Este derecho constitucional menciona que toda persona deberá tener acceso a la «alimentación nutritiva, suficiente y de calidad», y que es obligación del Estado garantizarlo; no obstante, a nivel nacional, Chiapas encabeza la lista de los estados con el mayor número de población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica
Esmeralda Fonseca / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a seguridad alimentaria es un derecho constitucional, el cual menciona que toda persona deberá tener acceso a la «alimentación nutritiva, suficiente y de calidad», y que es obligación del Estado garantizarlo, afirma la Agenda Ciudadana en Iberoamérica México. No obstante, las estadísticas reflejan que a nivel nacional, Chiapas encabeza la lista de los estados con el mayor número de población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica.
Esto propicia que el país sea afectado por una doble carga de malnutrición: desnutrición infantil y obesidad en personas adultas; por lo que dicha iniciativa, dio a conocer las propuestas de solución para garantizar la seguridad alimentaria.
De acuerdo con el reporte Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la entidad el 71.3 por ciento de la población es incapaz de adquirir los alimentos indispensables, ya que del tercer trimestre de 2016 al tercer trimestre del 2017, se redujo la capacidad de compra del ingreso laboral en 7.5 por ciento.
En relación a la evolución del valor de la canasta alimentaria que cada mes publica dicho consejo, se observa que a nivel nacional entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, el valor de ésta ha crecido, aproximadamente, 10.9 por ciento en zonas rurales y 10.9 por ciento en zonas urbanas.
Para enero de 2018, el valor de la canasta en línea de bienestar mínimo (por persona al mes) en México es de mil 061.46 pesos al mes en zonas rurales y de mil 490.86 pesos en zonas urbanas. El dato es alarmante porque Chiapas ocupa el sexto lugar en el país con los peores salarios.
Con base en un estudio del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Universidad Autónoma de México, para que una familia mexicana de clase media pueda sobrevivir de forma digna; pagando vivienda, alimentos y transporte, así como vestimenta, calzado, salud, educación pública y esparcimiento, el ingreso aproximado debe de ser de 17 mil 900 pesos al mes.
Una cantidad alejada de la realidad, ya que el sueldo mensual promedio de un chiapaneco oscila en 9 mil 109 pesos, según datos del tercer trimestre de 2017 del Observatorio Laboral en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Aunado a lo anterior, en 2016 el Coneval mostró en su informe Medición de la Pobreza en México que el estado también destaca en primer lugar como la entidad más pobre del país, el 77.1 por ciento de chiapanecos, es decir, 4 millones 114 mil de habitantes tienen al menos una privación social y les es imposible satisfacer sus necesidades esenciales.
La problemática del ingreso laboral inferior comparado al costo de la canasta básica, trae consigo diversas carencias sociales; en el rubro de alimentación, el 25 por ciento de la población en el estado carece de acceso a este derecho; es decir, mil 320.3 millones de personas, muestran los indicadores 2015 del Coneval.
Desnutrición y obesidad
Los datos arrojan que los porcentajes de población en pobreza que no cuentan con dinero para adquirir la canasta básica siguen incrementándose, y con ello tanto la desnutrición como la obesidad van en aumento; ésta última enfermedad ha ido en ascenso ya que «los alimentos tradicionales de altor valor nutritivo están culturalmente devaluados, lo que ha cambiado la dieta y los hábitos alimentarios de los mexicanos» expone la Agenda.
Además, los medios de comunicación han abonado a la problemática porque han promovido el gusto por productos industrializados de bajo valor nutrimental. Por lo tanto, cada vez más se torna importante hacer una revisión de la canasta básica por región, para eliminar de ella a los alimentos que contribuyen a una mala nutrición y a incitar el consumo de alimentos frescos producidos de manera local.
A través del reporte Registro Nacional de Peso y Talla en Niñas y Niños Escolares del DIF 2016, alrededor del 7.4 por ciento de niños del nivel básico de Chiapas presentan un déficit grave por talla baja; 16.6 por ciento con prevalencia moderada y 29.8 es leve. Es decir, cerca de 63 mil 217 niños tienen un problema grave de desnutrición. Mientras que el país está afectado por 14 por ciento de desnutrición infantil y el 30 por ciento de la población adulta sufre de obesidad.
Tres retos ante la estacionalidad y el conformismo
La seguridad alimentaria es un derecho que no se ha hecho valer, puesto que el 70 por ciento de la población mexicana no la posee, por tanto, le es imposible obtener los requerimientos nutrimentales. Incluso, a pesar de los programas de repartos de alimentos que se implementan en el país, el 1.5 millones de niños aún padecen desnutrición severa.
Tal es el caso de la iniciativa «Cruzada contra el hambre» que el gobierno federal diseñó a finales de enero de 2013, la cual estaba enfocada en la población en pobreza extrema con insuficiencia alimentaria, por lo que estableció un esquema de evaluación de la misma y evitar acostumbrar a la gente a recibir, para darle los medios para producir.
No obstante, el error y la ignorancia en estos programas es que se distribuyen alimentos que no van con los gustos y los tipos acostumbrados en la región, además de no considerar que en las zonas rurales, la misma gente puede producir sus alimentos porque tiene los conocimientos para hacerlo.
En consecuencia, el riesgo que se corre es que si el reparto de alimentos no se asocia con una producción local, termine por arruinar el conocimiento tradicional involucrado en los cultivos ancestrales; ante esto, la Agenda, sugiere que es «indispensable articular las cadenas de abasto locales para fortalecer la producción de alimentos adecuados para cada región».
Además, México ha dejado de ser exportador de alimentos básicos como el maíz y el frijol, para convertirse y clasificarse como importador desde el 2002, pues la escasez de tecnologías ha puesto en desventaja a los campesinos mexicanos. Existe una constante dependencia del exterior para satisfacer la demanda de productos básicos-estratégicos que se podrían obtener en tierra mexicana para compra y venta, pero el país está desprovisto y no puede atender ni siquiera el mercado interno.
Los principales productos agropecuarios de exportación son jitomate, aguacate, legumbre, hortalizas y pimiento morrón, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mientras que entre los productos de importación destacan el maíz, trigo, leche, pescados, mantequilla, margarina, huevo, papa, carne y aceite.
Asimismo, la complicación del tema se extiende, al desamparo del extensionismo agrícola y los apoyos monetarios que se prefiere dar a los agricultores en lugar de fomentar su productividad.
La Agenda sostiene que las autoridades tienen el objetivo de «tener alimentos baratos accesibles para el consumidor, para coadyuvar al control de la inflación y a la seguridad alimentaria, sin importar si los productos/materias primas son nacionales o importados o de mayor o menor calidad que los nacionales».
Es importante enfatizar que los campesinos o pequeños productores agrícolas a nivel mundial contribuyen de manera importante a la seguridad alimentaria y son actores fundamentales en la sostenibilidad social y ambiental.
Ante este panorama, la Agenda Iberoamericana señala que el país enfrenta tres grande retos, los cuales impulsan a buscar soluciones innovadoras aprovechando la biodiversidad y diversidad cultural para resolver la problemática, estos son:
1.- Rescate de la agricultura familiar y de la dieta tradicional.
2.- Desarrollar alimentos industrializados que preserven sus características nutricionales y funcionales, y actualizar las Normas Oficiales Mexicanas para que incluyen estas características.
3.- Establecimiento de una política pública de seguridad alimentaria que considere los distintos territorios que forman al país y estrategias tanto productivas como sociales, así como el refuerzo de los mecanismos de gobernanza
