El 7 de enero, desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, el presidente electo Donald Trump anunció el cambio de nombre del Golfo de México para llamarlo Golfo de América porque a su juicio, es una denominación muy bella y apropiada. Esa afirmación a todas luces expansionista se suma a las iniciativas de recuperar el Canal de Panamá y la compra de la isla de Groenlandia.
El 20 de enero volvió al tema en el discurso de investidura y horas después de jurar el cargo como presidente, firmó un decreto para “restaurar nombres que honren la grandeza estadunidense”; entre las razones esgrimidas para renombrarlo, es que se trata del golfo más grande del mundo y se reconoce su importancia para la economía de esa nación y su gente. El 24 de enero el cambio se hizo oficial.
Los primeros registros indican que a ese cuerpo de agua se le llamaba Golfo de Nueva España desde 1540 y se le consideró un territorio exclusivo de España durante dos siglos. Cuenta con una extensión aproximada de 1.5 millones de kilómetros cuadrados; además de ser una arteria vital para el comercio internacional cuenta con importantes reservas de gas natural y de petróleo, que puede explicar las pretensiones trumpistas.
Rebautizar el territorio solo tiene efecto en los Estados Unidos cuya Junta de Nombres Geográficos aplicó el mandato de forma inmediata. Lo mismo hicieron las plataformas Apple Maps y Google que decidió actualizar el nombre en sus mapas para las personas usuarias dentro de EU “atendiendo al cambio de fuentes gubernamentales oficiales”.
Como era de esperarse, la unilateral y abusiva decisión generó reacciones. La Presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que su gobierno interpondrá una demanda civil contra Google por adoptar el nuevo nombre y en un hecho sin precedentes, la agencia de noticias norteamericana AP decidió mantener la histórica denominación en sus despachos informativos, una medida que causó la furia de la Casa Blanca que decidió vetar el ingreso a sus periodistas a las conferencias de prensa.
La Presidenta Sheinbaum ha dicho que Golfo de México responde a un proceso histórico como consta en tratados internacionales y afirma que ningún país puede renombrarlo unilateralmente. Al responder a una carta enviada por el gobierno mexicano, Google sostiene que los tratados y convenciones internacionales no establecen la forma en que los proveedores privados de mapas deben designar lugares geográficos, en otras palabras, pueden decidir libremente, lo cual debe llevar a la acción para regular los oligopolios tecnológicos.
Ante ello la Presidenta ha dicho que se procederá en tribunales, una posición que resulta acertada. Debido a que han sido doblegadas las plataformas de las que son dueños Zuckerberg y Musk ante las presiones de Trump, Google decidió seguir el mismo camino para sumarse a la estrategia de propaganda de la Casa Blanca y los afanes de imponer un nuevo orden global.
El mundo no puede estar sujeto a los delirios imperialistas ni a los caprichos de Trump y de su poderoso Club de Toby de magnates tecnológicos. Como tampoco debe una firma renombrar un territorio o una población por encima de lo que establece y protege el derecho internacional. La decisión es arbitraria e injusta y lo peor, muestra la faceta más oscura de un gobernante al que le es indiferente la buena vecindad.
