Reducen sentencias a agresores y aplazan audiencias
Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias
Ciudad de México.- La alta tolerancia del Estado mexicano hacia la violencia contra las mujeres ha provocado que más del 90 por ciento de los ataques con ácido perpetrados se encuentren impunes. Las sobrevivientes no solo luchan por sanar las cicatrices visibles e invisibles, también deben vigilar que las autoridades actúen con debida diligencia y perspectiva de género para poder acceder a la justicia.
Desde 2001 hasta la actualidad, la Fundación Carmen Sánchez –asociación civil enfocada en visibilizar y obtener justicia ante la «violencia ácida«â€“ ha registrado 33 agresiones con ácido a mujeres. El 60 por ciento de estos ataques fueron cometidos por quienes en ese momento o en el pasado habían mantenido una relación sentimental con la víctima. Del total de agresores, 85 por ciento fueron hombres, detalló en entrevista con Cimacnoticias Ximena Canseco, cofundadora de la fundación.
Actualmente, los estados donde se sancionan los ataques con ácidos o sustancias corrosivas como agravante del delito de lesiones son: Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México. Oaxaca es la única entidad donde dicha agresión se encuentra tipificada como un delito autónomo.
Pese a lo anterior, en los estados donde se castiga el delito no se ha garantizado el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas.
Necesario analizar particularidades en cada caso
El 8 de marzo de 2017, Martha Ávila fue atacada con ácido a manos de su yerno. La mujer tuvo que ser sometida a un coma inducido para saber hasta dónde había llegado la sustancia corrosiva. El agresor –de origen argentino– tenía como propósito terminar con la vida de la hija de Martha durante el intento la agredió a ella. Los hechos ocurrieron en el Estado de México y, aunque actualmente el violentador se encuentra en prisión, su pena se redujo debido a que accedió a un procedimiento abreviado.
Por este delito, el hombre había sido sentenciado a 24 años de prisión; sin embargo, tras confesar su crimen la pena se redujo a ocho años, por lo que podría quedar libre en 24 meses.
Otro caso que muestra el nivel de impunidad que enfrentan las mujeres agredidas con ácido es el de Esmeralda Millán, quien en 2018 –a la edad de 23 años– fue atacada por su ex pareja y padre de sus hijos.
Actualmente, el agresor de Esmeralda se encuentra detenido acusado por el delito de tentativa de feminicidio. No obstante, la justicia no ha llegado, pues el hombre y su defensa han logrado diferir la audiencia intermedia en 13 ocasiones consecutivas.
Ante este panorama, Ximena Canseco exhortó a los jueces a analizar las particularidades en cada caso y estudiarlos desde una perspectiva de género, para que se entienda la gravedad de estos crímenes: las sobrevivientes están en riesgo latente de sufrir un accidente letal por el tipo de secuelas que tienen a raíz de la agresión.
«El sistema de justicia está totalmente colapsado porque, aunque existe la figura jurídica del delito en algunos estados, sigue habiendo omisiones. La historia de Martha se podría repetir en otros casos, lo cual nos preocupa; por ello es necesario no solo tipificar ataques con ácido como un delito autónomo en todos los códigos penales, también aumentar las penas y que no haya beneficios judiciales para ninguno de los imputados».
Ximena Canseco
La vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez hizo hincapié en que no basta con que se creen leyes, sino que tienen que aplicarse estos procedimientos jurídicos, además de capacitar jueces y abogados desde una perspectiva de género.
No solo son «lesiones»
Ximena Canseco explicó que los ataques con ácido no son solo lesiones en la piel, también son atentados contra la vida, dignidad y libertad de las mujeres: «Atentan contra su proyecto de vida, las mujeres pierden sus empleos y dependen únicamente de redes familiares y voluntarias, ni siquiera el sector de salud pública cubre las cirugías o servicios de atención. Esto, aun cuando el Estado es quien debe garantizar los derechos de las mujeres que vivieron una situación por la que no tenían que haber pasado, ya que algunas de ellas tuvieron denuncias penales contra los agresores antes de ser atacadas».
En ese sentido, Ximena Canseco exigió al gobierno federal propiciar una inclusión social para las sobrevivientes, incorporándolas en actividades laborales y educativas, y que además de lo anterior exista una articulación de acompañamiento para las mujeres que continúan en busca de justicia, la cual debe ser pronta y expedita porque el daño que sufren es irreparable.
La integrante de la Fundación Carmen Sánchez concluyó que es imprescindible visibilizar la problemática y diseñar políticas públicas de prevención, sanción y erradicación.
