La gobernabilidad no es un atributo estático del Estado, sino un proceso dinámico que implica el equilibrio constante entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta de las instituciones. Como señala el politólogo Manuel Alcántara, esta puede definirse a partir de la estabilidad institucional y la eficacia en la toma de decisiones. No obstante, en el México contemporáneo, este concepto se pone a prueba no sólo en las urnas durante cada proceso electoral, sino también en la capacidad del Estado para mantener el monopolio legítimo de la fuerza.
La reciente detención de Nemesio Oseguera Cervantes es un hito en la estrategia de seguridad de la actual administración federal, a todas luces distinta a la del sexenio anterior. Sin embargo, este hecho también exhibe las fragilidades inherentes a la gobernabilidad democrática. En este contexto, es claro que la gobernabilidad descansa sobre tres pilares fundamentales: legitimidad, eficacia y estabilidad.
El gobierno mexicano asestó un golpe a la cúpula de una organización criminal de alcance transnacional como lo es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Por su amplia distribución territorial y sus recursos, era previsible una reacción violenta, la cual no debe interpretarse como un desafío de corte policial, sino uno directo a la gobernabilidad propia del Estado.
Los bloqueos, ataques a instalaciones civiles, la parálisis de actividades económicas, la suspensión de clases en todos los niveles educativos, la quema de vehículos y la difusión de información falsa por medio de espacios patrocinados por el crimen, tras la captura, evidencian que el narcotráfico compite con la autoridad formal en la imposición de su ley.
Si la detención fue exitosa, la contención de las reacciones violentas no lo fue tanto. Por momentos, el Estado perdió la capacidad de garantizar el orden básico, dejando a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad que debilita el contrato social.
La captura de un objetivo prioritario, aunque relevante para el combate de los grupos delincuenciales, debe ir acompañada, como se ha señalado con insistencia, del fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia, de políticas de desarrollo y crecimiento económico, y de capacitación de las áreas de inteligencia civil y militar. Hay que decirlo, también, con claridad: entregar ayudas económicas directas a la población, aunque importante, no es un elemento que, por sí mismo, disuada por completo la decisión de engrosar las filas del crimen.
Para que este tipo de acciones se traduzcan en avances reales para la gobernabilidad, el Estado debe pasar de la reacción táctica a la consolidación institucional. No basta con descabezar estructuras criminales; es imprescindible robustecer las fiscalías y los gobiernos locales que, a menudo, representan el eslabón más débil frente a la cooptación delictiva.
El Estado debe mostrar que posee el monopolio de la violencia física legítima y, con ello, de la gobernabilidad. El imperio de la ley está por encima de la fuerza bruta.
