El Consejo de la Judicatura Federal adeuda a traductores indígenas alrededor de 400 mil pesos por 130 intervenciones realizadas entre el 2019 y 2020, un promedio de pago de 3 mil 76 pesos por cada intervención
Alexis Órtiz / La-Lista
Juana Alonzo Santizo, una migrante indígena guatemalteca, fue detenida en agosto del 2014 en Reynosa, Tamaulipas. Mientras se dirigía a Estados Unidos, policías locales la detuvieron, la acusaron de ser secuestradora y la llevaron al Ministerio Público, donde habría sido golpeada y engañada para firmar una carta donde se declaraba culpable.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) tomó el caso de Juana y acreditó irregularidades en el proceso judicial. Además de haber sufrido una detención arbitraria y tortura, la joven indígena no tuvo acceso a un intérprete que le explicara los motivos de su detención. En 2014 ella solo hablaba su lengua natal, el Chuj, y no entendía el español.
Juana no entendía lo que estaba pasando, no tuvo alguien que tradujera del español a su lengua materna que la estaban acusando de secuestro, como si fuera parte de una red criminal, y que pasaría más de siete años en una celda sin acceso a la justicia y sin recibir siquiera una sentencia.
Cerca de una de cada cinco personas privadas de su libertad en México habla una lengua indígena, el 18%, lo que representa 41 mil 523 personas privadas de la libertad. Ese mismo número de personas requirió la ayuda de un traductor durante su presentación en el Ministerio Público, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población y Privación de la Libertad 2021 (Enpol) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las personas indígenas como Juana tienen derecho a un intérprete y un defensor legal que conozca su lengua y cultura, lo indica la Constitución y también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual firmó México, y donde se establece que los integrantes de comunidades indígenas deben acceder a un intérprete en los procedimientos legales.
El problema de no garantizar intérpretes durante los procesos penales, como le pasó a Juana Alonzo, no es el único en México. También están las ínfimas condiciones laborales en las que trabajan las personas que auxilian a jueces y ministerios públicos cuando hay un indígena detenido.
Intérprete indígena, un trabajo precario y desvalorizado
«La figura del intérprete es sumamente importante y trascendental porque está en juego la libertad de una persona. La persona indígena entiende el proceso si le proporcionan un traductor. Si no es así, no sabe ni siquiera por qué está detenida», dice María López, mujer tseltal de Tenejapa, Chiapas.
María forma parte de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (Otigli). Desde esa asociación civil ha conocido lo que es trabajar sin un contrato con las instituciones de seguridad a las que ayuda, sin un salario fijo, sin seguridad social, sin horario de trabajo establecido, sin vacaciones ni aguinaldo.
La satisfacción de ser un intérprete indígena no reside en los beneficios económicos que esta profesión genera, sino en poder ayudar a otras personas. «Me motivan mis paisanos, me motiva que tengo la dicha de poder desenvolverme un poco con el español para ser un puente de comunicación, eso es la mayor ganancia», relata María.
Otigli suscribió convenios de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en 2002, con el Tribunal Superior de Justicia de la capital en 2004 y con el Consejo de la Judicatura Federal en 2005, sin embargo, desde hace años se han enfrentado a los retrasos en sus pagos por parte de todas estas instituciones.
El 14 de marzo del 2022 algunos integrantes de Otigli realizaron una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir el pago de 400 mil pesos que adeuda el Consejo de la Judicatura Federal por 130 intervenciones realizadas por la organización entre el 2019 y 2020, un promedio de pago de 3 mil 76 pesos por cada intervención.
«¡Solución, solución, al pago de la traducción!», gritaban los manifestantes frente a la puerta principal de la Corte. De acuerdo con Otigli, el consejo se comprometió a pagar una parte de los servicios de interpretación a más tardar el próximo 19 de mayo.
La-Lista buscó al Consejo de la Judicatura Federal para conocer los motivos por los que no se han realizado los pagos a Otigli, pero hasta ahora no ha habido respuesta de la institución que tiene a su cargo los juzgados que resuelven los delitos del fuero federal.
Si bien Otigli es una de las organizaciones más conocidas en la Ciudad de México, no es la única que existe y tampoco es la única que se enfrenta al retraso de pago de instituciones de gobierno y las ínfimas condiciones laborales.
Juventino García, director de la Coordinadora de Traductores e Intérpretes en Lenguas Nacionales de México, detalla que enfrentan los mismos problemas. «Hasta ahora no hay un pago justo, nos pagan lo que ellos quieren», reclama el indígena originario de San José Independencia, Oaxaca, hablante de mazateco de la zona baja. «A nosotros como intérpretes deberían de contratarnos con un salario digno de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, deberíamos estar como los defensores de oficio».
Según las asociaciones civiles, en México no hay un tabulador sobre el pago que debe recibir un intérprete cuando acude a un juzgado, un ministerio público, una institución de salud o cualquier otra dependencia para auxiliar en un proceso.
Por una hora de servicio, el Consejo de la Judicatura Federal paga poco más de 600 pesos; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofrece 331 pesos, y el Poder Judicial de la capital entrega cinco salarios mínimos, unos 870 pesos.
Además, los pagos de estas instituciones se llegan a demorar hasta seis meses, por lo que los intérpretes no pueden depender de esa fuente de ingresos. Juventino vende flanes entre semana, mientras que María comercia artesanías en mercados y sus otros compañeros también tienen empleos informales, como el comercio o la albañilería.
«Hay compañeros que tienen necesidad y aceptan las condiciones y el dinero que pagan, pero lo que un grupo de compañeros y yo venimos pidiendo es que nos garanticen nuestro derecho a un trabajo digno», señala Juventino.
¿Cómo trabajan los intérpretes de lenguas indígenas?
Los intérpretes explican que el robo es el delito por el que más acusan a las personas indígenas, aunque no hay una estadística oficial que precise esto.
Aunque los intérpretes consideran que su labor debe comenzar desde el momento en que una persona indígena es detenida, la realidad es que estos profesionistas actúan cuando alguna autoridad los manda a llamar. Representantes del Ministerio Público o el Poder Judicial llaman a las organizaciones de traductores y piden a alguno que hable una lengua específica, aunque a veces las mismas autoridades se confunden y no piden al experto adecuado.
Juventino da un ejemplo: la lengua mazateca que él habla tiene 16 variantes, pero las autoridades no entienden esto y cuando mandan llamar a un especialista no precisan cuál requieren. Eso provoca que el experto no se logre comunicar con el detenido, quien resulta el más afectado porque sigue sin comprender el proceso legal, mientras que al intérprete no le reembolsan los gastos que realizó para acudir al Ministerio Público o con el juez.
«Si yo tengo un problema legal, tiene que interpretarme una persona de mi comunidad de la variante que yo hablo, no me pueden poner otra variante porque, si es así, me violentan mis derechos», dice el director de la coordinadora.
María, integrante de Otigli, reclama que no todas las instituciones de seguridad han firmado convenios con organizaciones de intérpretes para auxiliar a las personas indígenas. Ella pone de ejemplo al estado de Puebla en delitos que competen a la Fiscalía General de la República y jueces federales: «Cuando una persona indígena era detenida, en el Ministerio Público no le ponían traductor, pero cuando ya trasladaban la carpeta al Centro de Justicia Penal Federal en Puebla ahí sí ya les ponían intérprete porque era el Consejo de la Judicatura Federal el que nos contactaba».
Los intérpretes tampoco tienen un horario establecido de trabajo. El llamado de la autoridad puede ser durante el día o incluso en la madrugada. Si el intérprete no acude a la cita, puede ser sancionado hasta con la suspensión definitiva de sus servicios.
«Algo que las autoridades piensan es que los servicios de interpretación son de manera gratuita, a veces nos mandaban los oficios y nos amenazaban diciendo que si no nos presentábamos iban a multarnos», recuerda María.
Personas indígenas, víctimas del desinterés en los intérpretes
Alberto Pathistán, un indígena tzotzil originario de Chiapas, fue condenado a 60 años de prisión por supuestamente haber participado en el asesinato de siete policías en el 2000. Amnistía Internacional tomó este caso y detectó varias irregularidades en el proceso penal, entre estos, que el acusado no tuvo acceso a un intérprete que entendiera su lengua, tampoco contó con un abogado que lo asesorara en las primeras etapas del proceso legal y hubo fabricación de evidencias.
Patisthán pasó 13 años en prisión, hasta que Amnistía Internacional demostró todas las irregularidades y el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) otorgó un indulto al indígena tzotzil.
Pero el caso de Pathistán no sirvió para que estos casos no se volvieran a repetir, ya que un año después de su liberación ocurrió la detención de Juana Alonzo Santizo, la indígena guatemalteca que sigue presa en Reynosa acusada de secuestro. Ella tampoco tuvo acceso a un intérprete y un abogado en la primera etapa de su proceso legal.
«Las autoridades del Estado mexicano siguen teniendo una gran deuda con las personas y pueblos indígenas primero porque no los reconocen como tal y no se les proporcionan un intérprete cuando la persona indígena habla algo de español», señala Antonio Lara, director de la organización Zeferino Ladrillero que acompaña casos de indígenas detenidos.
En México existen 6 millones 695 mil 228 personas de cinco años de edad o más que hablan alguna lengua indígena, según el Inegi. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas considera importante que cada variante lingüística sea tratada como lengua y en el país hay 364 lenguas o variantes lingüísticas.
Desde su experiencia, Lara considera que las autoridades no han invertido suficiente dinero en contratar a sus propios intérpretes o garantizar que las organizaciones que se dedican a esto participen en los procesos legales. «Esto es reflejo del desinterés en las comunidades indígenas. En el Estado de México, el sueldo neto mensual de un magistrado oscila entre 270 mil y 300 mil pesos al mes, cualquier persona sabe que eso esta lejísimos de lo que una persona pueda ingresar por una labor de interpretación».
Al final de esto, opina Lara, quienes salen perdiendo son las mismas personas indígenas detenidas, ya que no tienen una defensa adecuada ni nadie que les explique el proceso legal. Casi desde inicio están condenados a ser encerrados en prisión.
«La propia Constitución dice que desde el primer momento en que se está iniciando un proceso judicial debe haber un intérprete y si no pasa eso se convierte en una violación al debido proceso y debería ser declarado ilegal», concluye Lara.
