En Chiapas sucedió un caso similar en el que las mujeres indígenas tseltales tuvieron que recurrir a instancias internacionales para obtener justicia
Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias
Ciudad de México. A 11 años de la tortura sexual cometida en contra de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares, persiste la falta de justicia, ya que el Estado mexicano no hace efectivas las sentencias contra sus agresores, no termina de completar las medidas reparatorias, ni garantiza una vida libre de violencia a niñas y mujeres de Guerrero.
Inés y Valentina son dos mujeres indígenas tlapanecas, que sufrieron violencia sexual y tortura por parte de militares en febrero de 2002, en distintas localidades de Guerrero. Ambas mujeres agotaron los recursos legales internos con el Estado mexicano, pero al no obtener justicia, acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre sus casos que nunca fue acatado por el Estado, por lo que pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), organismo que el 1 de octubre de 2010, dictó dos sentencias contra el Estado por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas y reparaciones de daños para cada caso, mismas que no se han cumplido en su totalidad.
Para revisar los avances del Estado en las sentencias y demás, este jueves se realizó una audiencia en la que estuvieron presentes Inés, Valentina, el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil) y Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolllan (CDHM), organización que acompaña el caso, y varias instituciones.
En entrevista con la colaboradora del área de Incidencia de Tlachinollan, Sandra Alarcón, explicó que el Estado no ha presionado por hacer efectiva la sentencia que el Juzgado Séptimo de Distrito dictó en 2018 contra dos de los agresores de Valentina, y en el caso de Inés no ha dado seguimiento a la averiguación, tanto, que sigue sin haber detenidos.
De los dos hechos, son 19 los agresores, de los cuales 2 han sido detenidos, y uno fue asesinado en una cárcel militar en 2016, hecho que suponen, pudo estar relacionado por haber informado sobre los otros implicados, aunque reconoció que no se tienen pruebas de ello.
En ese sentido, resaltó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de este estado no ha llamado a comparecer a los militares y altos mandos que son probables implicados en los casos, por lo que temen nunca puedan tener justicia.
Respecto a las recomendaciones, Sandra detalló que de ambos casos son 33, 16 del caso de Valentía y 17 del de Inés, de las cuales el Estado según ha cumplido con alrededor de 8, como el reconocimiento de la responsabilidad, apoyo económico para ambas y becas de estudios para sus hijos, algunas asegura haberlas concretado y el resto las tiene en el olvido.
Ejemplo de ello, dijo, son las campañas de difusión que sólo explican qué es el género, pero no ahondan en el tema de violencia o tortura sexual por parte de servidores públicos, la construcción de los centros comunitarios se ha deteriorado porque no dejan usarlos, el protocolo de la fiscalía siguen sin ser modificado para casos de violencia sexual y los servidores públicos reciben cursos, pero no están sensibilizados en perspectiva de género.
«Los que se necesita es armonizar un protocolo a nivel federal, pero que se asegure que en esta revisión participe la sociedad civil y víctimas porque si no entonces va a ser un documento más jurídico y no lo que verdaderamente se necesita», declaró la acompañante.
Como resultado, expuso que las mujeres y niñas indígenas continúan siendo discriminadas, los casos de abuso sexual desestimados, y no existe un lugar donde puedan estar seguras de que sus Derechos Humanos sean respetados.
En particular, dijo que han notado que las autoridades se limitan a solicitar información y enviar oficios con el fin de no cumplir con sus obligaciones. Además, declaró que no tuvieron acceso a las averiguaciones abiertas en contra del personal judicial que obstaculizó las denuncias presentadas por Inés y Valentina, por lo que dudan del procedimiento y temen que cualquier juez pueda determinar que no hay elementos necesarios para acreditar los delitos.
Sandra Alarcón comentó que el Centro Tlachinolllan espera que la Corte Interamericana emita una resolución el día de mañana, en la que exija al Estado que realice las cuestiones necesarias para que cumpla con las sentencias, medidas reparadoras y que haga justicia en ambos casos.
«Es algo triste ver que después de 11 años que estamos en un 30 por ciento del cumplimento de ambas sentencias. Es tiempo de que el Estado mexicano cumpla», finalizó.
