La reciente reforma que fortalece al programa Internet Para Todos ha generado debate sobre los riesgos de privacidad del control gubernamental de las telecomunicaciones, especialmente tras los casos de espionaje con Pegasus
Aquínoticias Staff
La reciente aprobación de la reforma que convierte a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) en un ente público para proveer servicios de conectividad ha encendido el debate en torno a los riesgos que esto podría implicar para la privacidad de los ciudadanos. La posibilidad de que el Estado tenga el control sobre las telecomunicaciones del país ha suscitado preocupaciones en torno a la seguridad de los datos personales y el posible uso indebido de la información de los usuarios, en un contexto donde las telecomunicaciones son vistas como el «nuevo petróleo» de las naciones.
Víctor Ruíz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn, destacó que con las redes de telecomunicaciones en manos del gobierno, se abre la puerta al monitoreo constante de los ciudadanos, lo cual podría derivar en actos de espionaje o vulneraciones de los derechos de privacidad. Según Ruíz, «se puede monitorear a las personas e incluso rastrearlas», lo que hace necesario que el gobierno sea transparente en cuanto al uso y almacenamiento de la información que reciba por brindar este servicio. Esta declaración surge en un contexto de creciente preocupación sobre los límites entre la seguridad nacional y los derechos civiles, especialmente después de casos como el uso del software Pegasus para espiar a ciudadanos en México.
Hiriam Alejandro Camarillo, CEO de la firma especializada en ciberseguridad Seekurity, señaló que la intervención de dispositivos móviles es técnicamente sencilla para los proveedores de telecomunicaciones, lo que representa un riesgo adicional en manos del Estado. El temor de Camarillo es que la provisión de internet por parte de CFE TEIT facilite la adquisición de tecnología avanzada que permita una intromisión más profunda en la vida de los usuarios. En este sentido, recordó que el gobierno ya intentó crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que habría obligado a los más de 145 millones de usuarios de líneas móviles a registrar sus datos biométricos, una medida que fue duramente criticada por los expertos en ciberseguridad.
La preocupación no se detiene en el espionaje. El riesgo de vulneración de datos personales es otro de los temas que preocupan a los especialistas. CFE TEIT, como nuevo proveedor de internet, requeriría una gran cantidad de datos personales de los usuarios, incluyendo información como la CURP, RFC, INE y hasta datos biométricos. Sin embargo, la capacidad del gobierno mexicano para proteger esta información ha sido puesta en duda tras varios incidentes de hackeo en instituciones estatales, entre las que destacan Pemex, la Lotería Nacional, el IMSS y la Secretaría de Economía. Estos ataques evidencian una falta de infraestructura adecuada y de capacitación del personal gubernamental para garantizar la seguridad de las bases de datos.
Según información de Expansión, en 2020 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrió el robo de una base de datos con información de 14.6 millones de clientes, lo que pone en perspectiva el reto que enfrentará CFE TEIT si se convierte en el proveedor principal de servicios de conectividad en el país. La magnitud del desafío es evidente: a mayor número de usuarios, mayores son las probabilidades de un ataque cibernético. «El gobierno ha descuidado la parte digital y de ciberseguridad», advirtió Camarillo, quien alertó que la infraestructura de CFE TEIT podría no contar con las medidas adecuadas para asegurar los datos de los usuarios.
A pesar de que CFE TEIT aún no ha enfrentado incidentes graves de ciberseguridad, esto podría cambiar cuando se amplíe la comercialización de sus servicios. Al operar a gran escala, se incrementarán los retos para proteger la información de los consumidores. Víctor Ruíz subraya la importancia de que el gobierno implemente estrictas políticas de protección de datos que incluyan medidas de transparencia sobre qué información se está almacenando y con qué fines. «Si se convierte en proveedor de internet del país, requiere de estrictas políticas que permitan el resguardo de los datos desde la infraestructura hasta los usuarios», enfatizó Ruíz.
Por último, el costo-beneficio de este servicio también ha sido cuestionado. A pesar de que el acceso a internet más económico podría resultar atractivo para los ciudadanos, los expertos han exhortado a la población a evitar el uso de redes abiertas o servicios estatales sin la debida precaución, dado el alto riesgo de fuga de datos. «Aunque el servicio pueda ser más económico, el riesgo de espionaje y de fuga de información es más alto», concluyó Ruíz.
La transformación de CFE TEIT en una empresa pública dedicada a proveer servicios de internet plantea un dilema entre el acceso a la conectividad y la seguridad de los datos personales. Si bien es innegable la importancia de democratizar el acceso a internet, es esencial que el gobierno garantice la protección de la información y asegure que los derechos de privacidad de los ciudadanos no se vean vulnerados en el proceso.
Con información de Expansión
