Más de 100 organizaciones civiles colaboraron a documentar estos atropellos durante la visita de un Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para este tema
Agencias
[dropcap]U[/dropcap]n informe presentado este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirma el terreno inhóspito en el que los derechos humanos se hallan México, salvo que, esta vez, son grandes empresas las que aparecen señaladas de violentar a sectores de la población.
«Son justamente las empresas del capital transnacional las que están envueltas en la captura corporativa del Estado. En donde se ve muy claramente la influencia, incluso la omisión del Estado, para garantizar las omisiones de esa compañías», dijo Elena Villafuerte Mata, integrante del área de Justicia Transnacional en la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC), quien estuvo presente en Ginebra, Suiza, durante la presentación del estudio.
Entre los casos documentados en el «Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas» destaca el involucramiento de empresas como Grupo Higa, Monsanto, Energía Eólica del Sur y Grupo Higa en proyectos que violentaron los derechos humanos de la población.
Villafuerte dijo que la respuesta del Gobierno federal ante el Informe «no ha despejado dudas de que empresas sigan involucrándose en nuevos atropellos».
«El Estado mexicano hizo una intervención acotada, pero definitivamente no abordando de manera crítica o propositiva los temas que vienen en el informe, ni las recomendaciones del Grupo de Trabajo», dijo Villafuerte.
El Gobierno federal se ha visto comprometido en diversas ocasiones con estas mismas empresas.
Este podría ser el caso de los atropellos, detallados en el Informe, de Grupo Higa para la construcción de la autopista Toluca–Naucalpan que ha expropiado terrenos de comunidades indígenas en Xochicuatla, Estado de México.
Un trabajo periodístico señaló a esta empresa como una de las principales contratistas del Estado y como la encarga de construir la llamada «casa blanca», una residencia con valor de 7 millones de dólares de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto.
Más 100 organizaciones civiles decidieron colaborar con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas y documentaron en su etapa preliminar: 32 abusos al derecho a la tierra y el territorio por parte de empresas, 28 casos de falta de acceso de información sobre trabajos, 22 abusos al derecho a un medio ambiente sano, 17 de impactos a la salud de la población, 17 de falta de cumplimiento a derechos indígenas.
Oponerse a los proyectos de las empresas puede resultar contraproducente en México. El Informe, en su etapa preliminar, documentó 32 casos de agresiones contra personas que se resistían a estos proyectos.
«Incluso en el propio informe se habla de que existe una ansiedad del Gobierno mexicano de atraer inversiones. Y que eso combinado con esa dinámica de corrupción, e impunidad da un marco para que se cometan abusos en el marco de las actividades empresariales», dijo la representante de ProDESC.
La violencia se da en un contexto de inseguridad para los grupos civiles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe «Situación de los derechos humanos en México», contabiliza 615 agresiones contra defensores de derechos humanos y 36 asesinatos en su contra, entre el 2010 y el 2014.
Abuso, impunidad y contaminación
Los derechos ambientales de la población también han sido vulnerados por empresas transnacionales, dice el informe, y destaca el derramamiento de sulfato de cobre por parte de la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, en el Río Sonora, el 6 de agosto del 2014.
El informe recordó que este ha sido el mayor desastre ambiental de la industria minera en México.
Afectó directamente a cerca de 22 mil personas, con efectos también en el ganado y los cultivos, y de manera indirecta a 250 mil personas de siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banamachi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures», cita el trabajo.
En otros casos las empresas detrás del desastre son más numerosas. El Grupo de Trabajo de la ONU visitó el Río Santiago, Jalisco, «el más contaminado de México», cita el trabajo.
El Informe del Grupo de Trabajo se retrató que desde el 2002 van a dar al río los vertidos de más de 300 empresas instaladas en el corredor industrial de Ocotlán-El Salto.
Este río recorre por los municipios de Juanacatlán y El Salto, afectando así a 300 mil personas, sin embargo, la población de la cuenca fluvial podría ascender a 7.5 millones en esa cuenca fluvial.
Rojas expuso que la legislación permite a cada empresa presentar su Manifiesto de Impacto ambiental. Sin embargo, es común que no se considere el impacto que tiene la sumatoria de la contaminación de cada una en el ambiente.
El próximo 12 de junio las organizaciones participantes manifestaran su reacción formal ante las conclusiones del Informe, así como también esperan que el Gobierno federal conteste a la serie de recomendaciones plasmadas en el trabajo de la ONU.
