El Senado aprobó en comisiones la reforma constitucional que otorga a la SSPC facultades de investigación para combatir el crimen organizado y evitar eventos como el “culiacanazo, debido a la captura exclusiva de líderes delictivos
Aquínoticias Staff
En un paso significativo hacia el fortalecimiento de las instituciones civiles en materia de seguridad, el Senado aprobó en comisiones la reforma al artículo 21 constitucional, otorgando facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La medida contó con el apoyo unánime de las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Seguridad, reflejando un consenso poco común entre las fuerzas políticas. Sin embargo, los legisladores de oposición dejaron claro que su respaldo no implica un “cheque en blanco”, y solicitaron salvaguardas que protejan el ejercicio democrático.
El panista Ricardo Anaya Cortés explicó que votó a favor porque la reforma centra su atención en dos aspectos clave: la investigación como herramienta para desmantelar el crimen organizado y la coordinación bajo un mando civil. Destacó que esta ruta es necesaria para pacificar al país, al señalar que “descabezar” a los grupos criminales no es suficiente, pues en muchas ocasiones esto solo agrava el problema. Sin embargo, advirtió que las nuevas facultades de investigación podrían utilizarse para espiar a opositores o periodistas, y pidió que se establezcan mecanismos de supervisión adecuados.
Desde Movimiento Ciudadano, el coordinador Clemente Castañeda Hoeflich expresó preocupación por el nuevo esquema de fiscalización de los fondos de seguridad. A su juicio, permitir que la SSPC audite los recursos destinados a las entidades podría derivar en un uso político de los mismos. Castañeda sugirió que la responsabilidad recaiga en la Auditoría Superior de la Federación para evitar conflictos de interés y garantizar la imparcialidad.
Por su parte, la senadora Beatriz Mojica, de Morena, defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal. En su intervención, señaló que el enfoque actual prioriza la atención a las causas de la violencia, diferenciándolo del enfoque de administraciones pasadas que, en sus palabras, “le apostaron todo a la violencia y a los enfrentamientos directos”. La legisladora afirmó que la situación que se recibió en el país era de “un país en llamas” y que ahora se trabaja para reducir el problema estructural.
La reforma incluye una disposición que permite que los fondos federales destinados a seguridad pública en las entidades sean auditados y vigilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con ello, se busca asegurar que estos recursos se utilicen de manera adecuada, aunque algunos legisladores manifestaron su inquietud ante el riesgo de que esta facultad se convierta en un instrumento de presión hacia los estados.
La reforma de seguridad representa un avance en la estructura de investigación y fiscalización de los recursos de seguridad, promoviendo una mayor rendición de cuentas y control en la estrategia de combate al crimen organizado. No obstante, la insistencia de la oposición en la necesidad de implementar salvaguardas democráticas y evitar la politización de estos recursos marca una advertencia y un recordatorio de los desafíos por venir en la aplicación de esta normativa.
Con información de La Jornada
