Merilyn Gómez Pozo, presidenta de la Comisión de Presupuesto, criticó de «excesivo» e injustificado el presupuesto de 13 mil millones solicitado por el INE para las elecciones de jueces en 2025, por lo que irán por una reducción
Aquínoticias Staff
Morena, a través de su presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez Pozo, anunció que buscará reducir la partida presupuestaria solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección de jueces, magistrados y ministros, derivada de la reciente reforma al Poder Judicial. La legisladora calificó el monto solicitado como “excesivo” y cuestionó la falta de justificación comparativa con procesos electorales previos.
Durante una conferencia de prensa en San Lázaro, Gómez Pozo señaló que el INE ha pedido más de 13 mil millones de pesos para llevar a cabo esta elección, un incremento significativo respecto a los 9 mil millones destinados a las elecciones de 2024, consideradas las más grandes de la historia de México. Ante esto, la diputada morenista expresó su preocupación por lo que calificó como un aumento poco transparente y difícil de justificar para el nuevo proceso judicial.
“Estamos hablando de un presupuesto arriba de los 13 mil millones de pesos. En la Comisión de Presupuesto vamos a analizar con lupa estos requerimientos. La puerta está abierta para dialogar con los consejeros y con la presidenta del INE para llegar a un mejor acuerdo, ya que nos parece excesivo. Comparado con el proceso electoral de 2024, que tuvo un costo de menos de 9 mil millones, el nuevo monto resulta injustificado”, afirmó Gómez Pozo.
La legisladora también resaltó su inquietud por la variación en las cifras que el INE ha mencionado a lo largo del proceso. Inicialmente, el instituto solicitó alrededor de 7 mil millones de pesos, cifra que luego fue ajustada a 11 mil millones antes de llegar a los actuales 13 mil millones. Gómez Pozo expresó su preocupación sobre la falta de seriedad de los cambios en el presupuesto y advirtió que, de mantenerse esta tendencia, los números podrían seguir creciendo.
“Honestamente, no vemos mucha seriedad en el requerimiento del INE. Primero fue una cifra de 7 mil millones, luego 11 mil, y ahora más de 13 mil millones. Si seguimos así, podríamos esperar aumentos constantes. No podemos permitir una gestión sin una base sólida, porque el dinero que aprobemos se destina a los recursos nacionales y debe usarse de manera eficiente”, dijo la diputada.
El 15 de noviembre, la Cámara de Diputados comenzará la revisión del paquete económico 2025, el cual debe estar aprobado a más tardar el 15 de diciembre. Dentro de este proceso, los legisladores decidirán si se aprueba el presupuesto solicitado por el INE o si se realiza algún ajuste, como sugiere Morena, para racionalizar el gasto y priorizar otros proyectos y necesidades del país.
Gómez Pozo subrayó que, aunque Morena mantiene una postura crítica sobre el presupuesto del INE, están dispuestos a sostener un diálogo directo con los representantes del instituto para revisar la necesidad real de los fondos solicitados y discutir cómo optimizarlos.
“Queremos un presupuesto razonable, que garantice la realización eficiente de las elecciones judiciales, pero sin desbordar los recursos del país. Estamos abiertos a un encuentro con el INE para discutir a fondo las necesidades y cómo lograr este proceso de manera responsable y eficiente”, afirmó.
La elección de jueces, magistrados y ministros propuesta para el 1 de junio de 2025 es parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno, que busca dar voz a los ciudadanos en la selección de los integrantes del Poder Judicial. Para este proceso, el INE solicitó inicialmente el apoyo de recursos importantes, argumentando que se trata de una elección con un alto grado de complejidad.
Sin embargo, Morena sostiene que, dada la experiencia previa en el manejo de elecciones a gran escala, el INE debería estar en condiciones de reducir costos y ajustar los recursos a una cifra más proporcional. La decisión final quedará en manos de la Cámara de Diputados, quienes tendrán que sopesar los beneficios de este presupuesto en relación con las necesidades del país en un entorno económico desafiante.
