La Red por los Derechos de la Infancia en México expuso el contexto que vive la niñez indígena desplazada por la violencia paramilitar en la entidad
Esmeralda Fonseca / Portavoz
[dropcap]A[/dropcap]nte la falta de acción de las autoridades estatales y municipales para resolver el conflicto territorial entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, ubicados en la zona indígena Altos de Chiapas, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expuso en conferencia el contexto que vive la niñez indígena desplazada por la violencia paramilitar en la entidad.
Redim denunció que desde el 13 de noviembre hay entre mil 800 y 2 mil 300 niñas, niños y adolescentes desplazados, así como entre 110 y 130 mujeres embarazadas en la misma situación.
En diálogo, la directora de la organización Melel Xojobal, Jennifer Haza Gutiérrez, expuso que en este tipo de conflictos y situaciones de violencia, los menores se encuentran invisibilizados ante las afectaciones a las que están expuestos.
«Cuando estamos hablando de niños y niñas que se encuentran en situación de desplazamiento, pues estamos hablando de cambios en la comunidad que son radicales, que actualmente viven en temor constante por las amenazas y de los sonidos de los tiros al aire; y de acuerdo con diferentes testimonios recabados por el padre, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, las niñas y los niños narran textualmente «nos quieren matar los de Chenalhó»», señaló la directora.
Haza Gutiérrez, añadió que estos traslados forzados interrumpen la escolarización, pues los infantes han dejado de asistir a clases. Es así como se estancan los proyectos escolares.
A su vez, informó que se han reportado en algunos de los 2 mil niños afectados, situaciones que deterioran su salud, principalmente fiebres y diarreas, que, al no ser atendidas, podrían derivar en muertes.
Estar expuestos a este contexto de hostigamiento de grupos paramilitares, las condiciones climáticas y la violencia, marca una profunda huella emocional en sus vidas «esos impactos sociales y afectivos que están viviendo estas niñas y niños desplazados no están siendo considerados en este análisis, y tampoco han están siendo debidamente documentados», sostiene Haza Gutiérrez.
También recordó que el Estado tiene obligaciones en materia de emergencia de violencia en los derechos de la niñez, pero que es evidente la grave ausencia del mismo.
Cabe recordar que una niña identificada con el nombre de Lidia Paciencia Arias nació y falleció desplazada; era originaria de la comunidad de Mojompepentic, Chenalhó.
La Redim denunció la falta de atención de autoridades federales y estatales para detener esta crisis de movilidad humana hacia zonas boscosas donde se exponen a bajas temperaturas que puedan desencadenar en enfermedades, y que afecta más a los más pequeños.
«Hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales para que se puedan generar estas condiciones de desarme de los grupos paramilitares en la zona y la generación de diálogo en las partes de conflicto», pidieron.
Por su parte, el padre Marcelo Pérez Pérez comentó en entrevista para medios locales que «el gobierno federal y estatal entablen una mesa de diálogo para que esto se resuelva, no por la vía armada; la vía armada eso no es una solución, eso solamente lleva más al dolor».
Respecto a los rumores de que algunas familias han regresado a su comunidad, Pérez Pérez indicó que «es importante platicar con ellos, los que están ahí, es más importante la palabra de los hermanos que la mía, que la palabra del gobernador».
