No es la primera vez que el pueblo tzeltal vive los impactos de la militarización. En 1995 se instaló en su territorio un cuartel del Ejército, el cual fue retirado hasta el año 2007
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
El pueblo maya tzeltal del municipio de Chilón, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), anunciaron la admisión de la demanda de amparo que interpusieron por la construcción impuesta de un Cuartel General de la Guardia Nacional en su territorio, sin que hayan sido consultados previa, libre y adecuadamente para otorgar o no su consentimiento.
Indicaron que no es la primera vez que el pueblo tzeltal de Chilón vive los impactos de la militarización de su territorio, particularmente, durante la época del conflicto armado en el estado de Chiapas, cuando en 1995 se instaló en ese lugar un cuartel del Ejército, el cual no fue retirado sino hasta el año 2007 después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad.
Trece años después, específicamente en el mes de octubre de 2020 los habitantes del municipio de Chilón se enteraron por medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales (incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional-SEDENA), para ceder un terreno dentro de ese municipio para la construcción de un Cuartel que albergará a la Guardia Nacional.
Ante esta información el 15 de octubre de 2020 decidieron ejercer su derecho a la manifestación, que encontró como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, que con el objetivo de detener la movilización hicieron un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes.
En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín.
«La exigencia es que pueda proteger los derechos e intereses del pueblo tzeltal de Chilón, esa es la exigencia de las ejidatarias de Chilón y de estos centros de derechos humanos.
«No sólo en Bachajón se está poniendo el cuartel general, sino que hay 10 comunidades dentro del municipio donde piensan construir otros cuarteles, eso no podemos y por eso protestan porque estamos todos los ejidos».
Posterior a los hechos de represión, el pueblo maya tzeltal se organizó para iniciar un proceso legal por medio de una comisión nombrada en su asamblea tradicional. Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.
Dicha demanda, denuncia que la licencia y la construcción del Cuartel se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo maya tzeltal del municipio de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos protegidos por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que México es parte, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
