En entrevista con el periodista Sergio Melgar, el consejero presidente Oswaldo Chacón sostuvo que todas la instituciones deben sumarse al proceso de reconstrucción y que si las medidas tomadas por el Legislativo se sostienen, deberán venir acompañadas, responsablemente, de otras reformas como garantizar mayor control en la designación de contratos de bienes y servicios públicos
Portavoz Staff
[dropcap]U[/dropcap]na vez aprobada la propuesta ciudadana de suprimir el financiamiento público a partidos políticos, ¿qué sigue? El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, en entrevista con el periodista Sergio Melgar Recinos, habló sobre las medidas que se deberán elaborar ahora que las campañas serán financiadas con recursos privados.
En la conversación que sostuvieron ayer, transmitida en directo desde la cuenta de Facebook de Melgar Recinos, el entrevistador cuestionó al servidor público si habría la posibilidad de que el recurso privado se contamine con dinero «sucio».
Oswaldo Chacón destacó que todos los modelos del financiamiento son revisables, pero ahora que los fondos no son públicos es imprescindible estar preparados para que este tipo de iniciativas se acompañen de otras medidas con el fin de que intereses oscuros e ilegales no puedan secuestrar la vida institucional del país.
Además, comentó que debe haber «más transparencia en la asignación de los contratos de obra pública y servicios porque las empresas que le van aportar a una campaña, no lo hacen de gratis, mínimamente lo hacen porque creen o están comprometidas con una propuesta de gobierno, lo hacen porque buscan un intercambio de favores, buscan que les asignen contratos de obra pública y servicios; entonces, responsablemente hay que acompañar estas iniciativas que permitan que la asignación de contratos sea transparente en todos los servicios públicos».
Asimismo, explicó que este tipo de modelos de fondos privados también se implementan en Estados Unidos, sólo que a diferencia de México, no existen restricciones a las aportaciones privadas, ni topes a los gastos; por lo tanto, la gente que realiza aportaciones a una campaña no se ve en la necesidad de encubrirla, sino que la hace pública. Por ello, ya quedará a juicio de los electores decidir si apoya o no las propuestas políticas que son financiadas por determinados intereses o grupos empresariales.
«Si no se quitan esas restricciones entonces se siguen ocultando y no sabemos quién le está metiendo dinero a la campaña. En México los porcentajes que los partidos políticos informan de aportaciones privadas son menores al 5 por ciento, todo se oculta, los partidos ocultan de dónde llega su financiamiento privado», detalló Chacón.
¿Qué pasará con las elecciones?
Para esclarecer dudas, el periodista preguntó si es legal la aprobación de la medida para retirar el financiamiento a partidos, a lo que Chacón respondió que debido a la emergencia que enfrenta la entidad y otros estados del Sur y Centro del país, se requiere de una inversión millonaria de recursos para atender las necesidades de los miles de damnificados que perdieron sus viviendas, por lo tanto, dijo, todas las instituciones públicas deben estar comprometidas para aportar a las tareas de reconstrucción nacional y los partidos políticos no deben estar exentos.
«El INE fue muy claro, el Instituto Electoral no va ser impedimento, obstáculo, para que si los partidos deciden utilizar parte de las prerrogativas que les fueron designadas para fines políticos, para fines de la reconstrucción, no iba a haber problema, se iba modificar el acuerdo del INE a partir del cual se les asignaron sus recursos», agregó el consejero presidente.
Respecto a las próximas elecciones de 2018 —las más grandes en la historia del país—, comentó que en Chiapas por primera vez se tendrá casilla única de votaciones, en las que los mismos ciudadanos depositarán los votos de los seis cargos que estarán en disputa y harán su respectivo conteo.
Sergio Melgar cuestionó acerca de cómo le hará el IEPC para las contrataciones de capacitadores electorales, representantes de casillas, consejeros distritales y municipales, si no hay dinero ni presupuesto.
Chacón respondió que tiene que haber dinero, de otro modo no podrán haber elecciones: «En el 2018, el anteproyecto de presupuesto para el proceso electoral tiene que ser aprobado por nosotros a más tardar el 31 de octubre y el Congreso local tiene que aprobar el presupuesto de egresos para el estado a más tardar el 31 de diciembre, es ahí donde se van a determinar los recursos con los que se va a contar para desarrollar este proceso».
El presupuesto que se había admitido para el próximo año, sin tomar en cuenta la eliminación de las prerrogativas, era alrededor de 270 millones de pesos.
