Elementos policiales hicieron uso excesivo de la fuerza contra una mujer, por lo que el gobierno de México tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia para la familia de Victoria, aseguraron agencias internacionales
Redacción Cimac Noticias
Ciudad de México. Agencias internacionales de Derechos Humanos condenaron el asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza ocurrido la tarde del sábado en Tulum, Quintana Roo, cometido por policías estatales y llamaron a las autoridades mexicanas a realizar una investigación pronta e imparcial y en línea con los estándares de Derechos Humanos, como el Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
«Recordamos que el Estado mexicano ha asumido importantes obligaciones y compromisos en materia de defensa y protección de los derechos humanos, y que cuenta con un marco normativo nacional que explícitamente establece que las instituciones de seguridad deberán contar con protocolos y procedimientos de actuación, incluido el uso de la fuerza, que tenga perspectiva de género y protejan los derechos humanos, y que sus elementos deberán estar adecuadamente capacitados para su implementación», puntualizó Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México.
El representante de la ONU-DH en México, Guillermo Fernández-Maldonado, afirmó que «la trágica y prevenible muerte de la Sra. Salazar Arriaza a manos de las fuerzas del orden, es una muestra de la urgencia de implementar plenamente protocolos de actuación alineados con los estándares internacionales en la materia, con una perspectiva de género. Para éste y otros casos atribuidos a agentes de la entidad, la rendición de cuentas debe implicar un cambio profundo y estructural en la interacción de la policía con la población».
Para la representante de OIM en México, Dana Graber, esta muerte representa un caso de doble discriminación por el hecho de ser mujer y por su condición de persona migrante, al tiempo que es urgente fincar responsabilidades e implementar medidas de no repetición.
El representante Adjunto de ACNUR en México, Giovanni Lepri, enfatizó la situación de refugiada de la víctima: «ante los riesgos en su país de origen, la Sra. Salazar había sido reconocida como refugiada en México. Resulta preocupante su asesinato, la muerte de la Sra. Salazar es más grave aún al haber sido cometida por elementos de la policía local. Hacemos un llamado a las autoridades a llevar a cabo una investigación imparcial sobre estos lamentables hechos», comentó.
De acuerdo con estas instancias, Victoria Salazar era de nacionalidad salvadoreña, madre de dos niñas menores de edad y vivía en México como refugiada.
Las Agencias firmantes llaman a las autoridades municipales y estatales de Quintana Roo a adoptar las medidas necesarias para prevenir la repetición de este tipo de hechos, a través de la garantía de una actuación policial apegada a los estándares internacionales en la materia y la plena rendición de cuentas por sus acciones, así como la efectiva atención de las numerosas quejas contra policías que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha registrado y las recomendaciones que ha emitido al respecto.
En tanto, la Comisión de Igualad del Senado de la República rechazaron la brutal violencia cometida contra Victoria Salazar así como el tratamiento que se hizo del cuerpo. Hicieron un llamado a la Fiscalía de Quintana Roo y al poder judicial para que garanticen justicia pronta y expedita y cero impunidad a los responsables de los hechos.
Al Estado mexicano le exigieron cumplir con las recomendaciones internacionales que se le han hecho para capacitar a las fuerzas policiales y a los operadores de justicia en perspectiva de género y derechos humanos.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civiles como la Coordinadora Socialista Revolucionaria, Feministas con voz de maíz y Colectiva Voces Feministas en Aquelarre, se unieron a la demanda colectiva de justicia.
Señalaron que éste no es un caso aislado en la entidad y recordaron que en noviembre del año pasado durante las manifestaciones feministas para condenar diversos casos de feminicidio, fueron reprimidas por la policía quien disparó en varias ocasiones para dispersar la manifestación.
«Quintana Roo no es un lugar seguro para las mujeres.
Este crimen ocurre en un país donde el machismo y el patriarcado están institucionalizados en todos sus niveles. Evidencia clara de ello es que al día son asesinadas diez mujeres, cuyos casos son dejados en la impunidad por las instituciones encargadas de impartir justicia»
«Las instituciones de seguridad pública en Quintana Roo y en todo México han demostrado una y otra vez su ineficacia y corrupción.
La policía mexicana se conduce por valores clasistas, xenofóbicos y misóginos. La policía no salvaguarda a la sociedad; al contrario, nos amenaza, intimida y asesina», concluyeron en el comunicado.
La directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) Gretchen Kuhner, dijo a Cimacnoticias que aún falta mucha información para conocer a detalle las circunstancias de este feminicidio; sin embargo, lo que se sabe, dijo, es que elementos policiales hicieron uso excesivo de la fuerza contra una mujer, por lo que el gobierno de México tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia para la familia de Victoria. Esto implica, agregó, identificar las necesidades específicas de su familia y facilitarles, por ejemplo, que su madre pueda viajar y estar en México mientras se investigan los hechos.
