Tomando en consideración el contexto político chiapaneco, es importante anticipar las medidas a implementar para resolver los conflictos que pudieran presentarse al hacerse cumplir la ley en materia de violencia política de género
Julieth Rodríguez/Portavoz
[dropcap]R[/dropcap]esulta insuficiente hacer reformas progresistas en materia de paridad de género si no se prevén las medidas para dirimir las controversias derivadas de la aplicación de la ley, asentó una investigación de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), acerca de la violencia política en Chiapas.
Además, confirmó que las instituciones y partidos políticos simularon el cumplimiento de la paridad de género durante los comicios de 2015; así como que en ciertos municipios el problema se debe a «resistencias culturales».
Las conclusiones del estudio cualitativo fueron dadas a conocer por ese organismo el día de ayer, mediante su página oficial, y confirman que la paridad de género en el contexto político chiapaneco se trata de una simulación.
Hace unos días, en el marco del 92 aniversario del voto de las mujeres en Chiapas, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, señaló que en el estado se establece la paridad de género acorde a la Constitución federal, sin embargo, aclaró: «Se está logrando una paridad bastante forzada, porque se hace únicamente por la vía de representación proporcional y no de mayoría relativa».
Ahora, Ecosur fue contundente: «Durante los comicios en Chiapas, las instituciones y partidos políticos simularon el cumplimiento de la paridad; algunos postularon a mujeres con cercanía familiar para que después de ser electas renunciaran y fueran relevadas por hombres», consignó.
Cuestión cultural
El estudio constató que la raigambre cultural es factor determinante para ejercer violencia política de género en algunas comunidades y que esta situación es mucho más complicada de abordar desde los esfuerzos institucionales, para generar cambios positivos.
Más que los jurídicos, los cambios estructurales y culturales son los más difíciles por ser los de mayor arraigo en la sociedad, admite Ecosur. Como ejemplo, menciona que la obligatoriedad de la paridad —que ya estaba en vigor para las elecciones de 2015— no impidió que las mujeres fuesen objeto de discriminación, «de hecho, lo que ocurrió es que se reconfiguró de manera distinta la forma de ejercer violencia política contra ellas».
«En Chiapas persiste un contexto de discriminación, desigualdad y violencia relacionada con la manera en que la construcción social de género define cuáles son los espacios válidos y legítimos para hombres y mujeres. Estas nociones, continúan asignando a los primeros el lugar de lo público/político y a las segundas el de lo privado/doméstico; cuando no sucede así, y se transgrede ese orden, por ejemplo, cuando las mujeres desean participar en lo político/electoral, las transgresiones se castigan con humillaciones públicas y cuestionamientos a su moralidad y capacidad para tomar decisiones, tal como lo documentamos en el estudio realizado», precisa.
Es violencia política de género toda aquella expresión de violencia ejercida en ese espacio público-político-electoral, porque la construcción sociocultural de la diferencia sexual es la base en la que se justifica y legitima, explica la investigación.
Entre estas expresiones, en el pasado proceso electoral destacaron las «resistencias culturales» por parte de habitantes de algunos municipios en los que presidentas municipales salieron electas, y que padecieron «agresiones físicas y psicológicas, amenazas de violación y muerte, quema de propiedades, manifestaciones y toma de carreteras», a fin de presionar sus renuncias.
Paridad, aun sin materializarse
Aunque Ecosur reconoce que los cambios en la Constitución mexicana (artículos 8, 9 y 30 el derecho de las mujeres a la protección efectiva contra la violencia en procesos electorales y post-electorales) son un gran avance en la materia, advierte que el contexto requiere que se vaya más allá a la hora de su aplicación.
Es ineludible, según el análisis, prever que reformas progresistas, como la de la paridad, pueden generar resistencia de algunos actores; de ahí que sea importante anticipar las medidas a implementar para resolver los conflictos que pudieran presentarse al hacerse cumplir la ley.
Sí, los hechos suscitados en Chiapas en 2015 —violencia antes, durante y después del proceso electoral— generaron una crisis política que en conjunto con la presión que ejercieron instituciones emanadas de la sociedad civil, como la Red por la Paridad Efectiva (Repare), presionaron para que sucedieran los cambios en la Constitución estatal.
No obstante, aún faltan las leyes secundarias que materialicen ese avance pues la violencia política contra las mujeres se puede reconfigurar de maneras distintas; «como ya decíamos, los cambios culturales son más difíciles que los jurídicos», insistió el Ecosur.
«De cara a las elecciones estatales de 2017 y las federales en 2018, confiamos en que los logros de las mujeres en materia de derechos políticos brinden un escenario de competencia equitativa y libre de violencia política de género», concluyó.
El estudio efectuado por Ecosur se denomina «Manifestaciones de la violencia política de género en las contiendas electorales 2015 en el estado de Chiapas. Notas para el análisis». Se centró en el análisis de las formas en que se manifestó la violencia política de género contra las aspirantes en los comicios de 2015. Los incidentes se documentaron con evidencia de redes sociales pero «se consideraron datos que tuvieron tráfico alto y dejaron rastro en Facebook y Youtube», así como material de diarios nacionales y locales que circulaban en la web.
Justificaron la fuente del material sujeto a estudios debido al alto impacto que tuvo en el ámbito virtual. De acuerdo con el estudio, el fenómeno de «Las Juanitas» de Chiapas generó más de 165 mil menciones en Google, el motor de búsqueda de mayor alcance en internet.
«Es un número alto si tomamos en cuenta que el anuncio del triunfo del gobernador de Chiapas en 2012 en el mismo buscador tuvo 471 mil menciones. Aunque el fenómeno de «Las Juanitas» tuvo una vida efímera en la red, la noticia alcanzó un carácter viral porque contó con un alto tráfico antes, durante y después de acontecido, y dejó un amplio rastro en publicaciones, fotos, caricaturas, videos y audios», se lee en el documento.
Los cambios a la ley
Antes de la última reforma a la Constitución Política de Chiapas —29 de diciembre de 2016—, la legislación definía como violencia política a «todas aquellas acciones u omisiones que restringen o vulneran el ejercicio y el goce de los derechos políticos de cualquier persona, ejercida por una autoridad, partido político o un particular».
Ahora, tras las reformas implementadas a los artículos 8, 9 y 30, se estipula el derecho de las mujeres a la protección efectiva contra la violencia durante y después de las elecciones; así como la obligación del gobierno de impulsar políticas públicas a fin de prevenir, proteger y atender «el cumplimiento de una vida libre de violencia política para las mujeres».
Asimismo, debe garantizarse la paridad horizontal, vertical y transversal en la postulación de candidaturas al congreso estatal y ayuntamientos. Respecto a la cuestión cultural, el artículo 30 es claro: «La vida sin violencia política es paritaria para hombres y mujeres en Chiapas, independientemente de prácticas comunitarias o usos y costumbres».
Además de estos cambios, durante su visita a Chiapas, la consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, dijo que aún está pendiente de aprobación en la Cámara de diputados, una iniciativa de ley con cinco rendimientos jurídicos para que se incluya el concepto de violencia política de género, que fue impulsada por los senadores del mismo Congreso.
Ecosur, por su parte, en el análisis que hizo considera que las iniciativas que se han propuesto para incluir la violencia política en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia han quedado en exhortos porque no se concretizan.
«Es posible que una de las razones sea porque se piensa que la violencia se da principalmente en el ámbito de lo privado, pero cuando tiene lugar en la esfera pública política, su reconocimiento se dificulta debido a que los responsables de esa violencia ya no son el marido golpeador, el vecino o el familiar, sino los institutos e instituciones públicas y sus dirigentes, quienes son responsables, ya sea porque la ejercen, o porque son incapaces de evitar que se ejerza», expresó.
