Las leyes inciertas inhiben las denuncias, permitiendo una dinámica en donde el miedo y la impunidad gobiernan
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n Chiapas, el delito de incesto está clasificado en el título de los delitos contra la libertad. Es un tipo de violencia que ocurre en lo privado, desde casa; acalla los gritos de las víctimas y crea espacios inciertos en donde el miedo y la impunidad gobiernan.
Es, además, el delito más generalizado contra las niñas en México; en algunos estados su tipificación está pendiente porque aún es tabú hablar de ello y aunque en Chiapas no es el caso, las autoridades del estado han demostrado que tampoco es prioridad.
Durante la conferencia magistral «La ciudad que queremos las mujeres: perspectiva y avances para la igualdad», impartida por la investigadora mexicana y representante del feminismo latinoamericano, Marcela Lagarde, en el marco de la celebración del foro «Ciudad Segura para Mujeres y Niñas», llevado a cabo en Tuxtla Gutiérrez, destacó los vacíos que tiene la legislación de la entidad para castigar los tipos de violencia más severas que existen en contra de las mujeres y las niñas.
Desde la biblioteca central de la Universidad Autónoma de Chiapas, la también fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, reveló que el incesto es el delito que más se comete contra las niñas en Chiapas y, sin embargo, es también el menos combatido.
Debido a que los casos de abuso sexual infantil los cometen en su mayoría padres, tíos y primos y no personas ajenas a las víctimas, son también los menos denunciados y más confusos en la ley, precisó la investigadora, por lo que exhortó a las presentes a tomar acciones al respecto y exigir a las autoridades escuchar los gritos de aquellas menores que por años, han callado por miedo o vergüenza.
Dijo que las niñas víctimas de incesto son las que más sufren, porque tienen que padecer el dolor de haber sido abusadas sexualmente por un familiar y tener que callarlo, por lo que el delito queda en la impunidad.
En su intervención —que tuvo una duración de poco más de dos horas—, la experta comentó que Chiapas no cuenta con un registro del número de niñas que han sido víctimas de todas las formas de abuso sexual, y que tampoco hay estudios actualizados sobre el incesto.
«¿Qué es lo que priorizamos cuando investigamos el feminicidio, el acoso y no vemos el acoso más grave?, ¿cómo elegimos o porque no lo vimos?, ya no lo ignoremos, les propongo que lo incorporemos para hacer una investigación preliminar, algo que se pueda hacer a la brevedad porque es un delito que goza con más secrecía familiar».
No se considera abuso sexual
Lo más lamentable para la investigadora es que cuando los casos se logran denunciar, no proceden porque son juzgados como abuso sexual o violencia sexual pero nunca por incesto; es decir, sí es una violación sexual, pero tiene características diferentes por el parentesco bilógico entre el agresor y la víctima.
En algunos estados de la República, el incesto no es considerado generalmente como un delito contra la integridad física y sexual de la víctima, sino contra la familia e incluso es poco penado por ser un acto sexual consensuado.
El estupro se agrava cuando el acosador se casa con la niña o jovencita abusada y esos son los casos más recurrentes no sólo en Chiapas, sino en todo el país, precisó Lagarde, quien lamentó el silencio de familiares (incluidas las madres) que se niegan a evitarlo por las ideologías machistas que las hacen creer que el incesto es un derecho de los hombres.
En Chiapas, los matrimonios infantiles son comunes, entre ellos figuran los que son celebrados como pacto después del abuso sexual para aminorar el delito y acallar a la víctima.
Acciones efectivas en contra de la violencia
Entre las acciones efectivas en contra de la violencia hacia el género femenino, Lagarde consideró necesario revisar las condiciones de los institutos de la Mujer de los siete municipios incluidos en la Alerta de Violencia de Género (AVG); sería el primer paso para la aplicación efectiva de esa medida, aunado a la revisión del prepuesto y las capacitaciones en género que recibe el personal de esos organismos en cada municipio.
Para erradicar la violencia de género hacen falta ciudadanos comprometidos al cambio y que se vigile que éstos ocurran, porque en caso que no intervenga personal con perspectiva de género, los resultados de la AVG pueden ser contrarios a la prevención, pueden agudizarse fenómenos, maltratarse a las personas y no pueden responder a llamados que se hace a la sociedad.
«Si los encargados de abatir el feminicidio y la violencia de género no tienen capacitación en algo tan urgente como el acoso, las leyes y la materia, la AVG será inútil», finalizó.
