Funcionarios estatales y el propio mandatario local destacan la corrresponsabilidad del Gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no frenó ni advirtió en la entidad lo que hoy es una situación de desfalco y cuya falta de liquidez amenaza con paralizar actividades
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]uego de que el Gobierno del priísta César Duarte Jáquez dejara en Chihuahua una deuda por más 42 mil millones de pesos y un déficit por otros 7 mil 200, la Presidencia de Enrique Peña Nieto recortó a menos de la mitad los recursos ofrecidos a la nueva administración del panista Javier Corral Jurado.
Datos obtenidos en el Gobierno estatal indican que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) había ofrecido 900 millones de pesos para que Corral Jurado enfrentara las obligaciones del cierre de la administración anterior. El pasado viernes, sin embargo, el Subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, redujo el ofrecimiento a sólo 423 millones de pesos.
El Secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, dará a conocer hoy en conferencia de prensa detalles sobre la generación del déficit de más de 7 mil 200 millones de pesos encontrados en las finanzas públicas; cantidad superior a los 2 mil 500 millones de pesos que esperaba encontrar el nuevo Gobierno estatal y que, informó el funcionario, eran los establecidos en los compromisos de la «reestructura» de la deuda del estado.
El Gobierno anterior, indican los datos de la administración entrante, ocultó deudas, contrató empresas sin acreditar la entrega de los bienes o servicios y, entre otros compromisos, generó uno por mil 300 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con lo que ha reportado Corral a los medios de Chihuahua, la situación financiera heredada por Duarte Jáquez puede ser calificada de «desfalco» y ha puesto en riesgo incluso la dotación de gasolina para el parque vehicular de la Fiscalía General del Estado, justo en un periodo de aumento de la violencia en aquella entidad fronteriza.
En este «desfalco», ha señalado también el nuevo Gobierno panista, Peña Nieto tiene «corresponsabilidad» debido a que la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Luis Videgaray Caso, debió haber vigilado que Duarte Jáquez no rebasara el nivel de déficit que le ordenaba la reestructura de su deuda.
Pese a esta «corresponsabilidad» federal en la situación financiera de Chihuahua, sin embargo, la SHCP de Peña Nieto –ahora a cargo de José Antonio Meade– sostiene su negativa para enviar los recursos solicitados para el cierre de los compromisos del sexenio pasado.
Fuentes Vélez explicó que el déficit de más de 7 mil millones de pesos significa una violación a los términos del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152.
Este fideicomiso, de acuerdo con un listado de los créditos adquiridos a su amparo y contenido en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2016 del Estado de Chihuahua, permitió al ex Gobernador priísta obtener once préstamos por un total de 19 mil 725.1 millones de pesos; estos, adicionales a 23 mil que había acumulado hasta 2012.
La participación de Evercore –antes llamada Protego– aparece en los decretos oficiales del Estado de Chihuahua que dieron inicio a la tramitación de los diferentes créditos de Duarte.
De acuerdo con Fuentes Vélez, más que la empresa privada de Aspe, la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Fideicomiso era de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP; unidad a cargo de la funcionaria Marcela Andrade Martínez –también ex empleada de Evercore.
El nuevo titular de la Hacienda chihuahuense explicó también que en las reuniones en las que se ha planteado este incumplimiento de parte de Duarte al Fideicomiso Evercore, la oficina a cargo de Andrade ha explicado que la Federación partió «de la información que el Gobierno anterior (de Chihuahua) le daba».
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La Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Luis Videgaray Caso, debía haber vigilado que Duarte Jáquez no rebasara el nivel de déficit que le ordenaba la reestructura de su deuda, volviéndola corresponsable del problema
