500 hectáreas de terrenos del Estado a precios inferiores.
«Vemos como estos personajes venden el patrimonio nacional de todos los mexicanos como se les antoje», dijo Hernández.
En Tamaulipas el exgobernador Egidio Torre Cantú recientemente ha sido señalado por un candidato independiente, Francisco Chavira Martínez, de contar con una mansión de 340 millones de pesos en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Por otro lado, se hayan los aún gobernadores que han sido denunciados, como sucede en Coahuila con Rubén Moreira Valdez, quien fue denunciado por peculado por parte del Senador del PAN Luis Fernando Salazar Fernández.
El 8 de noviembre el partido blanquiazul presentó un punto de acuerdo en la cámara alta para exhortar al Gobernador Rubén Moreira a pedir licencia y esclarecer lo sucedido con una red de 13 empresas fantasma que se presume recibieron 178 millones de pesos en adjudicaciones durante su administración.
López Martín apuntó que en México la justicia tiene los colores del PRI. Por qué las peticiones de dar seguimiento a una serie de irregularidades cometidas por los exgobernadores recaerán sobre el nuevo Procurador Raúl Cervantes Andrade, a quien la oposición exigirá cuentas.
FRASE
«Hay una corresponsabilidad indiscutible del Gobierno federal en la quiebra financiera y de caja de varias entidades federativas, por lo que resulta verdaderamente grotesco que la Secretaría de Hacienda salga y diga que no las rescatará» Corral Jurado
