En teoría, ésta buscaría garantizar mayorías estables para un efectivo ejercicio de gobierno y abonaría a una mayor gobernabilidad; no obstante, hay quienes afirman que su incorporación al sistema político mexicano busca inhibir un auténtico bloque opositor
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]I[/dropcap]mpulsar un amplio frente opositor junto a otras fuerzas políticas como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para desterrar del poder al Revolucionario Institucional —tal como el exgobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, propuso en su reciente visita a Chiapas—, suena a una aproximación a la transición política que llevaría a un gobierno de coalición en México. No obstante, que se dé en el ámbito electoral no es garantía de continuidad del proyecto en lo gubernamental.
La investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Gabriela Guadalupe Valles Santillán, lo explicó en su tesis denominada «El Gobierno de Coalición en México».
Menciona que las coaliciones electorales son uniones temporales, de cara a procesos electorales, que surgen de convenios celebrados entre dos o más partidos políticos que se da en el terreno tanto federal como estatal, con la finalidad de postular los mismos candidatos a cargos de elección popular.
En cambio, en un gobierno de coalición, «los procesos de negociación comienzan después de que los votos se han contado». Es decir, mientras que las coaliciones electorales se dan antes de los comicios, las gubernamentales suceden después; y mientras que las primeras pueden disolverse o ser fugaces, en el caso de las segundas deben mantenerse toda la administración.
«En la coalición electoral, éste se circunscribe exclusivamente a obtener un triunfo electoral, mediante la postulación de una serie de candidatos comunes a los partidos coaligados. Optar por un gobierno de coalición, va más allá de un mero acuerdo para obtener un triunfo electoral (…) signar un convenio de gobierno de coalición significa que las fuerzas políticas, y el mismo presidente de la República, asumen con responsabilidad una serie de compromisos que tienen más bien que ver con una agenda de gobierno efectivo y políticas públicas», que puede perdurar la totalidad de un sexenio, comenta la experta.
¿A qué responde?
Mientras que el sistema de coaliciones electorales se ha desarrollado en el orden federal y en el ámbito de las entidades federativas durante las últimas dos décadas, la investigadora aclara que en el caso del gobierno de coalición se trata de figura instaurada apenas hace tres años (en febrero de 2014) en el sistema jurídico mexicano con la reforma constitucional, en materia político-electoral.
Tras la introducción de este cambio, en la Constitución se contempla la opción de este tipo de gobierno previa elaboración de un convenio y un plan o programa afín «progobierno», pactados por el jefe del Ejecutivo y los partidos políticos que en ellos intervengan, «sometidos posteriormente a la aprobación definitiva de la mayoría de los miembros del Senado».
¿Pero a qué obedece la aparición de esta figura? A una debilidad de la eficacia política, la incapacidad de llevar a la práctica el programa político propio del partido ganador, asentó la investigadora en su tesis.
Ante ese panorama, se fragua la necesidad de acudir a estrategias interpartidistas hacia el interior del mismo órgano legislativo, o bien, a la adopción de relaciones directas o indirectas entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Valles Santillán incluso cita al fallecido Alonso Lujambio, que fue consejero del antes Instituto Federal Electoral. Parafraseando al panista, refiere que un gobierno dividido gana siempre en representatividad y pierde en eficacia; es decir, la ciudadanía puede estar mayor representada en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero eso no se traduce siempre en eficiencia de acciones porque «la toma de grandes decisiones […] pasa por muchos filtros y se vuelve lenta».
En ese contexto es que el gobierno de coalición representa una alternativa preventiva para evitar la debilidad de la eficacia política; no obstante, advierte, que de no seguirse a cabalidad, «con compromiso y disciplina» el contenido del programa de gobierno pactado, podría obtenerse un resultado contrario al planeado.
Caso Chiapas
Tras las reformas efectuadas a la Constitución Política del Estado de Chiapas, se incluyó la figura de gobiernos de coalición en la legislación actual, mediante el decreto 160 publicado en el Periódico Oficial del estado.
En información parlamentaria, el Congreso del Estado de Chiapas explicó que la reforma constitucional federal expresaba como justificación para la inclusión de esta figura que el sistema presidencialista mexicano creó la imagen de un Ejecutivo fuerte y unipersonal; «no obstante, la adopción de esta figura no abona a un desempeño eficiente de la democracia, pues lejos de construir consensos se menoscaba la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo».
Con la reforma, se pretende integrar una mayoría gobernante fundada en la cooperación entre Legislativo y Ejecutivo, sin transgredir la esfera jurídica del otro. «Propone el cambio de paradigma del anterior régimen presidencialista hacia un presidencialismo parlamentarizado»; de esa manera, en un gobierno de coaliciones hay un Ejecutivo que depende del convencimiento de las fracciones parlamentarias —que servirían de contrapesos— que se adhieran a su plan de gobierno.
Se aclara que el Ejecutivo fortalecerá de forma institucional su mandato o construirá una mayoría gobernante, con la integración de un gobierno de coalición, cuando la situación social y política lo reclame; de esa forma, los integrantes del Gabinete —elegidos a partir de un consenso previo con las fuerzas políticas que puedan respaldar al Ejecutivo— serán ratificados por el Congreso.
Sin embargo, en la copia simple del periódico oficial referido (que data del 19 de abril pasado), versión descargable, no se menciona en ningún apartado el contenido propio de la reforma implementada, en concordancia con el mandato federal.
Hipotéticos escenarios
Para el columnista Édgar Hernández, habría qué reparar en el hecho de que esta reforma a la Constitución no surgió de una exigencia social o de la oposición, sino del grupo gobernante y su extensión en el Poder Legislativo. Levanta suspicacias porque no obedece a una demanda de la ciudadanía.
En su entrada para Chiapas Paralelo, publicada en septiembre de 2016, opina: «Todo parece indicar que la idea de elevar la coalición a nivel constitucional estaría pensada más en función de los intereses de sobrevivencia del partido en el poder que como una auténtica aportación democrática».
Enfatizó el hecho de que en la actualidad hay pluralidad de representación en el Congreso local, lo que —en coincidencia con lo advertido por Valles Santillán— no se ha traducido en mayor efectividad legislativa ni mayor gobernabilidad, así que «formalizar la obligatoriedad de esa pluralidad partidista en la administración pública» mediante la figura de gobierno de coalición, no se traduciría en un gran aporte para democracia, consideró.
Explicó que el ejemplo de correcto funcionamiento de esta forma de gobierno está en los gobiernos europeos, más estables con un sistema parlamentario independiente del Ejecutivo, inexistente en la realidad chiapaneca.
Por último, deduce que la propuesta del gobierno de coalición podría estar diseñada con dos propósitos estratégicos: desincentivar la formación de una alianza opositora, o conservar cotos de poder.
En el primer caso, habló de un hipotético escenario donde el Partido Verde Ecologista de México vaya con candidato propio y sin el PRI. «Para garantizar su triunfo estaría obligado a formar un frente de partidos, a los cuales atraería con la carnada del gobierno de coalición y trataría de incluir a Chiapas Unido, Mover a Chiapas, Panal y posiblemente al PAN o al PRD, debilitando así la creación de un fuerte polo opositor».
En el segundo caso, para lo que habría igualmente una hipotética eventual derrota del Verde en una votación cerrada que lo deje en el segundo lugar, ese partido «se adjudicaría la cartera de la Secretaría de Gobierno, el espacio que por lógica debería cederse a la segunda fuerza política del estado en el esquema del gobierno de coalición. Desde ahí podría proteger sus intereses y seguir controlando varios hilos del poder desde su estatus de partido opositor».
Más que una propuesta de solución a los problemas de gobernabilidad del estado, el gobierno de coalición sería una táctica de perpetuación de poderes fácticos encumbrados, cuyo principal riesgo es representado por el mismo gobierno estatal. «… aquí sigue siendo el gobernador el que controla la vida interna de los partidos y hasta la propia Cámara de Diputados. Por lo tanto, si no hay una oposición real ni la posibilidad de que los partidos apliquen su programa de gobierno en el espacio de poder que le corresponda, la instrumentalización del gobierno de coalición se convertiría en un simple reparto de cuotas de poder», vislumbró el columnista.
