IAIP tiene hasta diciembre para corregir opacidad

Por incumplimiento a la ley, se aprobó una nueva prórroga para que publiquen la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos y eviten ser acreedores de sanciones

Elizabeth Marina / Portavoz

[dropcap]P[/dropcap]or falta de cumplimiento a la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015) por parte de los sujetos obligados, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio nueva prórroga para que cumplan con la obligación de poner su información pública a disposición de la sociedad.
Pese a que el pasado jueves 4 de mayo venció el plazo para que los más de 8 mil sujetos que reciben y ejercen recursos públicos publicaran su información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y sus respectivas páginas web, estos no cumplieron con los requisitos.
Un día antes de vencer el plazo, la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora dio a conocer que de acuerdo con el corte de información se contaba con 45 millones de registros, que contenían alrededor de 500 millones de datos.
Sin embargo, la desidia de sujetos obligados de los tres niveles de gobierno, sindicatos, partidos políticos y fideicomisos orilló a que una vez más, diera un nuevo plazo para que el incumplimiento no generara sanciones, que de acuerdo con lo que establece la ley, es una amonestación pública o una multa económica que va desde los 12 hasta 120 mil pesos.
En octubre del año pasado, el INAI determinó aplazar seis meses más la fecha para que todos cumplieran con la publicación de las páginas de datos abiertos, llegó la fecha y en la PNT brilla la inexistencia de información sobre su manejo de los recursos públicos.

Chiapas sin transparencia

Chiapas ha encabezado la lista de entidades con menos sujetos obligados registrados en la PNT, además, se sumó al incumplimiento de la ley al negar información referente a la actividad institucional de la oficina del gobernador, ayuntamientos y partidos políticos.
Tras una consulta realizada por Portavoz el 24 de enero de 2017, se pudo comprobar que Chiapas, no cumplía con las medidas de acceso a la información a pesar de encontrarse a un par de meses del vencimiento de la prórroga.
Hasta el 2015, en la entidad existían 228 sujetos obligados a proporcionar su información, de los cuales 118 pertenecían a los ayuntamientos, 81 al Poder Ejecutivo, 12 a partidos políticos, cuatro al Poder Judicial, tres a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, dos a instituciones de educación superior públicas autónomas, uno a organismos públicos como Derechos Humanos, locales electorales constitucionales autónomos y sindicatos, mientras que a fideicomisos y fondos públicos no correspondía ninguno.
A la fecha y una vez vencido el primer plazo otorgado por el INAI, le entidad volvió a incumplir con el compromiso de transparencia, lo que pudo comprobarse por segunda ocasión al acceder a la PNT, en donde la información referente a la Oficina del Gobernador se encuentra vacía.

Ni los partidos políticos se salvan

La nueva Ley de Transparencia promulgada en 2015 por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto convierte a los Partidos Políticos en las principales entidades obligadas en rendir acceso de información a los ciudadanos.
No obstante, fueron los más incumplidos a nivel federal, y en el estado, tampoco se salvaron. Según la información publicada en la PNT, el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Mover a Chiapas no cuentan con un portal de transparencia.
Mientras que el resto de los partidos: Chiapas Unido, Mover a Chiapas, Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sólo cumplieron con publicar su sitio web en donde incluyen el apartado de transparencia; sin embargo, no mencionan a los responsables del portal en dicha sección.
Ante el desinterés por la rendición de cuentas, tendrán como fecha límite el último día de diciembre de 2017 para hacer pública su información relacionada con contratos, remuneraciones, bienes, donaciones o resoluciones.

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