Por Gilberto Bátiz García
El proceso de elección judicial es un parteaguas en la historia democrática de México. Por primera vez, el pueblo elegirá a quienes impartirán justicia, lo que representa no sólo una transformación institucional, sino una oportunidad de reivindicar los valores que deben guiar el servicio público.
El pasado 6 de marzo, el Instituto Nacional Electoral aprobó un tope de gastos personales para campaña de alrededor de $220,000 para todas las candidaturas en esta elección. Este acuerdo desató un debate intenso: algunos sostienen que es una cifra insuficiente para una contienda nacional, mientras que otros argumentamos que es la ventana perfecta para demostrar que las campañas pueden y deben hacerse con menos recursos.
Vivimos en un país donde cada proceso electoral es más costoso que el anterior. La democracia debería ser accesible para todos, pero en la práctica, el dinero ha sido un factor que distorsiona la equidad en la contienda. Este nuevo escenario nos obliga a repensar la política y a entender que el acceso a la justicia no debe estar vinculado al derroche de recursos, sino a la solidez de las ideas y al compromiso con la ciudadanía.
La política no puede seguir siendo un espectáculo de marketing y grandes presupuestos publicitarios. La elección de juzgadores y juzgadoras no debe parecerse a las campañas partidistas que nos han acostumbrado a una política donde la forma vale más que el fondo. Esta es nuestra oportunidad para demostrar que la austeridad no es solo una medida administrativa, sino un principio ético fundamental.
Desde mi convicción como magistrado electoral y ciudadano, defiendo que se pueden hacer campañas cercanas a la gente, sin excesos ni simulaciones. No se trata de cuánto dinero se gasta, sino de qué tanto se escucha, se dialoga y se construye con la sociedad y ciudadanía. Quienes aspiramos a impartir justicia no podemos permitirnos replicar los vicios de la política tradicional.
El reto que enfrentamos es claro: hacer de esta elección una muestra de que la equidad y la legalidad comienzan desde la contienda misma. Ceñirse a estos topes de gasto no es una limitación, sino una declaración de principios. Es demostrar que no necesitamos grandes estructuras de campaña para conectar con la gente. Es confiar en la fuerza de las ideas, en la capacidad de persuasión basada en la razón y no en la mercadotecnia.
En esta elección no sólo se definirá quiénes impartirán justicia en los próximos años, sino que también marcará el tono de cómo queremos que se ejerza el poder en nuestro país. Si queremos un Poder Judicial democrático, la transformación debe empezar desde la forma en que se llega a ese ejercicio. La legitimidad de una elección no se gana con dinero, sino con confianza y proximidad.
Que en la elección judicial se demuestre que hacer más con menos es posible y necesario. Que esta sea la oportunidad de devolverle a la política su esencia: el servicio público, la cercanía, la honestidad. Y que esta sea la primera de muchas decisiones que nos lleven a una justicia más austera, equitativa y comprometida con quienes más la necesitan.
*MAGISTRADO ELECTORAL INTEGRANTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
@GBATIZG
