El gobierno aumentó el IEPS al refresco a 3.08 pesos por litro; promete salud, pero persisten dudas sobre transparencia, impacto real en obesidad y el golpe desigual a Chiapas
AquíNoticias Staff
El Gobierno de México presentó en el Paquete Económico 2026 un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, que pasará a 3.08 pesos por litro, con el objetivo de reducir en cerca de 7 por ciento el consumo de refrescos durante los dos primeros años de su aplicación.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta medida forma parte de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, que contempla campañas de prevención, telemedicina para detección de enfermedades, protocolos de atención médica obligatorios, acceso a tratamientos innovadores y un programa integral de trasplantes y sustitución renal.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la motivación de esta política: “Tiene una motivación en salud. El objetivo no tiene nada que ver con recaudar, sino al revés, con que no se tome tantas bebidas azucaradas, que no se abuse de las bebidas azucaradas, por el efecto que tiene en la salud de todas y de todos nosotros, y particularmente de los niños y las niñas”, declaró en su conferencia matutina.
El subsecretario Eduardo Clark García Dobarganes recordó que México ya aplicó un IEPS en 2014, con reducciones de 5.5 por ciento en el primer año y 9.7 por ciento en el segundo. Ahora, aseguró, se da un siguiente paso al elevarlo: “Se trata de medidas que se aplican en 119 países. En Reino Unido se bajó 30 por ciento el azúcar en los refrescos; en Sudáfrica se redujo en 29 por ciento el consumo; en Chile, en 21 por ciento, y en Berkeley, California, hubo una reducción de 52 por ciento en tres años”.
Sin embargo, especialistas advierten que los chiapanecos serán los mayores contribuyentes al fisco por este impuesto, debido a que Chiapas es el estado con mayor consumo de refrescos en el mundo. De acuerdo con el Conacyt, una persona en la entidad bebe en promedio 821 litros al año, es decir, más de dos litros diarios, lo que equivale a cinco veces más que el promedio nacional y 32 veces más que el mundial.
Según la periodista Jeanette Leyva Reus (El Financiero), este ajuste fiscal impactará con mayor severidad en una de las poblaciones más pobres del país, donde el consumo de refrescos forma parte de la vida cotidiana y donde las familias destinan buena parte de sus ingresos a estas bebidas.
Los retos
- Transparencia en el uso de recursos
- Aunque el gobierno afirma que lo recaudado se destinará a programas de salud, experiencias pasadas muestran poca claridad sobre el destino real del dinero. De acuerdo con El País, especialistas han advertido que los fondos de impuestos saludables suelen diluirse en el gasto público sin seguimiento específico.
- Sin evidencia de reducción en obesidad
- A pesar de que el IEPS de 2014 redujo el consumo de refrescos, no hay datos que confirmen una baja en la prevalencia de obesidad. De acuerdo con la ENSANUT, más del 70% de la población mexicana adulta sigue con sobrepeso u obesidad.
- Desigualdad y pobreza
- El impuesto castiga más a quienes menos tienen. En Chiapas, la falta de acceso a agua potable segura y la ausencia de espacios recreativos hacen que el refresco siga siendo la opción más común y barata. De acuerdo con el INSP, muchas familias sustituyen refrescos con polvos saborizantes o aguas frescas con azúcar, lo que mantiene la ingesta calórica.
- Tiempo y condiciones de vida
- Para millones de mexicanos en situación de pobreza, la recomendación de “hacer ejercicio” es poco realista. Jornadas laborales largas, transporte deficiente y entornos inseguros limitan la posibilidad de realizar actividad física regular. De acuerdo con la OMS, la obesidad no es un problema solo de voluntad, sino del ambiente social y económico.
El impuesto al refresco representa un esfuerzo del gobierno federal por atacar el consumo de bebidas azucaradas y sus consecuencias sanitarias. No obstante, la falta de transparencia en el destino de los recursos, la ausencia de evidencia de impacto en obesidad, y las desigualdades estructurales en estados como Chiapas, ponen en duda que esta medida, por sí sola, pueda revertir una epidemia de salud que cuesta al país más de 180 mil millones de pesos al año en atención médica, según datos del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.
Vía Alfaro Noticias / Gobierno Federal
