La sanción podría alcanzar también a su esposo, el síndico municipal
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
Las excusas por parte de la presidenta municipal de Simojovel, Viridiana Hernández Sánchez, respecto a la no entrega de la cuenta pública, le costarán caro. La alcaldesa, el síndico e inclusive los regidores tendrán que pagar entre los 13 a 170 mil pesos por haber obstaculizado la actividad fiscalizadora a las cuentas del municipio.
Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo, aseguró que dicho Ayuntamiento será multado por no haber entregado en tiempo y forma la Cuenta Pública 2019 al Congreso del Estado de Chiapas.
La legisladora local refierió que los funcionarios públicos violaron la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, al entorpecer y obstaculizar la entrega de información.
«Compareció, estuvo en este Congreso la presidenta municipal, y se comprometió a que se iba hacer esa revisión, que había tenido unos temas administrativos. Esperamos que no tarde en entregar la Cuenta Pública, pero sí se hizo mucho hincapié que los municipios que habían no entregado en tiempo y en forma con base a la Ley, iban hacer multados y la sanción administrativa se les iba aplicar» detalló.
Con base en el artículo 10 de la Ley, la representante popular indicó que con las reformas se puede eximir de responsabilidades a los regidores, pero si estos logran comprobar con fundamentos el por qué no aprobaron la Cuenta Pública municipal 2019 que les presentó la presidenta y su esposo el síndico, Gilberto Martínez Andrade.
«Multas a los integrantes del Cabildo, incluyendo obviamente al síndico, en la pasada reforma que hicimos hace un par de semanas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas concluimos que era importante de eximir de responsabilidad a los regidores», refirió.
Reafirmó que sí habrá sanciones directas para la edil y el síndico, que como lo marca el artículo 10 de la Ley Fiscalización del Estado, la Auditoría Superior del Estado podrá imponerles una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Con base al tabulador 2020 de la UMA, la multa iría de los 13 mil 32 a 173 mil 760 pesos para los servidores públicos.
