IEPC aprueba «cancha pareja»: no mas difusin de imagen de adelantados

A partir del 8 de septiembre ningún servidor público promocionarse, ni siquiera durante el informe de labores, gracias a los lineamientos aprobados por el INE, mismos que han afectado los intereses de quienes aspiran a un cargo público y han recurrido a métodos que publicidad anticipados

Elizabeth Marina / Portavoz

[dropcap]L[/dropcap]os lineamientos de «cancha pareja» que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 20 julio, registran más de 300 impugnaciones ante el Tribunal Electoral.
Las impugnaciones reflejan la ambición política de legisladores, presidentes municipales, concesionarios de medios de comunicación y hasta mandatarios estatales que las interpusieron con la intención que el Tribunal Electoral derogue este modelo restrictivo, que impide abusos en el uso de los recursos públicos y privados para promover su imagen antes de iniciar el proceso electoral.
A partir del 8 de septiembre ningún servidor público podrá difundir su imagen, ni siquiera durante el informe de labores, lo que ha afectado los intereses de algunos personajes públicos con aspiraciones políticas que han mostrado su rechazo a la «cancha pareja», bajo el argumento de que el árbitro electoral incurre en un tema que no le corresponde.
Aunque el escenario es el mismo en todo el país, en Chiapas ya se han puesto en marcha procedimientos derivados de quejas por supuestas violaciones a las reglas electorales como promoción personalizada y actos anticipados de campaña.
Según informó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, en lo que va del año se han atendido más de 50 quejas en contra de servidores públicos que supuestamente incurren en actos anticipados de proselitismo.
La mayoría de estos procedimientos siguen abiertos. La Comisión de Quejas y Denuncias ha solicitado medidas cautelares, a efecto de obligar a estos servidores públicos a retirar su propaganda en un plazo de 72 horas y en caso de que no cumplan se pueden implementar medidas de apremio para hacer valer sus resoluciones y, en este sentido, solicitar auxilio a los ayuntamientos para retirar la propaganda e incluso imponer multas para hacer valer sus decisiones.
Aunque a todas luces algunos actores políticos incurren en un delito, para Oswaldo Chacón Rojas el escenario postelectoral demuestra que el modelo tiene que ser revisado. «Si la clase política del país no está de acuerdo en un modelo tan restrictivo, habría que replantearla», expresó recientemente en entrevista.

Sanción a los tramposos

El INE intenta evitar trampas con las reglas impuestas que entrarán en vigor a partir del 8 de septiembre, mismas que de acuerdo con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, son para garantizar la equidad en la contienda y contrario a lo que señalan algunos actores, no inhiben la libertad de expresión.
Con intención de conocer los puntos centrales de los lineamientos de la «cancha pareja», Portavoz conversó con el consejero presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC, Alex Walter Díaz García, quien dio detalles importantes que los partidos políticos, servidos públicos y ciudadanos deben tomar en cuenta.
Dijo que los Lineamientos para Garantizar la Equidad entre los Participantes de la Contienda Electoral no limitan la libertad de expresión de los aspirantes, ya que les permite dar entrevistas, acudir a actos públicos y enviar mensajes en redes sociales; sin embargo, regula el ejercicio de los recursos públicos y privados para la promoción personalizada previo arranque de las precampañas.
La propaganda personalizada es uno de los puntos que ha causado más controversia en la clase política, ya que el acuerdo prohíbe a los actores que desean postularse a un cargo de elección popular contratar propaganda pagada con el fin de promocionar su imagen; si este personaje recibe una queja en su contra por proselitismo, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias emite medidas cautelares e investiga si en efecto incurre o no en un ilícito porque en caso de resultar candidato, una vez iniciado el proceso electoral éste tendría ventaja sobre sus oponentes.
Además, si la persona denunciada se convierte en candidato o candidata de un partido político, habría que vincularle las faltas realizadas en días anticipados; así, se procederá a contabilizar estos actos a efecto de la fiscalización y, de resultar responsable de exceder los topes de campaña, habrá la posibilidad de cancelar su registro como candidato o pre candidato.
Walter Díaz enfatizó que en Chiapas se ha hecho repetitivo que entre más se aproxime el inicio de los procesos electorales, sean más los servidores públicos que deciden difundir sus informes de labores, como los casos más recientes atendidos por la comisión a su cargo que involucran a la legisladora María Elena Orantes López, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Rutilio Cruz Escandón Cadenas.
Por ello, en las normas para servidores públicos, se aclara que desde el inicio del proceso electoral sólo se autoriza difundir sus informes de labores a quienes estén obligados por ley, para evitar que éstos sean utilizados con fines electorales, por lo que además deben presentarse en periodos razonables.
La entrega de beneficios de programas sociales para promover a candidatos también ha sido fuertemente señalada en el estado, pero bajo los lineamientos de la «cancha pareja», quienes compitan para un cargo deberán evitar ser partícipes de estos eventos.
La norma para las redes sociales es sencilla; según explicó Walter Díaz, este lineamiento no limita la libertad de expresión, toda vez que no afectan las cuentas personales.
Serán sancionados los casos en los que se utilicen en redes sociales el contacto de servicios de publicidad, bots o mensajes proporcionados para impulsar la imagen de algunos aspirantes.
De esta manera, los organismos electorales, tanto el IEPC a través de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, como el INE con los lineamientos de «cancha pareja», priorizan la equidad y regulan la propaganda pagada que da ventaja a los adelantados sobre sus oponentes.

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