Durante las elecciones en las que resultó electo Manuel Velasco Coello como gobernador de la entidad, aunque se levantaron 186 actas circunstanciadas por delitos electorales, sólo 97 derivaron en averiguaciones previas. De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, la presión a mujeres para que con fines electorales manipulen a beneficiarias de programas sociales es «lugar común» en Chiapas
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]C[/dropcap]hiapas es una de las entidades que concentra la mayoría de los casos en los que las mujeres han sido incitadas a quebrantar la ley electoral, de acuerdo con declaraciones del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo.
El también abogado vislumbra un 2018 complejo. Se tendrían que repetir esfuerzos de blindajes como los que se efectúan en el ámbito federal, advirtió; sobre todo, es necesario generar conciencia entre la población femenina para frenar la criminalización de grupos vulnerables, y contar con más apoyo para hacer despliegues ministeriales más amplios durante el próximo proceso electoral.
Las otras entidades en el listado son Veracruz, Morelos y Puebla. En el caso de los últimos dos, sus gobernadores son claros aspirantes a la candidatura en la carrera presidencial de 2018. De Veracruz, Nieto Castillo enfatizó que existen ocho órdenes de aprehensión y cinco autos de formal prisión en contra de altos funcionarios del gobierno de Javier Duarte, que ordenaron la instigación y presión a mujeres para que con fines electorales, manipularan a sus compañeras beneficiarias de programas sociales. «Lugar común» en Chiapas.
El funcionario informó —según datos retomados por Excélsior— que de septiembre de 2016 a junio de este año, se abrieron 254 carpetas de investigación por condicionamiento de programas sociales; en ellos, el 57.1 por ciento tiene como imputadas de los delitos a mujeres.
De los 145 casos, en 56 las implicadas son vocales, representantes o promotoras de programas sociales. En 59 se identifica a hombres; en 34, a quien resulte responsable; y en 16, a servidores públicos.
Cuestionado acerca de la problemática, el fiscal comentó que funcionarios públicos y líderes partidistas feminizan los delitos electorales al instigar, manipular y presionar a mujeres para que cometan delitos electorales, como la compra y coacción del voto y el condicionamiento de programas sociales, además del acarreo de personas para mítines y eventos.
«Dentro de la propia estructura, en el ámbito del delito electoral, (las mujeres) se convierten en la base de la criminalidad y son las primeras operadoras, instigadas, principalmente por servidores públicos, por dirigentes partidistas, pero se convierten en las personas más denunciadas por delitos electorales», refirió.
Hay una doble discriminación en contra de las mujeres en el ámbito electoral; primero, por el hecho de su sexo y en segundo por su situación de pobreza, consideró el funcionario. Además, son tanto sujeto pasivo como activo de este tipo de delitos, porque no sólo son instigadas para incurrir en compra y coacción del voto, sino que, como sujetos pasivos, son focos de violencia política cuando deciden ser candidatas a un puesto de elección popular.
Acerca de las causas, declaró: «Esto sucede porque el tipo penal establecido para servidores públicos establece una sanción de dos a nueve años de prisión y puede tener como resultado la inhabilitación; los servidores públicos, para evitar este tipo de sanciones, instigan a las mujeres, quienes se convierten en un instrumento para la comisión de una conducta delictiva orquestada por hombres en el ejercicio del servicio público y materializada por mujeres; éstas, por no ser servidoras públicas, van a tener una penalidad más reducida, de seis meses a tres años de prisión».
Penas y sustituciones
Apenas el 13 de mayo pasado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) dictó sentencia condenatoria contra una vocal del programa social denominado «Prospera», quien fue identificada como Wendoly Susana «N».
A la mujer se le halló responsable de amenazar con suspender los beneficios del programa referido a beneficiarios del mismo, si no efectuaban actividades a favor de un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), delito previsto en el artículo 7, fracción VII, párrafo tercero de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Por ello debía cumplir una condena de seis meses de prisión y 50 días de multa.
En el comunicado emitido por la FEPADE, se lee que se le atribuye «haber reunido en su domicilio, ubicado en Tapachula, Chiapas, a diversas beneficiarias de dicho programa social el 5 de junio de 2015, a quienes amenazó con darlas de baja si no votaban por un partido político que ella apoyaba, además de mencionarles que debían acudir a un evento en la feria de los mesoamericanos vestidas con blusa blanca porque tenían que apoyar a uno de los candidatos».
El último caso de acarreo político documentado es el sucedido en la presentación del informe de actividades del senador priista chiapaneco, Roberto Albores Gleason, el 22 de abril pasado. Dos periodistas entrevistaron a las mujeres concentradas en el Estadio «Víctor Manuel Reyna»; ellas admitieron haber sido coaccionadas para asistir pues de no hacerlo, las habían amenazado con retirarles el apoyo de «Prospera».
En un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Social informó de la destitución de tres funcionarios: Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez, Priscila Cruz Chávez, quienes se desempeñaban en la Coordinación Política de Inclusión de ese programa. Tres mujeres, por un hombre, lo que evidencia que la razón le asiste al fiscal Nieto Castillo.
Respecto a la acusación, la dependencia federal determinó: «Se les atribuye su participación en convocar, mediante presiones, a beneficiarias del mencionado programa a un evento político realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el sábado pasado (22 de abril).
«Dicha medida se determinó como resultado de las investigaciones realizadas con base en los reportes de las propias beneficiarias de Prospera, que conforman la Contraloría Social, y las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación».
Casos de «primer nivel»
Además de esos casos, los más relevantes en el estado son aquellos en los que se han visto implicadas funcionarias de primer nivel. Tal es el caso quien fuera directora general del Instituto de Estudios de Posgrado, Verónica Rodríguez Montes.
El día de las elecciones, 19 de julio de 2015, un grupo de ciudadanos organizados que se denominaron «caza mapaches» —según documentó la prensa local— retuvo a la funcionaria que pretendía huir a bordo de un vehículo, luego que fuera descubierta pagando por acarreo y coacción de votos. Usuarios de redes subieron videos y fotografías como evidencia de los hechos.
Según testimonios de los vecinos, en una casilla ubicada a una cuadra del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, los observadores electores se percataron que #Ladymapache —mote con el que se hizo viral— se encontraba con taxistas y electores. Presuntamente utilizó el padrón de programas sociales no determinados para pagar votos en beneficio de los candidatos del Partido Verde Ecologista de México.
La dama se reusó a abandonar su vehículo y fue hasta la llegada del titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, que la funcionaria quedó en custodia de esa instancia que la trasladaría hasta la Fiscalía General de la República (PGR) para rendir su declaración. Al final, Rodríguez Montes fue liberada al otro día por las autoridades y fue destituida del cargo que ostentaba.
El último día de marzo pasado, trascendió la detención de la alcaldesa de Suchiate, Matilde Espinosa Toledo, por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, luego de hallársele vínculo en la emisión ilegal de actas de nacimiento a extranjeros para acreditarlos como mexicanos.
Se trató de un delito electoral pues de acuerdo con las denuncias, el propósito de otorgar estos documentos era que ciudadanos guatemaltecos solicitaran credenciales de elector para votar en los comicios que tendrían lugar en tierras mexicanas.
La presidenta municipal había fungido como testigo en el trámite de expedición de las actas de nacimiento extemporáneas, que eran otorgadas por la Oficialía 01 del Registro Civil de ese municipio, donde era oficial Saúl Álvarez López, esposo de la inculpada, de acuerdo con la investigación de la misma FEPADE.
Según e Instituto Nacional Electoral (INE), se hallaron mil 537 actas de nacimiento firmadas por el juez del Registro Civil y en su mayoría, expedidas de manera extemporánea a personas adultas.
El caso más reciente es el de la exconsejera electoral, Margarita Esther López Morales, que fue vinculada a proceso por la FEPADE, luego que se comprobara que mientras ocupaba ese cargo, también lo hacía con uno en el Congreso del estado.
Mediante comunicado, el organismo informó que la falta está prevista en el artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y por tanto, la imputada vulneró el bien tutelado por la legislación que advierte sanciones a quien «habiendo sido consejera o consejero en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por el Poder Legislativo cuya elección hayan calificado, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo».
Además, ella afrontaba procesos debido a su probable responsabilidad penal en la alteración del listado de electores chiapanecos residentes en el extranjero, delito tipificado como fraude electoral cibernético en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Según la revista Proceso, a la exfuncionaria se le atribuye haber participado, bajo la figura de comisión por omisión, en la alteración del listado de electores chiapanecos residentes en el extranjero para la elección de la fórmula del llamado «diputado migrante».
El 5º en delitos electorales
Hasta el 2015, Chiapas era el quinto lugar nacional en delitos electorales, de acuerdo con una investigación elaborada por la FEPADE. La dependencia refirió que de las más de 20 mil averiguaciones previas abiertas por esa causa en el periodo comprendido entre 1997 y ese año, mil 158 habían ocurrido en el estado.
El Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Durango superaban en ese orden a la entidad con mayor número de averiguaciones previas iniciadas por violación a leyes electorales, según las estadísticas históricas de la FEPADE, que pueden consultarse en su página web.
Desde 1999 hasta abril de 2015, el organismo electoral determinó que se levantaron 354 actas circunstanciadas en Chiapas; no hay datos antes de esa fecha. Esa cantidad representa el 30 por ciento aproximadamente, de las averiguaciones previas que se contabilizaron a partir del 1994.
A diferencia de un acta circunstanciada —cuando una denuncia de hechos no se considera como un delito por carecer de mayores elementos o información—, una averiguación previa es la etapa inicial del procedimiento penal, a partir de la cual el Ministerio Público investiga y obtiene las pruebas para demostrar la existencia de un delito y la responsabilidad de un indiciado.
Al efectuar la revisión de los perfiles estadísticos de las entidades federativas —en poder de Portavoz— se muestra que el registro de actas circunstancias se mantuvo entre una y 44 de forma constante entre 1999 y 2011; es decir, un promedio de 11 actas anuales en los primeros 13 años del estudio. El año siguiente, 2012, hay un pico que evidencia un disparo exponencial del número de actas levantadas, con 186, cifra que para el siguiente año cae hasta cinco.
La actividad en el registro de averiguaciones previas es más inconstante pero se ha mantenido alto. Mientras que en 1996 las averiguaciones previas no superaban el par, del 1997 a la fecha el menor número que se ha registrado es de 17. El promedio en los 22 años que abarca la investigación es de 52 averiguaciones. No obstante, hay elevaciones dramáticas en las gráficas en los años 1999, con 187 averiguaciones; 2011, con 118; 2003, con 103; y 2012, con 97.
Es decir, durante las elecciones en las que resultó electo Manuel Velasco Coello como gobernador de la entidad, aunque se levantaron 186 actas circunstanciadas por delitos electorales, sólo 97 derivaron en averiguaciones previas. 48 por ciento de las actas fueron desestimadas por falta de elementos.
