La queja ante la CNDH es porque no se ha atendido a la población migrante que se encuentra en las estaciones migratorias
Cimac Noticias / Aquínoticias
Más de 150 organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja contra el Instituto Nacional de Migración (INM) por sus omisiones para proteger la salud de la población migrante detenida en estaciones migratorias durante la contingencia sanitaria por el Covid-19 y pidieron la libertad inmediata de las aproximadamente 2 mil personas que siguen detenidas.
Las organizaciones, entre las que participa el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), informaron a través de un comunicado que este 13 de abril presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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Esta queja (con número de folio 2020/32604) fue contra el INM, a cargo de las estaciones migratorias porque ha sido omiso para proteger la salud de la población migrante detenida en estaciones migratorias durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, lo que derivó en la muerte de una persona solicitante de asilo en México y quince más lesionadas durante un motín el pasado 31 de marzo en Tenosique, Tabasco.
Como parte de la queja, las organizaciones señalaron que el 30 de marzo de 2020 se declaró en México la emergencia sanitaria por Covid-19, por lo que la Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones obligatorias para paliar dicha emergencia, entre ellas la sana distancia, la no aglomeración de personas y medidas de higiene. Sin embargo, estas disposiciones no se cumplieron al interior de las estaciones y estancias provisionales migratorias del país, expresaron.
Las organizaciones advirtieron que, de acuerdo con el INM, a la fecha están detenidas en las estaciones migratorias alrededor de dos mil personas, quienes enfrentan, además del encierro, la falta de información y de condiciones mínimas de higiene establecidas por la Secretaría de Salud en esta emergencia sanitaria. A esto se suma el impacto en la salud mental y el estado anímico de las personas migrantes, entre ellas: la ansiedad, la depresión y la incertidumbre.
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Esta situación, de acuerdo con las más de 150 organizaciones civiles que presentaron la queja ante la CNDH, provocó que el pasado 31 de marzo en la estación migratoria de Tenosique, un grupo de personas migrantes exigieran información, atención a su salud y mejores condiciones. Al no recibir respuestas y ante su desesperación, el resultado fue un incendio.
Las organizaciones informaron que de acuerdo con personas que presenciaron los hechos, dicha estación migratoria no cuenta con medidas de seguridad (como extintores), no ha acatado las medidas de prevención frente al Covid-19, no tiene protocolos eficientes de prevención y acción en casos de emergencias o incendios, y fueron omisos al no actuar de forma diligente frente al incendio, ya que no ejecutaron ningún protocolo de protección civil para evacuar a las personas migrantes, por el contrario se opusieron, por lo que éstas tuvieron que romper las puertas de las celdas para ponerse a salvo.
Asimismo, las organizaciones exigieron la libertad inmediata de la población migrante y solicitante de protección internacional detenidas en las diversas estaciones migratorias del país, garantía de acceso a la salud y un documento migratorio por razones humanitarias.
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El mismo día que las organizaciones presentaron este comunicado, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la política migratoria, publicó una guía en la que exigió a las autoridades garantizar que las acciones públicas atiendan los impactos diferenciados de la pandemia en poblaciones protegidas, como refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes, víctimas y defensoras.
Sin embargo, a la queja ante la CNDH, se suman otras denuncias públicas por parte de las organizaciones civiles, quienes han señalado que las personas que están siendo liberadas de las estaciones migratorias, donde por ley no pueden permanecer más de 15 días hábiles, son trasladadas por el INM hacia ciudades fronterizas consideradas zonas de riesgo.
Las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, denunciaron que el INM abandona a las personas migrantes sin mecanismos de protección ni información cuando se les debería regularizar su situación migratoria.
