Partamos del hecho que no es lo mismo tener la posibilidad; incluso, la probabilidad, de ocupar un cargo público a estar efectivamente en él. Los grupos en condición de vulnerabilidad han buscado, con esfuerzo y modificaciones legislativas, los medios para superar las barreras que los separan de los espacios de toma de decisiones. En particular, las mujeres, con organización y lucha se han abierto paso en un mundo político configurado en masculino.
En 2024, México tiene a la primera presidenta y, desde el sexenio anterior, existe la “paridad en todo” que mandata la integración en igual número, entre mujeres y hombres, de poderes federales y locales y de los organismos constitucionales autónomos.
La presencia y participación femenina en política, ¿tiene efectos para la sociedad?, ¿hay diferencia cuando gobiernan las mujeres en lugar de los hombres? De acuerdo con ONU Mujeres, cuando hay una representación femenina efectiva y real, la posibilidad de impulsar agendas que lleven a mejores sociedades (con mayor igualdad, instituciones inclusivas y mecanismos democráticos más robustos) es más alta. Esto es así por la propia experiencia de vida de ellas. La tarea de cuidados y de responsabilidad del hogar está a su cargo, por lo que su visión sobre determinados problemas, sean públicos y privados, es distinta a la que poseen los varones.
Cuando ellas legislan, de acuerdo con los hallazgos de Kendal Funk, Hannah Paul y Andrew Philips publicados en su artículo “Point Break: Using Machine Learning to Uncover a Critical Mass in Women´s Representation”, se impulsan iniciativas para construir sociedades con mayor igualdad a partir de la asignación presupuestal con ese fin. Esto es relevante porque hay evidencia de ello.
Esto ya marca una diferencia frente a gobiernos encabezados por hombres, porque si bien los políticos tienen en su agenda a la igualdad, su posición frente a ese tema o, mejor dicho, frente a la desigualdad no es la misma que la que tienen las políticas o las legisladoras o las activistas.
La discusión sobre si existe un estilo de gobierno distinto cuando las mujeres lo hacen, corre el riesgo de caer en la generación y reproducción de prejuicios, como “las mujeres son menos corruptas” o que ellas son “mejores administradoras”. Las mujeres gobernantes pueden ser corruptas y pueden utilizar el erario de manera irresponsable.
Las mujeres pueden ejercer el gobierno de forma dura o suave; es decir, con el uso de la fuerza pública y la cancelación del diálogo o buscando el acuerdo entre los actores que participan en el sistema. Lo mismo que los hombres. Esta situación plantearía que hay ausencia de diferencias si ellas o ellos son quienes encabezan la función pública. El gran tema, en este renglón, es la forma en que las gobernantes pueden romper el pacto de complicidad que han establecido los varones, el denominado pacto patriarcal, porque este arreglo tácito de encubrimiento, complicidad o anuencia entre miembros de la comunidad biológicamente masculina les ha cerrado las puertas y dificultado los caminos para que ellas –y otros grupos– ingresen a esferas, como el de la política, que les son (¿eran?) vetadas.
Los liderazgos políticos femeninos, para el caso mexicano, son notorios, algunos nombres son: Griselda Álvarez, Beatriz Paredes y Dulce María Sauri, Patricia Mercado, Xóchitl Gálvez, Layda Sansores, Clara Brugada; por supuesto, Claudia Sheinbaum. Cada una, en su papel, unas desde el poder Ejecutivo y otras más desde el Legislativo, han hecho política contra la marea. Si sus nombres son recordados o son protagonistas de la época actual –se coincida o no con ellas–, es resultado de la acción determinada de participar en un ámbito violento en donde han logrado modificar, así sea un poco, las actitudes de quienes ahí se encuentran.
Los desafíos que tienen las mujeres gobernantes a nivel federal, estatal y municipal son mayúsculos y urgentes. Los resultados del gobierno de los hombres están a la vista. Ellas tienen el respaldo, la legitimidad y la capacidad para hacerlo mejor.