Desde 2018 los recursos de 17 Ramos que operan programas para la igualdad de género han disminuido, lo que contraviene el principio de progresividad de los Derechos Humanos
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México. Al menos desde 2018 los recursos de 17 Ramos que operan programas para la igualdad de género han disminuido, lo que contraviene el principio de progresividad de los Derechos Humanos, por esa razón expertas en presupuesto llamaron a la Cámara de Diputados a considerar las necesidades de mujeres y hombres en el gasto programable para 2021.
La economista y coordinadora de la red Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y Hombres (MIRA) y de la organización Pensadoras Urbanas, Magdalena García Hernández, aseguró que la meta para el siguiente año debe ser que el 100 por ciento del gasto se realice con perspectiva de género.
Al presentar un análisis del paquete económico que se discute en el Congreso –en la conferencia virtual organizada este lunes por la red Nosotras Tenemos Otros Datos– la experta aseguró que a nivel federal se dice que el presupuesto para la igualdad ha aumentado; no obstante, criticó que los recursos siguen siendo «insignificantes, desequilibrados, ambiguos, no pertinentes, opacos y presentados de manera descuidada».
García Hernández explicó que aunque las mujeres son más del 50 por ciento de la población mexicana, el Anexo 13, que es el apartado donde se ubican las erogaciones para la igualdad, representa 2.8 por ciento del gasto programable en 2021. Además, advirtió que de los 89 programas y acciones de este Anexo, 6 representan 79 por ciento del gasto total, pero de ninguno de esos se dispone del padrón de población atendida o por atender.
Los cálculos de la experta indican que para el siguiente año habrá un incremento nominal de 20.8 por ciento de los recursos de este Anexo, con respecto a los recursos ejercidos en 2019, ya que Hacienda propuso entregar 128 mil 092 millones de pesos (mdp) para los programas del Anexo 13.
Sin embargo, una revisión histórica indica que para el siguiente año los programas de 17 Ramos recibirán menos presupuesto del que obtuvieron en 2018, lo que en opinión de la consultora demuestra que se ha debilitado el compromiso con la igualdad de las mujeres. De estos Ramos, los tres con mayor decremento serán Medio Ambiente y Recursos Naturales, con una tasa de decrecimiento de -58; la Fiscalía General de la República con -48 y Cultura, también con -48.
Otros Ramos que reciben recursos para la igualdad y cuyos fondos han ido a la baja son Salud con una tasa de decrecimiento de -17 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con -5.
La economista también llamó la atención sobre el subejercicio del gasto en el primer semestre del año en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), instituciones que no ejercen ni 10 por ciento de los recursos que tenían autorizados. En este contexto también señaló que se requiere incorporar la transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer gubernamental.
A su vez, Nira Cardenas Oliva, de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, mencionó que el Estado mexicano tiene obligaciones en materia de Derechos Humanos que deben quedar plasmados en el presupuesto. Por ejemplo, recordó que en 2018 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó al Estado integrar los derechos de las mujeres en el presupuesto y y velar por mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas y mejores sistemas de asignación de recursos.
Resaltó que el presupuesto debe cumplir con el principio de máximo uso de recursos disponibles, es decir, el Estado debe hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con las metas de Derechos Humanos mediante la utilización de todos los recursos a su alcance. Agregó que la insuficiencia de recursos no es pretexto para incumplir con la obligación de atender a los grupos en mayor desventaja, como las mujeres, en especial, en un contexto de pandemia.
Cárdenas Oliva agregó que la Oficina del Alto Comisionado ve con preocupación los posibles recortes al gasto para programas de salud sexual y reproductiva y de atención de la violencia contra las mujeres, en particular los decrementos para las casas de atención a las mujeres indígenas y afromexicanas y para los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia.
Hacienda hace lo que quiere
Las diputadas Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano; Laura Rojas Hernández, de Acción Nacional; y Lorena Villavicencio Ayala de Movimiento Regeneración Nacional, coincidieron en que trabajarán por aumentar los recursos para los programas que atienden y garantizan los derechos de las mujeres, aunque lamentaron que la propuesta enviada por el Ejecutivo incluya programas sin perspectiva de género y que cada año Hacienda tenga la facultad de modificar los montos aprobados por la Cámara de Diputados.
Laura Rojas consideró que en este paquete económico hay un retroceso porque no tiene una visión de género transversal ni horizontal, además el gobierno federal no tiene como prioridad los derechos de las mujeres, lo que impacta en el objetivo final de construir una sociedad igualitaria, libre de violencia y más pacífica e incluyente. «Sí noto ese peligro de retroceso; sin embargo, cuenten con nosotras para que podamos hacer este trabajo en las comisiones», dijo.
Al respecto Martha Tagle señaló que para 2021 continúa la tendencia de disminuir el presupuesto sustancial para las mujeres, algo que venía sucediendo desde años antes. La legisladora criticó que los rubros con más recursos serán Turismo, porque allí está el gasto para el Tren Maya; y Defensa Nacional, debido a la apuesta por la militarización del país; así como para Desarrollo Agrario donde el dinero se destinará al programa Sembrando Vida, pero no para campesinos y agricultores.
La diputada consideró que el presupuesto en general, y en muchos casos, es simple y sencillamente una formalidad, porque el Ejecutivo entrega un proyecto con ciertas cantidades, la Cámara de Diputados aprueba otras y al final la Secretaría de Hacienda autoriza algo diferente. «El año pasado hicimos un trabajo importante para recuperar recursos de programas, se lograron ciertos incrementos, pero en enero, vemos el asignado, publicado por Hacienda, y las autorizaciones vienen con disminuciones», dijo.
Tagle Martínez dijo que con el pretexto de la austeridad y de la emergencia sanitaria el gobierno ha tomado medidas administrativas para modificar el presupuesto aprobado por las y los diputados. Agregó que la discusión del presupuesto es desgastante porque al final «Hacienda hace lo que quiere», por ello reconoció que en general la Cámara de Diputados ha cedido a su facultad fiscalizadora y de llamar a la rendición de cuentas.
La diputada Lorena Villavicencio agregó que hoy en día no se está cumpliendo con el principio de progresividad ni de igualdad. «Las mujeres no somos prioritarias en este presupuesto sabemos que los presupuestos se definen y reflejan las prioridades del país, y las mujeres estamos ausentes», dijo.
La legisladora calificó de inaceptable los recortes a instituciones como la Conavim, pero además se sumó a quienes aseguran que hay que sacar del Anexo 13 los programas del gobierno que no benefician a las mujeres y dejar los que abonan a la atención, prevención sanción y erradicación de la violencia, así como a la reparación de daño y apoyar propuestas como la de entregar un Ingreso Vital Único para jefas de familia, durante la pandemia.
